El 4 de julio, Volker Türk presentó el informe de su oficina sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dando a los Estados una oportunidad clave para responsabilizar públicamente al gobierno de Maduro por su historial antes de unas elecciones presidenciales probablemente tensas, a finales de este mes.
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Durante su diálogo interactivo con Estados del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó nuevamente su frustración por la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.
En el contexto de un recrudecimiento de la represión en Venezuela, funcionarias y expertas de la ONU y estados hacen llamados a favor del respeto de las personas defensoras, la liberación de las detenidas arbitrariamente, elecciones justas y el retorno de la OACNUDH sin concesiones.
ISHR se une a otras organisaciones internacionales y regionales en exigir el restablecimiento inmediato de una presencia efectiva de la OACNUDH en Venezuela tras la suspensión de las operaciones por parte del gobierno en un contexto de creciente represión.
La defensora de los derechos humanos venezolana Rocío San Miguel fue arrestada arbitrariamente el viernes en el aeropuerto, junto con sus familiares. Debe ser puesta en libertad de inmediato y deben respetarse los derechos de todas las personas defensoras.
ISHR se ha unido a otras 9 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) instando al gobierno venezolano a cesar toda forma de hostigamiento contra las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de los derechos humanos.
Esta semana, delegados venezolanos tomaron repetidamente la palabra para desacreditar a miembros del Comité durante el examen del cumplimiento por Venezuela de sus obligaciones en virtud del PIDCP. Les miembres del Comité pidieron protección para sí mismos y destacaron su preocupación por las represalias contra la sociedad civil.
La política para silenciar y anular la oposición al gobierno venezolano continúa, dice el grupo de expertes de la ONU sobre Venezuela en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
El proyecto de ley de ONG presentado en la Asamblea Nacional de Venezuela es una grave amenaza para el espacio cívico en el país, y limitará gravemente la capacidad de las personas defensoras para participar en los mecanismos internacionales de derechos humanos. Hay que apoyar a las personas defensoras y retirar este proyecto de ley, escriben Calixto Ávila (Provea) y Eleanor Openshaw (ISHR).
