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Al margen de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, ISHR co-organizó un evento paralelo sobre la protección a personas defensoras ante formas nuevas y emergentes de violaciones de derechos humanos facilitadas por la tecnología.
El 7 de marzo, al margen del 58º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ISHR copatrocinó un evento paralelo sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos ante nuevas y emergentes formas de violaciones a los derechos humanos facilitadas por la tecnología. El evento contó con la presencia de personas defensoras, representantes estatales y ONGs.
Las tecnologías emergentes se han convertido en una herramienta fundamental para que las personas defensoras de los derechos humanos lleven a cabo sus actividades y que hagan escuchar sus voces más allá de las fronteras. Sin embargo, estas nuevas herramientas también pueden tener un impacto negativo en sus derechos humanos y representar serias amenazas y desafíos para las personas defensoras.
Bajo estas premisas, el evento paralelo acogió un panel de personas defensoras que trabajan en el campo de los derechos digitales. Las activistas discutieron la realidad y los desafíos a los que se enfrentan las personas defensoras en el contexto de las tecnologías nuevas y emergentes y pusieron de relieve sus necesidades específicas de protección.
Moderado por Ulises Quero de ISHR, el panel estuvo formado por Carla Vitoria de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones; Lucía Gómez Vicente de HURIDOCS; y Nancy Awad de Front Line Defenders. El embajador Tormod C. Endresen, representante permanente de Noruega, pronunció el discurso de apertura. El panel también incluyó un mensaje vídeo de Gerald Kankya, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC).
Desafortunadamente, debido a problemas de visados y a los recientes recortes de fondos gubernamentales, muchas personas defensoras de organizaciones locales no pudieron participar. Esto, sumado a las barreras financieras impuestas por la ONU, hizo imposible garantizar su participación remota.
Carla Vitoria compartió reflexiones sobre los vínculos entre el autoritarismo digital y la violencia fuera de línea. Las tecnologías de vigilancia y los cierres de Internet no solo se utilizan para atacar los derechos humanos, también difunden informaciones falsas que conducen a amenazas de abuso sexual, humillación corporal y desinformación sexualizada, señaló Vitoria. Vitoria añadió que tanto las personas defensoras LGBTQ+ como aquellas que defienden derechos reproductivos se enfrentan a amenazas de violación correctiva y campañas de estigmatización como formas comunes de represalias utilizadas para silenciarlas.
La violencia facilitada por la tecnología no se limita al ámbito digital. Existe una continuidad entre la violencia en línea y la violencia fuera de línea. Como toda violencia de género y racial, a menudo escalan y se convierten en amenazas fuera de línea, acoso y ataques físicos.Carla Vitoria de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
Los delitos de odio y la violencia en línea conducen a ataques fuera de línea. Las empresas y compañías no han sabido hacer frente a estas amenazas. Peor aún, sus políticas suelen carecer de regulación, lo que hace que los mecanismos para moderar las amenazas motivadas por el odio sean menos eficaces. Según la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, las comunidades indígenas que luchan por sus derechos y territorios son atacadas directamente en sus identidades en línea. De hecho, el autoritarismo digital también está vinculado al extractivismo, al uso de los datos de las personas, a la acumulación de información y a la vigilancia.
Nancy Awad destacó que los espacios digitales tienen aspectos positivos tales como la mejora de la capacidad de las personas defensoras para llegar a un público mundial, documentar violaciones de derechos humanos preocupantes para concienciar y hacer responsables a gobiernos y empresas. Sin embargo, estos quedan eclipsados por el aumento del autoritarismo y la represión estatal a través de la criminalización, la vigilancia, los cortes de Internet, la censura digital, la desinformación y la manipulación de la información.
Las políticas de moderación de contenidos de las plataformas de redes sociales se han convertido cada vez más en herramientas de represión digital.Nancy Awad de Front Line Defenders
Nancy Awad también hizo hincapié en el caso de las personas activistas palestinas que son atacadas, difamadas con información falsa, designadas como terroristas y cuyo contenido se borra por completo en varias ocasiones.
En un mensaje de vídeo, Gerald Kankya habló de las múltiples formas en que las personas defensoras son atacadas a través de herramientas digitales y de cómo las respuestas de los Estados a estas acciones son a menudo mediocres o incluso inexistentes, incluido el involucramiento de las empresas tecnológicas en estas prácticas. Kankya compartió el ejemplo de Safaricom, el mayor operador de telecomunicaciones de Kenia, que participó en la represión de las protestas juveniles de 2024 en Kenia transfiriendo al Estado información sobre activistas extraída de sus tarjetas SIM.
Kankya habló sobre cómo los gobiernos de todo el mundo han estado utilizando el software espía Pegasus del grupo NSO para facilitar las violaciones de los derechos humanos y cómo las investigaciones de los medios de comunicación y la sociedad civil han documentado su uso en varios países africanos. También destacó un informe de 2023 del Instituto de Estudios del Desarrollo que reveló que los gobiernos africanos gastan colectivamente más de mil millones de dólares estadounidenses al año en tecnologías de vigilancia digital para controlar a sus propios ciudadanos, a menudo violando las leyes constitucionales, internacionales y nacionales.
Lucía Gómez subrayó el patrón histórico contínuo en el que quienes luchan por la justicia siempre han sido atacados. Abordó la dicotomía de que si bien vemos las tecnologías como peligrosas, existe un enorme potencial para el trabajo de derechos humanos en estos espacios. De hecho, es necesario implementar un enfoque de «tecnología para el bien». Las políticas deben centrarse en las personas y las víctimas, lo que permite mecanismos de respuesta sostenibles, argumentó Gómez.
Este evento paralelo se produjo en un momento crucial, ya que 197 organizaciones publicaron una carta abierta a los Estados instándoles a presentar una resolución sólida sobre las personas defensoras de los derechos humanos y las herramientas digitales, que debería adoptarse en este período de sesiones.
En la carta, la sociedad civil insta a los Estados a garantizar que la resolución, que aborda la protección de las personas defensoras de los derechos humanos ante los riesgos emergentes resultantes de las tendencias tecnológicas y los espacios en línea cambiantes, tome como referencia la Declaración +25.
Asimismo, los panelistas compartieron sus ideas sobre lo que debería incluir la resolución: el factor humano en el uso de la tecnología, evaluar y comprender adecuadamente las lagunas para elegir una tecnología adecuada, las obligaciones del Estado de proporcionar un conocimiento personalizado de los riesgos, programas de desarrollo de capacidades tecnológicas localizadas y otras prácticas para aumentar la toma de decisiones informadas.
La resolución también debe abordar las necesidades de las personas defensoras de los derechos humanos en situaciones de conflicto, el uso de la inteligencia artificial en contextos frágiles y la necesidad de que las empresas tengan responsabilidades en virtud del derecho internacional hacia las personas defensoras de los derechos humanos.
ISHR compartió un vídeo con testimonios de personas defensoras de derechos humanos recogidos en RightsCon 2025 en Taiwán. En este, las personas defensoras subrayaron la necesidad de que la resolución aborde el discurso del odio y la desinformación, los ultrafalsos (deepfakes) sexualizados, el acceso a la información y la privacidad en el contexto de los conflictos y la guerra, los principios de derechos humanos y las normas del derecho internacional, el ejercicio del control judicial, la lucha contra los delitos cibernéticos y la incorporación de una perspectiva de género y queer.
Este evento paralelo fue copatrocinado por Access Now, Amnistía Internacional, Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA), Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC), DefendDefenders (Proyecto de DDHH de África Oriental y el Cuerno de África), Front Line Defenders, Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), Huridocs, Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro (ICNL), Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA World), Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Privacy International, Protection International, Coalición Regional de Defensoras de los Derechos Humanos en el Suroeste de Asia y el Norte de África (Coalición WHRD MENA).
La sociedad civil insta a los Estados a garantizar que una resolución en el próximo 58º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aborde la protección de las personas defensoras frente a los riesgos emergentes resultantes de las tendencias y los cambios tecnológicos y en los espacios en línea.
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
