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Los dos órganos independientes de la ONU especializados en la lucha contra la tortura, el Comité contra la Tortura y su Subcomité para la Prevención de la Tortura, lamentan públicamente la "negativa de Nicaragua a cooperar", y publicaron un informe confidencial en una decisión sin precedentes. En el último año, Nicaragua se ha negado a someterse a los exámenes de seis comités de la ONU sobre tortura, derechos de la mujer, discriminación racial, derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales.
En una medida pocas veces vista, el Comité contra la Tortura (CAT) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU, emitieron el 29 de noviembre una severa condena al gobierno nicaragüense por negarse a cooperar con los dos organismos, establecidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos ratificados voluntariamente por Nicaragua. Nicaragua se negó a someterse a una revisión programada bajo el CAT en julio de 2022, y a aceptar una visita obligatoria al país – de carácter confidencial – por parte del SPT en 2023. Además, “no respondió a las reiteradas solicitudes por parte de ambos órganos para celebrar reuniones en el marco de sus respectivos mandatos y en atención a sus obligaciones internacionales”, indica el presidente del CAT, el mexicano Claude Heller. Heller llamó la atención del gobierno después de que “obviara sus obligaciones contraídas en virtud de ambos tratados” e incluso “llegando a cuestionar la legitimidad del sistema de órganos de tratados de derechos humanos de la Naciones Unidas en su conjunto”.
Por primera vez en su historia, ambos organismos decidieron divulgar públicamente el informe hasta entonces confidencial de la primera visita del SPT a Nicaragua en 2014, de acuerdo con el artículo 16.4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), buscando un “efecto preventivo”. Heller explica la histórica decisión “en vista de la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada a fin de prevenir la tortura”: según el derecho internacional, la prohibición de la tortura es una norma imperativa, de la que no se permite ninguna derogación.
Es la primera vez que los dos órganos adoptan una acción conjunta respecto de un Estado Parte que no coopera.Claude Heller, Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT)
El SPT, órgano de la ONU encargado de supervisar centros de detención con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos, es el último comité experto de la ONU al que el Gobierno nicaragüense ha cerrado la puerta. Nicaragua había ratificado el OPCAT en 2009, comprometiéndose a crear un Mecanismo Nacional de Prevención independiente, y posteriormente aceptó una primera visita del SPT en 2014. Ocho años después, la presidenta del SPT, Suzanne Jabbour, declaró públicamente que “es extremadamente lamentable que Nicaragua se haya negado a cooperar con el SPT para llevar a cabo nuestra segunda visita al país para evaluar la aplicación de las recomendaciones”. Jabbour resalta que los Estados parte tienen una “obligación legal de recibir cualquier delegación del SPT”.
Escapar de cuatro revisiones de derechos humanos de la ONU en menos de un año, con una actitud totalmente desafiante hacia ellos, constituye un hecho sin precedentes, por el que Nicaragua debería rendir cuentas.Suzanne Jabbour, Presidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (SPT)
Hace poco más de un mes, el Comité de Derechos Humanos, encargado de examinar el cumplimiento de Estados parte con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, había constituído el quinto examen programado por un comité experto de la ONU – conocidos como “órganos de tratado” – al que Nicaragua se escapaba en el último año. El Comité revisó el historial de derechos civiles y políticos del país in abstentia, ya que la delegación del Estado no se presentó, subrayando que “lamentaba esta desafortunada situación, que no era propicia para llevar a cabo un examen significativo”.
La presidenta del Comité, Photini Pazartzis, concluyó que la situación del país “se ha deteriorado gravemente”, enumerando una serie de problemas graves, desde la “represión de periodistas y manifestantes, las detenciones prolongadas de opositores políticos, la falta de independencia del poder judicial” hasta la inmunidad en virtud de la Ley de Amnistía para los autores de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2018 y 2019. El Comité reiteró su llamamiento al Estado parte para que coopere con el Comité, el sistema de órganos de tratados y todas las instituciones internacionales.
Al no asistir a esta revisión crucial dada la crisis múltiple del país, el gobierno de Nicaragua ataca de nuevo, enviando un mensaje desafiante a la comunidad internacional. En agosto de 2022, el Gobierno no envió a ningún representante a su examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y se negó a responder a las cartas enviadas previamente por los miembros del Comité para abrir canales de diálogo, lo que llevó a la presidenta del Comité, Verene Shepherd, a condenar “una evidente falta de cooperación”.
El Gobierno no había asistido anteriormente a las revisiones programadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en octubre de 2021, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) unos días después, y por el Comité contra la Tortura en julio de 2022.
Negarse a cooperar con seis órganos de derechos humanos de la ONU en el plazo de un año, con una actitud tan desafiante hacia ellos, constituye un hecho sin precedentes, del que Nicaragua debería rendir cuentas. Acogemos con gran satisfacción la respuesta conmensurada de los órganos de la ONU contra la tortura.Vincent Ploton, Director de Incidencia ante los órganos de tratados en ISHR
Durante su revisión por el Comité contra la Tortura (CAT) en julio de 2022, el gobierno nicaragüense decidió emprender una actitud aún más desafiante, enviando una carta ofensiva al Comité para justificar su decisión de rechazar la revisión, calificándola de “cámara de eco de la retórica imperialista”, y señalando que “la tortura no se practica en Nicaragua”. El Presidente del Comité, Claude Heller, denunció ya en ese momento las “declaraciones inaceptables que desafiaban la integridad del Comité y de otros organismos internacionales de derechos humanos”. Tanto el Comité contra la Tortura como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tomaron la acertada decisión de proseguir con sus respectivos exámenes en ausencia de la delegación nicaragüense.
Al negarse a cumplir con sus obligaciones más mínimas bajo tratados internacionales de derechos humanos - incluyendo la de cooperar -, el gobierno de Nicaragua consolida una política exterior arraigada en el aislamiento y la provocación.Raphael Viana David, Responsable de Incidencia para China y América Latina en ISHR
Los “Órganos de Tratados” de la ONU son comités de expertos independientes en derechos humanos que supervisan el respeto por parte de los países de los derechos fundamentales consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales han ratificado voluntariamente, durante las revisiones periódicas en Ginebra. Independientemente de la voluntad de cooperación de un gobierno, como el de Nicaragua, los países siguen estando obligados por estos tratados.
No es la primera vez que Nicaragua desafía a los Órganos de Tratados. La postura desafiante de Nicaragua se remonta a su examen de octubre de 2021 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), cuando el embajador de Nicaragua ante la ONU en Ginebra había tomado la inusual decisión de indicar que asistiría por su cuenta y “en modo de escucha“, negándose a responder a cualquier pregunta.
Aunque no es del todo inédita, la ausencia de las delegaciones de Estados en los exámenes de los Órganos de Tratados es relativamente rara, y se da sobre todo en casos de Estados pequeños y/o con pocos recursos. Este tipo de situaciones también son gradualmente menos frecuentes, dada la importante asistencia técnica y la cooperación que ofrece a los Estados la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) como parte de un programa específico de fortalecimiento de capacidad establecido en 2015.
Junto con sus aliados internacionales, las ONG nicaragüenses habían escrito previamente a los presidentes de cinco comités de la ONU previstos para examinar a Nicaragua, solicitándoles que dieran prioridad a estos exámenes, dados los inconvenientes inducidos por Covid-19. Tal y como demuestra el precedente del CESCR, del Comité de Derechos Humanos y otros comités, los órganos de tratados de la ONU pueden examinar a los países en ausencia de una delegación del Estado y emitir una serie de recomendaciones que los Estados tienen la obligación de considerar.
La respuesta del sistema de la ONU al abierto desafío que pone el gobierno nicaragüense al escrutinio internacional enviará un fuerte mensaje a otros gobiernos de que el escrutinio en derechos humanos es inevitable. Es fundamental que los comités de la ONU programen y lleven a cabo sus exámenes incluso cuando los gobiernos se niegan expresamente a cooperar.Raphael Viana David, Responsable de Incidencia para China y América Latina en ISHR
Al mismo tiempo que Nicaragua escapaba del escrutinio de los Órganos de Tratados de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington adoptaba una resolución en la que afirmaba que “la negativa a cumplir con las medidas de protección y el incumplimiento de lo ordenado en resoluciones anteriores constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones emitidas por esta Corte y un incumplimiento del deber de informar”.
En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos, máximo órgano decisorio de la ONU en materia de derechos humanos, adoptó la resolución 49/3, en la que se pide al gobierno que “coopere plenamente” con los órganos de derechos humanos de la ONU, y se establece un “Grupo de Expertos en Derechos Humanos” que llevará a cabo una “investigación exhaustiva e independiente y establecerá los hechos y las circunstancias, recopilará, consolidará, preservará y analizará la información y las pruebas y, en la medida de lo posible, identificará a los responsables, de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”, de acuerdo con los llamamientos del Colectivo 46/2 de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense e internacionales.
En su último informe de septiembre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) reiteró sus previas recomendaciones al Gobierno, incluyendo de “permitir el acceso del OACNUDH a Nicaragua y cooperar efectivamente con este organismo”.
En consonancia con los llamados de las ONGs, el ISHR hace un llamamiento a:
Al final del Foro hubo un mensaje claro: los compromisos voluntarios no son suficientes para garantizar la responsabilidad de las empresas, los Estados necesitan regular las empresas con normas vinculantes para abordar de manera integral los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas.
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
La sociedad civil de las Américas ha hecho un llamamiento urgente para acelerar la aplicación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Acuerdo de Escazú, adoptado hace cinco meses.
