Venezuela: Hay que acabar con la represión y respetar la voluntad popular
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
Esta actualización excepcional de diciembre sobre Venezuela fue programada para discutir la situación de los derechos humanos en Venezuela antes del 10 de enero, cuando el poder presidencial debe pasar al ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Dada la negativa del presidente Maduro a conceder las elecciones, se teme que los actuales niveles de represión contra las opositores percibidas puedan aumentar aún más.
La represión durante y después de las elecciones fue uno de los puntos centrales de la actualización del Alto Comisionado. Hizo hincapié en la experiencia de las personas detenidas arbitrariamente, a las que con frecuencia se deniega un juicio justo, y que se enfrentan al uso de la lucha antiterrorista contra ellas, así como a los malos tratos en los centros de detención. Se citó el cierre del espacio cívico, con referencia al cierre de al menos tres ONG que han dejado de existir por completo debido a las amenazas, restricciones y ataques contra ellas.
Durante el diálogo interactivo con el Alto Comisionado, varios Estados hablaron del horror que supone la detención de menores acusados de terrorismo. La escalada represiva fue el resultado de la incapacidad del gobierno para encontrar pruebas que corroboraran la afirmación de Maduro de haber ganado las elecciones, dijo el Reino Unido.
Como en varias sesiones anteriores del Consejo de Derechos Humanos, Estados y ONG citaron los nombres de personas defensoras de los derechos humanos detenidas arbitrariamente. Clara Ramírez, en una declaración para ISHR, habló de su colega Javier Tarazona «que lleva detenido más de 1250 días, es víctima de desaparición forzada y tortura, se enfrenta a un juicio injusto y se encuentra en un estado de salud deteriorado».También, Rocío San Miguel a quien se le ha negado el derecho a elegir un abogado de su confianza, y cuya familia también se enfrenta a la criminalización.
El regreso de la Oficina del Alto Comissionado para los Derechos Humanos (OACDH) a Caracas -en forma de un funcionario por el momento- fue acogido con satisfacción por la mayoría de los Estados, aunque varios señalaron que esto tenía que marcar una nueva fase de «cooperación genuina» por parte del gobierno.
Otros señalaron que el mandato de la oficina no puede diluirse en modo alguno. De hecho, el Reino Unido pidió que la OACDH reforzara su mandato de protección con respecto a las personas defensoras en el país y a los que se ven obligadas a exiliarse, algo que las defensoras venezolanas llevan mucho tiempo reclamando.
Paraguay alentó al Alto Comisionado en la elaboración de su próximo informe, con una evaluación detallada de la implementación de las recomendaciones de la ONU hechas a Venezuela hasta la fecha. La falta de una evaluación de este tipo hasta la fecha, ha sido una crítica de las ONG venezolanas durante algunos meses.
Colombia tomó la palabra por primera vez en meses durante los diálogos del Consejo sobre Venezuela, para instar a Venezuela a regresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (habiendo abandonado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013).
A pesar de que el Alto Comisionado señaló cuidadosamente que el papel del OACDH es el de «constructor de puentes entre las instituciones del Estado y el pueblo del país» y no el gobierno, el diálogo se llevó a cabo con la participación de una delegación venezolana que se considera ampliamente que ha robado las elecciones presidenciales.
«El hecho de que el debate sobre la futura cooperación con la OACDH tuviera lugar con delegados que representaban a un gobierno que muchos consideran ilegítimo creó una dinámica extraña», dijo Eleanor Openshaw, del ISHR.
«Los Estados deben seguir pidiendo una explicación completa y transparente de los resultados de las elecciones y el respeto de esos resultados en la transferencia de poder el 10 de enero de 2025, así como hablar en apoyo de la labor de los defensores de los derechos humanos venezolanos, tanto en el país como en el exilio», añadió.