© Charlotte Giang Beuret for ISHR (2023)
ISHR y 37 otras organizaciones de derechos humanos en América Latina denuncian en comunicado conjunto el ataque militar de los Estados Unidos contra Venezuela y expresan preocupación por la grave situación de derechos humanos en el país. Cualquier solución a la crisis que atraviesa el país debe ser democrática, pacífica y negociada, centrada en el respeto por los derechos humanos, y priorizando la participación y el poder de decisión de la sociedad venezolana sobre su futuro.
Organizaciones de derechos humanos en América Latina denunciamos el ataque militar de los Estados Unidos contra múltiples objetivos en Venezuela, ocurrido el 3 de enero de 2026. Se trata de una agresión armada que viola abiertamente el derecho internacional y sienta un peligroso precedente en toda la región. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la grave situación de derechos humanos en Venezuela e insistimos en la obligación de respetarlos.
La captura del presidente de facto Nicolás Maduro y de su esposa para ser enjuiciados en Estados Unidos representa el punto culminante de un cerco militar en el Caribe que el gobierno estadounidense venía construyendo progresivamente en los últimos meses. En particular, desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo 32 ataques contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que han derivado en la ejecución extrajudicial de al menos 115 personas.
Estos actos del gobierno de Trump, sin una justificación de defensa legítima y sin que se enmarquen en un conflicto armado, son incompatibles con los principios y normas del derecho internacional y amenazan la paz y la seguridad en la región. En efecto, la agresión militar vulnera la prohibición del uso unilateral de la fuerza establecida en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2(4), y de la OEA (artículos 3, 19-22).
Los ataques también implican riesgos para el pueblo venezolano. La escalada de la crisis institucional y de legitimidad en Venezuela, tras el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la posterior represión desatada por las autoridades venezolanas, agravó la emergencia humanitaria compleja que aqueja a las y los venezolanos. Las organizaciones firmantes hemos condenado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de facto de Nicolás Maduro y la persecución a la que han estado expuestas organizaciones y personas que han denunciado dichas violaciones. Es particularmente preocupante la situación de las personas que permanecen arbitrariamente privadas de su libertad y cuya vida e integridad corren peligro en este contexto. Asimismo, los mecanismos diplomáticos e internacionales no lograron articular una respuesta efectiva a dicha crisis, lo que refuerza el importante rol que la comunidad internacional tiene ahora frente a la nueva situación en el país.
El pueblo venezolano merece una transición democrática y que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. Sin embargo, esto no puede justificar la ruptura del orden internacional ni legitimar los medios violentos y unilaterales que imponen la lógica del más fuerte.
Cualquier solución a la crisis que atraviesa el país debe ser democrática, pacífica y negociada, centrada en el respeto por los derechos humanos, y priorizando la participación y el poder de decisión de la sociedad venezolana sobre su futuro. La idea expresada por el presidente Trump sobre la instalación de una “administración” de EEUU va en sentido contrario al derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.
Las consecuencias para la región también generan preocupación. Estos actos deben ser observados a la luz del rápido declive democrático de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Al interior del país, el gobierno federal ha implementado una política represiva contra voces disidentes y manifestantes, que incluye intentos de militarizar la seguridad interna, así como ataques contra la libertad de expresión, y la criminalización, detención y deportación masivas de personas migrantes.
Durante la rueda de prensa del 3 de enero, Trump expresó que Estados Unidos está reafirmando su hegemonía en el hemisferio occidental, haciendo eco de la denominada Doctrina Monroe. Estas declaraciones implican una tendencia en aumento a la actuación unilateral y al desconocimiento de la soberanía de los países de la región, y resultan aún más preocupantes en el marco de los diversos procesos electorales que tendrán lugar en el 2026 y en los que Estados Unidos pudiese querer influir sin tomar en cuenta criterios de apoyo a normas democráticas, como ya sucedió en 2025 en Argentina y Honduras.
En ese contexto, el operativo militar en Venezuela y el regreso a la Doctrina Monroe, además de la existencia de un número creciente de gobiernos en América Latina que, por afinidad ideológica o bajo presión, validan este tipo de acciones ilegales, constituyen una amenaza para el orden y la estabilidad democrática en América Latina.
Reiteramos nuestra solidaridad con las y los venezolanos y con la sociedad civil, especialmente con las víctimas de la represión y violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y con las personas directamente afectadas por la agresión armada estadounidense. Llamamos a los países de la región a que actúen para contribuir a una negociación que permita una transición democrática y pacífica en Venezuela, proteger a las personas defensoras de derechos humanos, manifestantes y las personas presas políticas que están en Venezuela, y proteger a las personas que decidan migrar en este escenario de incertidumbre. La situación exige una respuesta internacional inmediata, firme y coordinada, basada en los derechos humanos y en los principios democráticos que respete el multilateralismo y el diálogo entre las naciones para preservar la América Latina como una zona libre de guerras.
Firmantes:
Mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas examinaron la situación de Guatemala en materia de vivienda adecuada y discriminación racial; haciendo un llamado a detener los desalojos forzosos contra comunidades indígenas y a proteger a las personas defensoras de la tierra y territorio, incluyendo a Pueblos Indígenas.
Los familiares de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil deben recibir protección inmediata por parte del Estado chileno, concluyó el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en respuesta a una solicitud respaldada por ISHR. Es la primera vez que el tratado regional insta a un Estado signatario a tomar medidas de protección.
En una investigación pionera sobre las negociaciones presupuestarias de la ONU en Nueva York, ISHR revela cómo un pequeño grupo de Estados, liderado por China y Rusia, coordinó esfuerzos para bloquear y reducir el financiamiento en derechos humanos de la ONU mediante maniobras políticas y presiones.
