Persecución jurídica de la sociedad civil denunciada en debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua

Durante la sesión, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su  actualización oral sobre el país, resaltando el menoscabo de la situación de derechos humanos, incluyendo:

• Más de 173 personas privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018;
• Las condiciones deplorables de detención en las que se encuentran al menos 50 personas detenidas en el contexto electoral de 2021, muchas de ellas sin acceso a atención medica ni a las visitas de sus familiares, y cumpliendo penas de hasta 13 años de prisión;
• La cancelación de la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde enero de este año, lo que arroja un total de al menos 454 cancelaciones desde noviembre de 2018;
• Nuevas amenazas a la libertad académica incluyendo la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de al menos 12 universidades.

De otra parte, y como consecuencia de la crisis política, la Alta Comisionada estableció que el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo está viviendo un incremento inédito:

• Durante los últimos ocho meses, más de 150.000 personas han buscado refugio en Costa Rica, lo que representa el 3% de la población de este país;
• En marzo de 2022 se presentó la cifra más alta registrada de personas interceptadas en la frontera con Estados Unidos, con 16,088 personas, ocho veces más que hace un año.

En una declaración al CDH, Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica, en nombre del International Service for Human Rights (ISHR) y del Instituto de Raza e Igualdad, denunció los tratos crueles, inhumanos, degradantes y actos de tortura física y psicológica hacia personas presas políticas, incluyendo personas defensoras de los derechos humanos. Salazar señaló el incumplimiento de la medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las comunicaciones de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, y solicitó a la Alta Comisionada   mayor información sobre sus intercambios con el gobierno y las condiciones de detención documentadas por su Oficina (OACNUDH), así como las medidas que debe adoptar el Gobierno de Nicaragua para cumplir con estándares internacionales.

En su respuesta, la Alta Comisionada Bachelet exhortó a las autoridades para liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar su integridad física y mental mientras se encuentran detenidas. Bachelet instó al gobierno de Nicaragua a que permita el acceso de su Oficina (OACNUDH) al país, y a que “realice las reformas legales y judiciales necesarias que garantice el Estado de Derecho y la independencia de los poderes”, reiterando la oferta de asistencia técnica por parte de la OACNUDH.

Atención internacional sostenida antes graves abusos en Nicaragua

Costa Rica, en nombre del grupo de países de la región que lideran la resolución del CDH sobre Nicaragua – Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú – expresaron su preocupación por  “las sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en el país en los últimos cuatro años”.

Estos países condenaron las medidas del gobierno nicaragüense para suprimir la prensa libre y los partidos de oposición y se presentaron alarmados por la expulsión de la Organización de los Estados Americanos y el residente delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. Adicionalmente, Australia instó a Nicaragua a “cesar los ataques y el acoso contra periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos”.

En el diálogo con la Bachelet, la Unión Europea denunció que la actualización de la Alta comisionada “exhibe la ruptura del Estado de Derecho en Nicaragua y los terribles efectos de las rampantes violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado, para las que existe una impunidad generalizada”.

Varios países rechazaron la reciente Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro del 6 de mayo, que permite limitar las capacidades físicas y financieras de la organizaciones de la sociedad civil,  creando una cuota máxima del 25% de “miembros” extranjeros en cualquier organización e introduciendo amplios requisitos de registro y presentación de informes, así como severas sanciones administrativas. Cinco relatores de la ONU denunciaron dicha ley en una carta al gobierno el 5 de mayo.

Esta ley se suma al marco legislativo restrictivo compuesto por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, y la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo las cuales afectan directamente la tarea de las personas defensoras de derechos humanos, y restringen drásticamente los derechos a la libertad de expresión, de asociación, y de reunión pacífica.

Otros países como Alemania, Francia, Suiza, Luxemburgo  y España se refirieron con preocupación al cierre de organizaciones, la falta de independencia del sistema judicial así como las prácticas crueles, inhumanas y degradantes en la detención de presos políticos, que catalogaron como tortura.

Aliados del gobierno nicaragüense – Cuba, Bolivia, Rusia, Siria, Irán y Eritrea – se expresaron a favor de las acciones del gobierno y llamaron a una “cooperación en consonancia con los principios de no politización, universalidad, objetividad y no selectividad”.

Ante ello, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Julissa Mantilla Falcón, apuntó hacia el progresivo quebrantamiento del Estado de derecho que “sigue agravándose por la concentración del poder en el Ejecutivo, el estado de excepción de facto y la impunidad”. En nombre de la CIDH ,ella expresó su solidaridad “con las más de 170 personas presas políticas, quienes permanecen en condiciones contrarias a la dignidad humana, entre ellas mujeres y personas mayores” urgiendo la inmediata liberación de las mismas.

Operacionalización del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua

Desde marzo de 2022, Nicaragua se encuentra más que nunca bajo la lupa de los Estados miembros y del escrutinio de la ONU. El pasado 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos consagró la iniciativa inédita de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua, impulsada por el Colectivo 46/2 del cual hace parte ISHR, mediante la aprobación de la  resolución 49/3.

Dicha resolución   establece un grupo de tres personas expertas en derechos humanos con el mandato de “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente y establecer los hechos y las circunstancias, recopilar, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas, y, cuando sea posible, identificar a los responsables, de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, así como sus patrones y causas estructurales, incluyendo las dimensiones de género y el impacto de formas interseccionales de discriminación”.

En el diálogo con la Alta Comisionada, varias delegaciones incluidas Alemania, Colombia, Perú y Suiza saludaron la creación y nombramiento de las tres personas expertas que conformarán el “Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”:  Jan-Michael Simon (Alemania, Presidente del Grupo), Alexandro Álvarez (Chile) y Ángela María Buitrago (Colombia). Éstos presentarán su informe final al Consejo de Derechos Humanos en su 51ª sesión, en marzo de 2023.

Finalmente, como parte de lo solicitado por la resolución 49/3, la Oficina de la Alta Comisionada (OACNUDH) reforzará su monitoreo y presentación de informes sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el análisis del marco legislativo restrictivo, mediante la presencia de tres nuevos investigadores consolidando un equipo de cinco funcionarios del OACNUDH.