La ONG ecuatoriana ‘Fundación Pachamama’ ha recuperado su identidad legal, desde que la aplicación de un Decreto Ejecutivo le denegara su derecho a operar, hace cuatro años. Se trata de la mayor victoria para las personas defensoras de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, así como una refutación significativa sobre las restricciones al trabajo de la sociedad civil experimentado a nivel mundial.
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Con la rehabilitación de la “Fundación Pachamama, se han corregido cuatro años de injusticia. Tras años de presión por parte de miembros de la organización, el Ministerio del Medioambiente finalmente anunció que la decisión sobre el cierre de las oficinas de la Fundación junto con la disolución de su estatus legal fuera revertida.
‘Era una victoria histórica de la sociedad civil organizada, el movimiento indígena y ambientalista de Ecuador, que hemos trabajado incansablemente por la protección de los Derechos Humanos,’ decía Juan Auz, Director Ejecutivo de la Fundación Pachamama y antiguo alumno de ISHR.
La Fundación Pachamama se dedica al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y a la conservación de los ecosistemas Amazónicos.
Fue clausurada en 2013 por un Decreto Ejecutivo- instrumento ampliamente criticado- después de que el Presidente Rafael Correa apelara, a través de su canal televisivo diario y de su programa de radio, a que la Fundación perdiera su derecho a operar. De esta manera, la Fundación Pachamama no tuvo la oportunidad de cuestionar las acusaciones formuladas en su contra ni la decisión que se tomó.
Así comenzaron cuatro años de intentos para revertir la decisión, con un número muy limitado de opciones disponibles a nivel nacional.
‘Intentar que una corte ecuatoriana nos oyera y reparase nuestro derecho constitucional lesionado era casi imposible. Veíamos al cabildeo internacional como la única salida para tratar de hacer escuchar nuestra voz,’ said Auz.
Los miembros de la organización recurrieron a los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos para dar a conocer las violaciones experimentadas en su caso y buscar reparación.
La experiencia de la Fundación Pachamama no es única en Ecuador ni en otras partes de la región. El cierre en serie de varias ONG ecuatorianas fue condenado por varios Expertos de la ONU.
‘La disolución de rupos es el tipo de restricción más severa para la libertad de asociación,’ afirma la por entonces Relatora Especial para los derechos a la Libertad de Asamblea y de Asociación.
El cierre de las ONG pretende silenciar las críticas y forzar a las personas defensoras a comprometer sus recursos con procesos legales y administrativos en lugar de su trabajo principal.
‘La recuperación de los espacios cívicos es sumamente desgastante para las organizaciones,’ afirma Juan Auz. ‘Sobre todo, para aquellas que trabajan a nivel local y que no manejan suntuosos presupuestos o no cuentan con niveles de experticia diversificados. Tienen que pasar de defender derechos a la autodefensa permanente.’
‘En el caso de la Fundación Pachamama tuvimos que enfocarnos en la supervivencia.’
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Adaptándose para sobrevivirPara continuar con el trabajo de la Fundación Pachamama y organizar su defensa, se creó una nueva organización, Terra Mater.
‘Fue sumamente oportuno porque los proyectos extractivos impulsados por el gobierno se extendían en los territorios ancestrales amazónicos,’ afirma Auz. ‘Nos adaptamos para sobrevivir, y poder continuar con el acompañamiento a las comunidades locales iniciada hace veinte años.’
La reinstauración de la Fundación Pachamama se dio junto con un cambio en el Gobierno y en el enfoque.
‘Tras cuatro años de enfrentar los embates por recuperar nuestra organización, llegó un nuevo gobierno. Traía bajo el brazo una propuesta de diálogo nacional, donde se sumaron varios colectivos, incluyendo a las nacionalidades indígenas y una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, nuestras voces fueron escuchadas.’
El Ministerio del Medioambiente accedió a reconsiderar el caso, aceptando los errores e irregularidades que habían llevado a la disolución de la organización, donde se había dado una clara violación al derecho de libre asociación.
Con esta Victoria bajo el brazo, la Fundación apela a la realización de cambios legislativos que garanticen los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos.
‘Instamos al gobierno a establecer un proceso participativo para definir una ley que garantice los derechos de las organizaciones de la sociedad civil y proteja el trabajo de los defensores de los derechos humanos y aquellos que trabajan para defender el medio ambiente’, dijo Auz.
La Fundación Pachamama está comprometida con la continuidad de su trabajo en el Amazonas, con la misión de proteger las Cabeceras Sagradas de los ríos Napo y Marañón y con el refortalecimiento del proceso por la defensa colectiva de los derechos territoriales y medioambientales.
Para más información ver el comunicado de prensa de la Fundación Pachamama #SeguimosEnPie
Photos y Video: Fundación Pachamama
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