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El 4 de julio, Volker Türk presentó el informe de su oficina sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dando a los Estados una oportunidad clave para responsabilizar públicamente al gobierno de Maduro por su historial antes de unas elecciones presidenciales probablemente tensas, a finales de este mes.
En su intervención ante los Estados en el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado Volker Türk ofreció información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentando el informe de su Oficina (OACNUDH) sobre el país.
Este informe pedía “la urgente preservación y protección del espacio cívico”, expresando su preocupación por el proyecto de ley de ONG a pesar de su retirada. También destacó las detenciones arbitrarias de Rocío San Miguel y Javier Tarazona, y dio la voz de alarma sobre la impunidad en los casos relacionados con la presunta trata de personas contra indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Javier Tarazona lleva más de tres años detenido arbitrariamente, desde su arresto el 2 de julio de 2021, y su estado de salud estaría empeorando. Rocío San Miguel lleva casi cinco meses detenida y se le ha negado su derecho a una defensa de su elección. La OACNUDH ha pedido su liberación incondicional.
Los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos venezolanos quedaron muy patentes durante el diálogo con la Alta Comisionada, cuando el embajador venezolano agredió verbalmente a los representantes de la sociedad civil que también iban a intervenir. Esto llevó al Vicepresidente a recordar al Consejo que las represalias son totalmente inaceptables y que la sociedad civil tiene derecho a hablar libremente.
En su discurso a los Estados, Volker Türk dijo que tenía esperanzas de que su oficina volviera a trabajar en Venezuela tras la suspensión de sus operaciones por parte del Gobierno de Maduro. El embajador venezolano respondió que el contenido del informe, que tanto criticó, dificultaba ese regreso.
‘El informe incluía una referencia a la desaparición forzada de Rocío San Miguel, una referencia que -supuestamente- fue el impulso para la suspensión de las operaciones’, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR. ‘Tal vez sea una señal de que la Oficina no se dejará amedrentar mientras busca la forma de regresar”.
Esta sesión también marcó la última ocasión para que los Estados del Consejo de Derechos Humanos escucharan una actualización directa sobre Venezuela y para que su gobierno rindiera cuentas por los abusos ampliamente denunciados, antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Brasil tomó la palabra para pedir la plena aplicación del Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para unas elecciones libres y justas firmada en 2023 entre el gobierno de Maduro y la oposición. En una declaración conjunta, varios países europeos denunciaron la anulación de la invitación a los observadores electorales de la UE por parte del gobierno de Maduro.
Les oradores de la sociedad civil instaron a los Estados a presionar al gobierno venezolano y a apoyar los mecanismos de la ONU destinados a hacer rendir cuentas a las autoridades de Caracas, incluida la oficina regional del OACNUDH y la Misión de Investigación sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés); este último, un organismo de investigación establecido por el Consejo, verá renovado su mandato en la próxima sesión del organismo en septiembre.
Es imperativo que pongamos fin a la persecución política y a la criminalización de la sociedad civil”, afirmó Beatriz Borges, Directora Ejecutiva de CEPAZ, en una declaración conjunta en nombre de su organización y del ISHR, en la que instaba a los Estados del Consejo a mantener un “riguroso escrutinio” sobre Venezuela ante su proceso electoral.
‘Si las elecciones no son transparentes, equitativas y legítimas, la crisis humanitaria y migratoria empeorará. Debemos actuar con urgencia para garantizar que estas elecciones sean una oportunidad para la democracia en Venezuela’, subrayó Borges.
Para Openshaw el informe y la actualización del Alto Comisionado se quedan cortos a la hora de proporcionar una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones de la ONU hechas a Venezuela, a pesar de tener el mandato de hacerlo.
‘El informe ofrece nuevas recomendaciones y reitera otras anteriores. Debemos entender entonces que éstas no han sido implementadas. Sería útil que el Alto Comisionado fuera explícito al respecto, ya que nos acercamos a momentos clave de toma de decisiones en relación con la supervisión de la ONU en curso en septiembre’, señaló.
Con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, los Estados deben seguir presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que cumpla con sus obligaciones internacionales y, una vez emitidos los votos, resistan la tentación de restar prioridad a la situación de los derechos humanos en el país o de normalizar las relaciones con Venezuela.
Junto con grupos de la sociedad civil venezolana e internacional, ISHR hace un llamamiento a los Estados para que no pierdan de vista la situación en Venezuela en los próximos meses y, de manera crucial, para que apoyen la renovación de la FFM este otoño.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
