ONU refuerza mecanismo de investigación de DDHH en Nicaragua, ante pruebas de "crímenes de lesa humanidad"

El Colectivo 46/2 ha hecho campaña para la renovación por dos años y la consolidación temática de la resolución del Consejo sobre Nicaragua desde su llamamiento global en diciembre de 2022.

La resolución fue aprobada con 21 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones. Durante el debate previo a la votación, una gran mayoría de países expresaron su firme apoyo a la resolución y su preocupación por la crisis de Nicaragua, incluidos Estados clave de América Latina como Argentina y México. Incluso gobiernos más cercanos a Nicaragua -Bolivia y Honduras- se han negado a oponerse a la resolución. El mayor apoyo a la resolución en comparación con 2022 refleja las profundas preocupaciones de la comunidad internacional.

La votación renovó la resolución 49/3 del Consejo, aprobada en marzo de 2022, manteniendo los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), encargados de documentar los graves abusos cometidos por las autoridades a todos los niveles en el país. El GHREN tiene además el mandato de identificar las causas profundas de las violaciones y a sus autores, y de preservar las pruebas para apoyar futuros procesos de justicia.

Esta nueva resolución también amplía el alcance del trabajo del GHREN para incluir una mayor atención a la violencia y los abusos contra las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes de Nicaragua, las personas despojadas de su nacionalidad y los actos de violencia sexual y de género.

“La excepcional renovación por dos años de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua no es más que el reflejo de la gravedad y el constante empeoramiento de la crisis de derechos humanos de Nicaragua, y la clara falta de voluntad de su gobierno para colaborar con la ONU para afrontarla”, dijo Claudia Paz y Paz de CEJIL, parte del Colectivo 46/2, una coalición de organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales.

“Acogemos con satisfacción esta decisión y damos las gracias a todos los Estados que han apoyado este crucial mecanismo de rendición de cuentas, que garantizará que el amplio catálogo de abusos en Nicaragua no quede fuera del radar internacional”, dijo Alexandra Salazar de Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), del Colectivo 46/2.

“Las autoridades nicaragüenses, bajo instrucciones del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, han llegado a nuevos extremos en sus campaña por reprimir toda disidencia, pero hoy la comunidad internacional ha enviado un mensaje claro: los responsables, a todos los niveles, acabarán rindiendo cuentas”, añadió Olga Valle, de Urnas Abiertas. 

El texto de la nueva resolución fue redactado por ocho países de las Américas: Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil. 

La votación se produce sólo unas semanas tras la publicación del primer informe del GHREN, en el que los expertos expusieron numerosas pruebas de crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos, torturas, incluida violencia sexual, deportaciones forzosas, así como persecución por motivos políticos contra personas disidentes o percibidas como tales. El Grupo de Expertos determinó que estos graves abusos han sido ejecutados por “autoridades de todas las ramas del gobierno y a todos los niveles”, incluidos el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. 

“La renovación de esta resolución significa que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por cerrar lo que queda del espacio cívico del país, activistas y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua seguirán teniendo un escenario global seguro para denunciar los peores abusos del régimen que permanecen impunes”, dijo Carlos Quesada del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) del Colectivo 46/2. 

Antes de la votación, el Colectivo 46/2 había pedido al GHREN que abordara de forma más activa la preocupación por los abusos cometidos contra comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Esto se produjo a raíz de numerosos informes de invasiones y violencia por parte de colonos armados en áreas protegidas que tradicionalmente han pertenecido a estos pueblos, con la aparente aquiescencia de las autoridades.

“Al ampliar y reforzar el mandato de su órgano de investigación sobre Nicaragua para documentar los abusos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Consejo de Derechos Humanos está proporcionando un apoyo fundamental a los derechos de las comunidades históricamente marginadas en Nicaragua”, Amaru Ruiz de Fundación del Río.

Desde hace cinco años, cuando las protestas masivas se encontraron con una respuesta estatal brutal en abril de 2018, Nicaragua ha estado sumida en una crisis política y social cada vez más profunda bajo un gobierno cada vez más autoritario dirigido por Daniel Ortega. Durante este periodo, se estima que más de 600.000 personas han tenido que huir del país, un éxodo sin precedentes en la historia de Nicaragua.