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Durante el día de hoy, Perú ha sido nuevamente examinado por el Examen Periódico Universal (EPU); mecanismo cuyo objetivo es el de evaluar las medidas tomadas por los estados para garantizar la protección de los derechos humanos. En el pasado examen del EPU en 2012, Perú recibió numerosas recomendaciones que reflejaban los continuos problemas existentes. Ahora, el Estado tendrá una nueva oportunidad para resolverlos.
Las recomendaciones realizadas por el resto de los Estados, muestran que la situación de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo grave, como afirma Helen Nolan, gerente y punto focal regional de ISHR
‘Damos la bienvenida a las recomendaciones realizadas por Noruega, Países Bajos y Polonia, a través de las que reconocen lo que señalamos en nuestro informe: la necesidad de introducir una política que reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos,’ afirma Nolan.
‘El riesgo que corren las personas defensoras, especialmente aquellas que defienden el derecho al territorio o al medioambiente, es real, por lo que el gobierno tiene la obligación de actuar.’
Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- CNDDHH), una plataforma de 82 organizaciones peruanas de sociedad civil, indica que la situación no solo muestra la falta de compromiso de las autoridades para proteger al colectivo protector de los derechos humanos; sino también es un ejemplo más de la imperante impunidad que existe en el país.
‘Los ataques y actos de criminalización son parte del día a día de estas personas al ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de prensa,’ afirma Vidal. ‘A todo ello se suman, las agresiones, difamaciones y el hostigamiento constante.’
Otro punto remarcado por la sociedad civil antes del EPU es la cuestión de la continua impunidad ejercida sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado,’ explica Nolan.
‘El gobierno debe garantizar que el indulto no se transforme en un instrumento político, dirigido a la protección de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad; como bien muestra el caso del presidente Alberto Fujimori, condenado por dichos crímenes y corrupción,’ afirma Vidal. ‘De darse este indulto sería ilegal, se retrocedería en materia de acceso a la justicia y las reparaciones por estos crímenes.’
‘Que la impunidad pueda revertir el estado de derecho, marcaría un precedente para el mundo, es por ello que apelamos al Estado para que reafirme su compromiso para que los perpetradores asuman su responsabilidad”, añade Vidal.
ISHR y la CNDDHH se involucraron conjuntamente para incidir en el período previo al EPU de Perú, habiendo presentado un informe conjunto que diera visibilidad a la situación de las personas defensoras y que presentase una seria de recomendaciones al Estado.
‘Nos alegramos de que los Estados que realizarán la revisión hayan escuchado las preocupaciones de la sociedad civil Peruana,’ afirma Nolan. ‘Ahora es Perú quien tiene que actuar.’
El texto completo del informe está disponible aquí.
Photo credit: @sofiabloem
