UN WebTV: Diálogo interactivo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos se ha enfrentado a nuevas y contundentes pruebas de la magnitud, la sofisticación y el alcance transnacional de la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses. El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, así como los llamamientos públicos realizados de los Estados y la sociedad civil ante el Consejo y la Asamblea General ponen de relieve la necesidad de exigir responsabilidades.
El último informe de Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentado ante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ofrece uno de los análisis más exhaustivos hasta la fecha sobre la maquinaria represiva del Gobierno nicaragüense.
En él se concluye que las violaciones no solo persisten, sino que han evolucionado en cuanto a su estructura, financiación y alcance geográfico.
Una de las principales conclusiones es el uso sistemático de la corrupción para financiar la represión. Según el GHREN, las instituciones públicas y las estructuras vinculadas al Estado han sido instrumentalizadas para desviar recursos públicos hacia la vigilancia, el control y el castigo de la disidencia percibida.
El informe identifica además una arquitectura coordinada de inteligencia y vigilancia, que permite a las autoridades rastrear y categorizar a las personas en el exilio, así como una dimensión de género en la represión, en la que las defensoras se enfrentan a formas específicas de violencia y persecución.
El informe también profundiza en conclusiones previas según las cuales las violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, y destaca patrones de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y persecución por motivos políticos. Estos abusos forman parte de una estrategia más amplia destinada a desmantelar por completo las instituciones democráticas y a reducir el espacio cívico.
Una característica definitoria de la actual fase de represión es su dimensión transnacional. En el informe de GHREN se documenta cómo las autoridades nicaragüenses han extendido la vigilancia, el acoso y los ataques más allá de las fronteras, dirigiéndose contra activistas, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el exilio.
Estas prácticas incluyen vigilancia digital y física, amenazas, represalias contra familiares e incluso ataques violentos en el extranjero, como el asesinato del destacado disidente Roberto Samcam en San José (Costa Rica) y el intento de asesinato del expreso político Kevin Solís en Madrid (España).
El GHREN presentó conclusiones similares durante su primer diálogo con los Estados en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en octubre de 2025.
El mandato del GHREN se amplió para que también informara a la Asamblea General durante la renovación por dos años de la resolución del CDH sobre Nicaragua en abril de 2025, tras una intensa labor de incidencia realizada por grupos de derechos humanos nicaragüenses en colaboración con ISHR.
Durante el diálogo en Nueva York, Brasil, Chile, Canadá, Uruguay, Costa Rica, España, Irlanda, el Reino Unido y la Unión Europea expresaron su profunda preocupación por las violaciones de derechos cometidas por las autoridades nicaragüenses, mientras que México reiteró el llamamiento urgente a Nicaragua para que reanude la cooperación con los órganos de derechos humanos de la ONU.
Los aliados que le quedan a Nicaragua — Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Cuba, Bolivia, Eritrea, Argelia, Vietnam, Burundi, Rusia y China— intervinieron en defensa de las políticas represivas del gobierno nicaragüense instando a la «no injerencia en los asuntos internos».
A diferencia de Ginebra, donde ya no participa en el Consejo, la muy activa delegación nicaragüense en Nueva York se opuso con vehemencia a cualquier crítica y reunió a paises aliados para defenderse en la sala. Esto pone de manifiesto el impacto que tiene la presión ejercida sobre Nicaragua en la Asamblea General, así como la importancia de la colaboración de la GHREN con las delegaciones diplomáticas en Nueva York.Raphael Viana David, director de programa en ISHR
Durante el diálogo interactivo del CDH con la Red Regional de Derechos Humanos de América Latina (GHREN), 17 países expresaron su preocupación, tanto de forma individual como conjunta, por las conclusiones y reiteraron su apoyo a que se mantenga el escrutinio.
Estados de diferentes regiones, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea, la República Dominicana, Georgia y el Reino Unido, condenaron las violaciones documentadas y el deterioro de las instituciones democráticas.
Hablando en nombre del Grupo Central sobre Nicaragua – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú -, el grupo regional de países que lidera la resolución por la que se establece la GHREN y los respectivos mandatos de la OACDH sobre el país, Canadá instó a un escrutinio sostenido.
El Grupo Central hizo hincapié en la expansión de la represión transnacional, que adopta formas tan diversas como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol o la privación arbitraria de la nacionalidad, lo que deja a cientos de personas apátridas.
A diferencia de su enérgica refutación de las conclusiones de la Red de Expertos Independientes sobre los Derechos Humanos durante el diálogo de la Asamblea General, Nicaragua no se pronunció sobre dichas conclusiones en el Consejo de Derechos Humanos, dado su retiro de este órgano a principios de 2025. Mientras que varios aliados diplomáticos de Nicaragua solían intervenir regularmente en defensa del Gobierno (incluso en la Asamblea General), China fue el único país que respaldó las políticas de Nicaragua en este período de sesiones del Consejo.
Las organizaciones de la sociedad civil también tomaron la palabra para denunciar las continuas detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los ataques contra los pueblos indígenas y los afrodescendientes, al tiempo que pedían la liberación de los presos políticos y la protección de quienes se encuentran en el exilio. Estos llamamientos se reiteraron en un evento paralelo organizado por el Colectivo 46/2, integrado por grupos de derechos humanos internacionales y nicaragüenses, entre ellos ISHR.
En nombre de ISHR, la defensora nicaragüense Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), llamó la atención sobre la situación de los presos políticos y la persecución de los defensores de los derechos humanos.
Advirtió de que los detenidos se ven sometidos a condiciones inhumanas, como el aislamiento, la violencia y la denegación de asistencia médica, y destacó los riesgos a los que se enfrentan actualmente los defensores tanto dentro como fuera del país. Además, subrayó que los presos políticos recientemente liberados no han recuperado plenamente su libertad, ya que se encuentran bajo constante control policial.
Salazar hizo hincapié en la importancia de que el Consejo preste una atención sostenida y se hizo eco de las recomendaciones de la GHREN, entre las que se incluye que los Estados deben:
Lea la declaración completa aquí o vea el vídeo a continuación:
ISHR y Cepaz presentaron una declaración conjunta durante el Diálogo Interactivo con la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela en el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lea la declaración completa a continuación.
Fundación Escazú Ahora Chile, Fundación Protege los Molles y ISHR exigen que la investigación, detención y proceso que enfrenten los familiares de Julia Chuñil se realicen conforme a los estándares internacionales de debido proceso.
En una declaración conjunta, ISHR y 50 organizaciones de derechos humanos instaron al Estado ecuatoriano a que dejara de utilizar fuerza excesiva contra personas manifestantes y respetara, protegiera y facilitara el derecho a manifestarse pacíficamente.
