Eneas De Troya
La presión sobre las autoridades venezolanas aumenta a medida que los organismos de derechos humanos y los Estados de la región y de fuera de ella denuncian la represión y piden que se respeten los derechos humanos. En el próximo Consejo de Derechos Humanos, la presión por el respeto de los derechos debe continuar con la renovación de mandatos clave.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se muestra muy crítica en su evaluación de la represión de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos y cualquiera que sea percibido como opositora al régimen. ‘El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder’, afirma la Comisión.
La represión ha incluido asesinatos de manifestantes, detenciones arbitrarias y persecución política. Todo ello ha puesto de manifiesto, como bien señaló la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, ‘la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada’. El mundo fue advertido mucho antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de lo que probablemente ocurriría. El Alto Comisionado de la ONU ha hablado de ‘un clima de miedo’ en el país y ha pedido la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. La oficina del Alto Comisionado en Venezuela sigue suspendida, operando todavía desde Panamá.
Personas defensoras venezolanas, tanto dentro como fuera del país, han estado trabajando día y noche para documentar los ataques contra manifestantes, así como la detención arbitraria y la persecución de quienes piden al gobierno venezolano que ponga fin a la represión y respete las normas electorales internacionales. La ONG venezolana Foro Penal produce actualizaciones diarias sobre las detenciones.
Sin embargo, el espacio para la sociedad civil en Venezuela sigue cerrándose. El 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó una ley de ONG -la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines- que miembros del partido gobernante habían amenazado durante meses. En enero, el ISHR se unió a otras ONG para denunciar el entonces proyecto de ley por contradecir las normas internacionales.
‘La aprobación de la Ley de ONG es una pieza más de una estrategia dirigida a cerrar por completo el espacio cívico’, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR. ‘En estos momentos, las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas necesitan urgentemente apoyo político y económico’.
La presión política sobre Venezuela es cada vez mayor. Tras un primer intento fallido, el 16 de agosto, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución por «consenso». En ella se pedía la publicación y revisión independiente de los recuentos de votos y el fin de las violaciones de los derechos humanos.
No faltan ni tres semanas para que comience la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, cuando se espera que se presente una resolución para renovar los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y de la OACNUDH.
‘La Misión y la OACNUDH desempeñan papeles esenciales y separados a la hora de documentar y alertar al mundo sobre las violaciones en Venezuela, así como de proporcionar hojas de ruta para las reformas esenciales que son necesarias’, ha declarado Openshaw. ‘Esa labor es más esencial que nunca en este periodo de represión violenta e incertidumbre permanente’.
‘Todos los Estados deben hacer un llamamiento para que se respeten unas elecciones justas y se proteja a quienes protestan contra el fraude y, durante la próxima sesión del CDH, deben ser inequívocos en su apoyo a la renovación de los firmes mandatos de la Misión de Investigación y de la OACNUDH’, añadió.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
