Esta semana, delegados venezolanos tomaron repetidamente la palabra para desacreditar a miembros del Comité durante el examen del cumplimiento por Venezuela de sus obligaciones en virtud del PIDCP. Les miembres del Comité pidieron protección para sí mismos y destacaron su preocupación por las represalias contra la sociedad civil.
La sociedad civil habló de la actual crisis de derechos humanos en Venezuela esta semana en el Consejo haciendo evidente que, a pesar de los mejores esfuerzos de Venezuela para denunciar la Misión de Investigación, el trabajo de la Misión y el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son absolutamente esenciales para las víctimas de violaciones.
Olnar Ortiz Bolívar y Alexandra Lezama, dos personas defensoras de los derechos humanos de Venezuela, asisten a la 52a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que la Misión de de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM, por su siglas en inglés) presentará oralmente un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Alexandra Lezama es una defensora de los derechos humanos de Venezuela que está a Ginebra para exponer los hechos y las consecuencias de la minería ilegal y la contaminación del medio ambiente en el Estado de Bolívar.
Olnar es un defensor indígena de los derechos humanos de Venezuela que acude a Ginebra para transmitir importantes mensajes a la comunidad internacional sobre la preservación de la Amazonia y de las tierras indígenas ancestrales.
Un comité de la ONU publica sus conclusiones sobre la protección de los derechos socioeconómicos en China e insta al gobierno a establecer un marco regulador claro para las empresas que operan en el extranjero. Antes del examen de China, ISHR y la coalición CICDHA presentaron un informe analizando el impacto en derechos humanos de 14 proyectos chinos en 9 países latinoamericanos.
Este informe presentado a la ONU explora 14 proyectos en América Latina en los que empresas y bancos bajo jurisdicción china no han cumplido normas internacionales de derechos humanos, laborales y medioambientales.
Dos días antes de la llegada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, la Asamblea Nacional venezolana celebró la primera lectura de un proyecto de ley que, de aprobarse, criminalizaría la labor de las personas defensoras, reduciendo aún más el espacio que tienen para actuar. Las personas defensoras se pronunciaron energéticamente en su contra.
¡Lo logramos! El 7 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato esencial de la Misión de Investigación (FFM) sobre Venezuela y el mandato de OACNUDH hacia el Consejo por otros dos años, con 19 votos a favor, 5 votos en contra y 23 abstenciones.
Los Estados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovaron por dos años el mandato de la Misión de determinación de los hechos en Venezuela (FFM por su siglas en inglés), asegurando la continuación de un mecanismo que ha sido central para el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos. Con ese mismo voto, también se ha ampliado el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) para informar al Consejo sobre la situación en el país.
