Flag of Venezuela. Source: UXWing
ISHR se ha unido a otras 9 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) instando al gobierno venezolano a cesar toda forma de hostigamiento contra las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de los derechos humanos.
El 17 de enero, ISHR se sumó a un pronunciamiento conjunto con otras 9 organizaciones internacionales en la que expresaban su preocupación por los continuos esfuerzos del gobierno venezolano para avanzar en la aprobación del “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
Las ONG y las personas defensoras de los derechos humanos en peligro
El proyecto de ley fue presentado y aprobado rápidamente por la Asamblea Nacional el 24 de enero de 2023, a pesar de que su texto contradice las normas y estándares internacionales de derechos humanos. El 9 de enero de 2024, se reanudaron los esfuerzos para aprobar esta ley con el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de celebrar una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley, con el objetivo de celebrar un segundo debate que condujera a su aprobación definitiva.
De promulgarse, esta ley obstaculizaría la libertad de asociación al obligar a las OSC solicitar la autorización del gobierno para operar libremente y revelar cualquier financiamiento extranjero. El énfasis explícito del proyecto de ley en este tipo de financiamiento ha sido señalado como motivo de preocupación, ya que establecería una revisión periódica de dichos fondos y financiamiento, violando el derecho a la privacidad de las ONG y de sus miembros y garantizando un mayor control sobre las organizaciones en nombre del gobierno. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha señalado que incluso el lenguaje del proyecto de ley es preocupante, ya que su carácter vago y ambiguo hace sonar las alarmas de persecución contra las personas defensoras de los derechos humanos con posibles multas, cancelación del registro de su organización e incluso cargos penales.
La mera existencia de estos proyectos de ley representa una amenaza y constituye una forma de control e intimidación sobre la sociedad civil, que va en contra de la obligación del Estado de garantizar los valores democráticos y un entorno seguro para que las personas defensoras lleven a cabo sus actividades. Esto resulta crucial a medida que las elecciones generales del país se acercan en 2025, ya que el momento en que se presenta este proyecto de ley hace temer un posible aumento de la represión gubernamental en los espacios cívicos, situaciones en las que las ONG tienen un importante papel de vigilancia.
Venezuela debe garantizar un entorno seguro y justo para las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil
ISHR, junto con otras organizaciones internacionales, hace un llamamiento a la comunidad internacional a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país, instan a todos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan criminalización y persecución, y, finalmente, instan al gobierno venezolano cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
