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La defensora de los derechos humanos venezolana Rocío San Miguel fue arrestada arbitrariamente el viernes en el aeropuerto, junto con sus familiares. Debe ser puesta en libertad de inmediato y deben respetarse los derechos de todas las personas defensoras.
La defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, que dirige la ONG “Control Ciudadano”, fue arrestada el viernes junto con unos familiares. Posteriormente, fue acusada de participar en un intento de complot contra el presidente Nicolas Maduro, del que las autoridades venezolanas no han aportado pruebas. En un gesto poco habitual, el fiscal general, Tarek William Saab, emitió un comunicado sobre los arrestos, en el que acusaba infundadamente a quienes criticaban las detenciones de “menospreciar las instituciones democráticas venezolanas”.
El abogado de Rocío San Miguel, Juan González, ha dicho que su arresto y la de sus familiares fue: “una advertencia funesta para quienes hemos resuelto defender los derechos humanos de las personas que son encarceladas o perseguidas por razones políticas, y también para quienes documentan violaciones de derechos humanos en Venezuela.”
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, un órgano de expertos con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014, emitió ayer un comunicado en el que afirma,
“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores”.
Las investigaciones de la Misión de Determinación de Hechos desde 2019 les han llevado a concluir que en Venezuela existe una política para amenazar, atacar y torturar a los disidentes, violaciones que probablemente equivalen a crímenes de lesa humanidad.
”La detención de Rocío San Miguel y sus familiares habla de esta política en curso. La detención del defensor de los derechos humanos Javier Tarazona -cerca de 3 años- es otra”, ha declarado Eleanor Openshaw, de ISHR. “Estas personas defensoras deben ser liberadas inmediatamente”.
Estas detenciones se producen en un periodo preelectoral en el que también se ha reactivado el proceso relacionado con un proyecto de ley sobre ONG muy restrictivo y criticado a principios de este año. Se trata de otra señal del interés del gobierno por restringir la capacidad de actuación de la sociedad civil.
La detención de Rocío y sus familiares ha recibido amplia cobertura en la prensa. Algunos Estados han expresado su preocupación por la detención, entre ellos Estados Unidos a través del portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.
“Las demandas para la liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona y todas las demás personas detenidas arbitrariamente deben hacerse más fuertes y más insistentes”, dijo Openshaw.
Las sesiones del Consejo de Derechos Humanos ofrecen al menos dos oportunidades para hacerlo durante la agenda formal: El 19 de marzo, el Alto Comisionado presentará una actualización oral informada por las conclusiones y recomendaciones de su equipo en el país. La misión de investigación de la ONU presentará una actualización oral el 20 de marzo. Ambas actualizaciones irán seguidas de diálogos interactivos.
“Los Estados deben aprovechar estas sesiones para reiterar su apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos en el país y exigir que se facilite y proteja su trabajo”, señaló Openshaw.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
