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ISHR se une a otras organisaciones internacionales y regionales en exigir el restablecimiento inmediato de una presencia efectiva de la OACNUDH en Venezuela tras la suspensión de las operaciones por parte del gobierno en un contexto de creciente represión.
Las organizaciones internacionales abajo firmantes condenan fuertemente la anunciada expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela, en momentos en que la represión gubernamental se intensificó notablemente antes de las elecciones presidenciales previstas. Estos acontecimientos se producen en un contexto más amplio de ataques a personas opositoras políticas, personas defensoras de derechos humanos, y de erosión de las libertades cívicas.
El 9 de febrero de 2024, la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, mientras viajaba con su hija. Su detención es parte de un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración. Aunque el Fiscal General reconoció su detención, no ofreció información sobre su paradero, a pesar de los esfuerzos de su equipo legal por localizarla. Algunos familiares de San Miguel también fueron detenidos y posteriormente excarcelados. San Miguel y su ex pareja permanecen detenidos, presuntamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), respectivamente. En el momento de la publicación de este comunicado, ni familiares ni abogados han podido verlos.
El 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció que suspenderá las actividades de la OACNUDH, lo que supone una preocupante escalada en los intentos del país de eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas. Esta decisión se produjo poco después de que la OACNUDH expresara su preocupación en relación a la detención de Rocío San Miguel, declarando que “su paradero permanece desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada”. El anuncio de la suspensión también vino un día después de la publicación del informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación tras su reciente visita a Venezuela.
La OACNUDH, incluída a través de su presencia en Caracas, ha desempeñado un papel importante en el monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos en el país y en la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y supervivientes. Por lo tanto, la decisión de suspender su presencia crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más.
Instamos encarecidamente a los Estados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comunidad internacional a que insistan en el restablecimiento de una presencia efectiva de la OACNUDH en el país y en la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Hacemos un llamamiento adicional al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que trabaje activamente en la renovación del mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, en septiembre de 2024. El trabajo de la FFM ha sido fundamental para investigar graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales en Venezuela, algunos de los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, así como para identificar patrones estructurales y posibles perpetradores de estos crímenes y violaciones. El trabajo de la FFM, incluído su mandato de ofrecer reportes públicos, sigue siendo esencial para alertar a la comunidad internacional de los patrones de represión actuales y del riesgo de un mayor deterioro. La FFM también es clave para proporcionar a los Estados miembros de la ONU recomendaciones sobre estrategias eficaces de prevención y mitigación a la luz de la intensificación de la persecución selectiva y la represión generalizada.
Los Estados preocupados y actores internacionales, las organizaciones internacionales y los mecanismos de justicia deben mantenerse firmes en su compromiso de defender los derechos humanos en Venezuela, incluyendo durante el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Organizaciones
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
