Foto: Jorge Mejía Peralta LCC
El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que extiende el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) por dos años más, fortaleciendo su enfoque en los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las represalias y las personas presas políticas, luego de la abogacía sostenida de Organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales forman parte de la coalición Colectivo 46/2.
El 3 de abril de 2023, en la última semana de la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, los Estados aprobaron la renovación por dos años y el fortalecimiento temático de un mecanismo de investigación dedicado a Nicaragua, establecido por una resolución del Consejo en marzo de 2022. Esto le hizo eco a una convocatoria global lanzada por el Colectivo 46/2, una coalición de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense e internacional, que incluye a ISHR, y que venía haciendo campaña por esta renovación desde diciembre de 2022.
Aprobada con 21 a favor, 5 en contra y 21 abstenciones, la resolución ratifica los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de documentar graves abusos en el país centroamericano.
Con este voto, el GHREN puede avanzar en sus investigaciones sobre la crisis multidimensional del país por dos años más, identificar las causas fundamentales de las violaciones y sus perpetradores, y preservar evidencia para respaldar futuros procesos de justicia. La nueva resolución también incluye un mayor enfoque en la violencia y los abusos contra las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes de Nicaragua, las personas despojadas de su nacionalidad, los actos de violencia sexual y de género y las represalias, incluso contra la experta de la ONU Anexa Alfred Cuningham.
‘El Colectivo 46/2 trabajó arduamente para lograr este resultado sobresaliente: es el fruto de una fuerte colaboración entre la sociedad civil nicaragüense e internacional’, dijo Raphaël Viana David, responsable de incidencia de ISHR para China y América Latina. “Con esta votación, la comunidad internacional se ha comprometido a mantener la presión sobre el gobierno y respaldar los esfuerzos para que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad documentados rindan cuentas’, agregó.
‘Al extender y reforzar el mandato de su órgano de investigación sobre Nicaragua para documentar los abusos contra los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el Consejo de Derechos Humanos está brindando un apoyo fundamental a los derechos de las comunidades históricamente marginadas en Nicaragua’, dijo Amaru Ruiz de la Fundación del Río.
Desde hace cinco años, desde que protestas masivas se enfrentaron con una respuesta brutal en abril de 2018, Nicaragua se ha sumido en una crisis política y social cada vez más profunda bajo un gobierno cada vez más autoritario dirigido por Daniel Ortega. Durante este período, se estima que más de 600.000 personas han tenido que huir de Nicaragua, un éxodo sin precedentes en la historia del país.
ISHR celebra la renovación de este mecanismo crucial en medio de la crisis multidimensional social, política y de derechos humanos en Nicaragua. Continuaremos trabajando de cerca con el Colectivo 46/2 para dar seguimiento y monitorear la implementación de las recomendaciones de la resolución.
Además, ISHR continuará apoyando a personas defensoras y organizaciones locales de derechos humanos, como Anexa Alfred Cunningham, líder indígena miskitu, defensora y abogada nicaragüense, a quien se le ha negado el derecho de regresar a casa después de participar en una sesión de un grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, de los cuales es miembra.
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Anexa Alfred Cunningham es una valiente líder indígena miskitu, defensora de los derechos humanos, abogada y experta en derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. Defiende el territorio y los recursos naturales ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribeña de Nicaragua. El trabajo de Anexa molesta al gobierno nicaragüense. Las autoridades han intentado silenciarla. En julio de 2022, tras participar por primera vez en una sesión de un grupo de personas expertas de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del cual es miembro, las autoridades de Nicaragua le negaron la entrada en su propio país. Anexa reside en Nicaragua con su familia, pero se le impidió embarcar en su vuelo de regreso y reunirse con sus hijos menores de edad. Desde entonces permanece varada en Ginebra. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido reiteradamente aclaraciones al gobierno nicaragüense y ha solicitado que Anexa pueda regresar sana y salva a su hogar y a su familia, pero el gobierno no ha respondido. Anexa sigue en una situación de exilio forzoso e ilegal de su propio territorio.
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