Ayúdenos a detener las retaliaciones

Exijale a los Estados que pongan fin a todos los actos de represalia e intimidación contra las personas que trabajan en defensa de los derechos humanos: ¡Únase a nuestra campaña!

Quienes defienden los derechos humanos promueven la dignidad, la equidad, la paz y la justicia en sus hogares, lugares de trabajo, comunidades y países. estas personas desafían a los gobiernos que no respetan ni protegen a su pueblo, a las empresas que degradan y destruyen el medio ambiente y a las instituciones que perpetúan los privilegios y el patriarcado. Para muchos, las Naciones Unidas son el último ámbito en el que pueden enfrentarse a los abusos.

Garantizar a todas las personas un acceso seguro y sin obstáculos a los mecanismos de justicia internacionales y regionales es esencial para la eficiencia y relevancia de estos últimos. La participación en estos organismos es un derecho humano fundamental.

La participación de las personas que defienden los derechos humanos en el desarrollo de los mecanismos internacionales y regionales permite obtener mejores resultados. Las personas que defienden los derechos humanos aportan información y perspectivas cruciales sobre la situación de la situación en el terreno. Los mecanismos internacionales y regionales dependen de esos conocimientos y aportes para tomar decisiones informadas.

Las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos deben poder compartir información y perspectivas cruciales con la ONU de forma segura y sin obstáculos.

Sin embargo, algunos Estados tratan de eludir el seguimiento internacional poniendo obstáculos – como la intimidación y las represalias- con el fin de crear miedo y obstaculizar sistemáticamente el acceso a los mecanismos de derechos humanos y su cooperación con estos.

¿Qué queremos?

Todo el mundo tiene derecho a acceder a la ONU y a comunicarse con ella de forma segura.

Queremos que las personas que defienden los derechos humanos tengan un asiento en la mesa de la ONU y puedan relacionarse de forma efectiva y segura con los mecanismos y órganos de derechos humanos de la ONU.

Queremos que los Estados y los agentes no estatales se abstengan de intimidar a quienes defienden los derechos humanos o de tomar represalias cuando  estas personas se relacionan con la ONU o intentan hacerlo. Los Estados deben adoptar una posición clara y pública en la ONU contra la intimidación y las represalias. Los Estados deben exigir responsabilidades a sus pares.

Por lo tanto, también pedimos a los Estados que condenen públicamente las represalias y la intimidación contra quienes se relacionan con la ONU, y que planteen casos concretos de víctimas. Cuando se produzcan intimidaciones y represalias, queremos que la ONU aborde eficazmente estos casos, apoye a las víctimas e impulse la rendición de cuentas y la reparación.

¿Cómo conseguimos esto?

Trabajamos activamente para:

  • Sensibilizar a las autoridades gubernamentales, los cuerpos diplomáticos, los expertos y expertas de la ONU, la prensa y los grupos de derechos humanos sobre el valor del acceso sin restricciones y el impacto de las represalias en los procesos multilaterales tanto internacionales como regionales.
  • Movilizar a las misiones diplomáticas animándolas a denunciar y elevar los casos individuales de represalias contra personas que defienden los derechos humanos ante la ONU y otras instancias.
  • Exhortar a los expertos y expertas de la ONU a que se hagan cargo de los casos individuales y a que establezcan protocolos claros sobre cómo prevenir y responder ante las represalias vinculadas a su trabajo
  • Incitar a los gobiernos, y a las personas interesadas a solidarizarse con quienes defienden los derechos humanos y con las organizaciones que son objeto de represalias e intimidaciones.

¿Qué puede hacer?

Hemos trabajado para apoyar a individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos que han sufrido múltiples formas de represalias e intimidación. Usted puede encontrar más información en los cinco casos descritos a continuación. ¡Es hora de tomar acción por quienes defienden los derechos humanos y ayudar a que #EndReprisals!

Aquí encontrará dos acciones rápidas e influyentes que usted puede llevar a cabo:

  1. Escribir a quienes representan los Estados ante la ONU e instarles a que se involucren en los cinco casos de Belarús, Burundi, China, Egipto y Venezuela*.
  2. Haga clic para tuitear un mensaje de solidaridad con las personas o grupos descritos en un caso específico

Tuit en solidaridad con Viasna en Belarús  Tuit en solidaridad con Jiang en China  Tuit en solidaridad con Ibrahim en Egipto  Tuit en solidaridad con las ONGs en Venezuela  Tuit en solidaridad con los abogados defensores en Burundi


*Se enviará un correo electrónico a las misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas en Ginebra que copatrocinaron las resoluciones sobre represalias: Albania; Alemania; Andorra; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Bahamas; Bélgica; Bosnia y Herzegovina; Botsuana; Bulgaria; Canadá; Chile; Chipre; Colombia; Costa Rica; Croacia; Dinamarca; Ecuador; El Salvador; Estonia; Fiyi; Finlandia; Francia; Georgia; Ghana; Grecia; Guatemala; Haití; Honduras; Hungría; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; Letonia; Liechtenstein; Lituania; Luxemburgo; Maldivas; Malí; Malta; Islas Marshall; México; Moldavia; Mónaco; Mongolia; Montenegro; Países Bajos, los; Nueva Zelanda; Macedonia del Norte; Noruega; Panamá; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; República de Corea; Rumania; Eslovaquia; Eslovenia; Sudáfrica; España; Estado de Palestina; Suecia; Suiza; Timor-Leste; Turquía; Ucrania; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Estados Unidos de América; Uruguay; Vanuatu.

¿Quiénes son las personas que están detrás de los casos?

Haga clic en los casos para saber más sobre los defensores y defensoras de derechos humanos que apoyamos en esta campaña

Centro de Derechos Humanos 'Viasna'

Belarús

El Centro de Derechos Humanos 'Viasna' es una organización no gubernamental que trabaja activamente para el desarrollo de la sociedad civil y la promoción de los derechos humanos en Belarús También brinda asistencia legal a las personas en la defensa de sus derechos e intereses públicos.

Centro de Derechos Humanos 'Viasna'

Belarús

 

Contexto:

 

El Centro de Derechos Humanos ‘Viasna’ es una organización no gubernamental que trabaja activamente para el desarrollo de la sociedad civil y la promoción de los derechos humanos en Belarús También brinda asistencia legal a las personas en la defensa de sus derechos e intereses públicos.

 

‘Viasna’ tiene una larga historia de cooperación con los órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) que se ha incrementado con la reciente ola de represión contra los defensores y las organizaciones de derechos humanos en Belarús.

 

Debido a su compromiso con la ONU, ‘Viasna’ ha sido objeto de continuos actos de acoso e intimidación por parte del gobierno, incluido el allanamiento de sus oficinas y la detención arbitraria de sus miembros.

 

¿Qué ocurrió?

 

A partir de agosto de 2020, en el contexto de las protestas generalizadas tras las elecciones presidenciales en Belarús y la mayor visibilidad del trabajo de ‘Viasna’ con la ONU, las autoridades intensificaron sus ataques contra el personal de la organización.

 

Actualmente, siete miembros de ‘Viasna’ están detenidos por su labor en la promoción de los derechos humanos y enfrentan cargos de “organización y financiamiento de acciones en grupo que violan gravemente el orden público” y “evasión fiscal”. Los miembros son: el presidente de ‘Viasna’ Ales Bialiatski, su vicepresidente Valiantsin Stefanovich, el abogado Uladzimir Labkovich, la coordinadora de la red de voluntarios de ‘Viasna’, Marfa Rabkova, el jefe de la oficina de ‘Viasna’ la ciudad de Gómel, Leanid Sudalenka, y los voluntarios Tatsiana Lasitsa y Andrei Chapiuk. Rabkova y Chapiuk también fueron acusadas de “disturbios” y “participación en un grupo criminal” y Rabkova también está acusada de “incitación a la hostilidad”, cuando en realidad están trabajando para que todas las personas en Belarús puedan disfrutar de sus derechos humanos.

 

‘Viasna’ participó en el Examen Periódico Universal (EPU) de Belarús en noviembre de 2020 y en la adopción de los resultados en el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2021. La organización también participó en una reunión de la fórmula Arria del Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2020 y presentó un envío conjunto al Comité contra la Tortura en enero de 2021 antes del examen de Bielorrusia por parte del Comité.

 

Leanid Sudalenka ha presentado la mayor cantidad de apelaciones individuales contra Belarús ante el Consejo de Derechos Humanos, y Ales Bialiatski y Valiantsin Stefanovich han hablado en varios procedimientos de la ONU.

 

El 19 de marzo de 2021, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expresó su preocupación por la creciente represión contra los defensores de los derechos humanos en Belarús, incluidos los miembros de ‘Viasna’.

 

¿Qué queremos?

 

Queremos que el caso de ‘Viasna’ sea ampliamente reconocido como una serie de actos de represalia relacionados con el trabajo de esta organización con la ONU y que sus miembros sean liberados. Instamos a los Estados a plantear públicamente su caso durante el Diálogo Interactivo con el Secretario General Adjunto en la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

 

Llamada a la acción:

 

¡Únase a nosotros para pedir a los Estados que pongan fin a las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos! Aquí puede tomar acciones rápidas e impactantes:

 

Haga clic para tuitear

un mensaje de solidaridad con ‘Viasna’ pidiendo a los Estados que se hagan cargo de este caso y que exijan el fin de la detención arbitraria de los miembros de esta organización para que puedan continuar con su crucial labor para la sociedad civil de Belarús.

 

Escriba a los representantes de los Estados en la ONU

e ínstelos a que se interesen por el caso ‘Viasna’, así como por los de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de  Burundi, China, Egipto y Venezuela.

Cuatro abogados defensores de derechos humanos

Burundi

Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize, Vital Nshimirimana y Lambert Nigarura son cuatro abogados, defensores de los derechos humanos y activistas de Burundi. Son figuras prominentes y muy respetadas dentro de la sociedad civil de Burundi y sus comunidades locales.

Cuatro abogados defensores de derechos humanos

Burundi

 

Contexto:

 

Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize, Vital Nshimirimana y Lambert Nigarura son cuatro abogados, defensores de los derechos humanos y activistas de Burundi. Son figuras prominentes y muy respetadas dentro de la sociedad civil de Burundi y sus comunidades locales.

 

Denunciaron y condenaron públicamente el uso de la violencia por parte del Gobierno de Burundi, incluso tras las protestas ciudadanas de 2015, cuando el expresidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, solicitó un tercer mandato en violación de la Constitución del país.

 

Temiendo por su seguridad debido a los violentos ataques del Gobierno contra los manifestantes, los abogados huyeron del país en mayo y junio de 2015. No han podido regresar a Burundi por temor de sufrir represalias adicionales.

 

¿Qué ha ocurrido?

 

En julio de 2016, los cuatro abogados proporcionaron información sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Burundi al Comité contra la Tortura de la las Naciones Unides (ONU) durante su revisión especial del país. Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize y Lambert Nigarura asistieron a la sesión en Ginebra, donde presentaron un informe especial que detalla el trato abusivo del gobierno de Burundi a los disidentes políticos.

 

Tras su crucial participación como representantes de la sociedad civil en la sesión del Comité contra la Tortura, los cuatro defensores fueron sancionados por los tribunales de Burundi sin un juicio justo y sobre la base de acusaciones sin ningún fundamento.

 

Además, Bashirahishize, Niyongere y Nshimirimana fueron sumariamente inhabilitados por el Tribunal de Apelaciones y desde entonces no han podido ejercer su condición de abogados en Burundi. Nigarura fue suspendido de la práctica durante un año y se le prohibió formar parte del Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados durante cinco años.

 

Después de que el fiscal inició los procedimientos de inhabilitación contra los defensores, el Comité contra la Tortura escribió al gobierno de Burundi, indicando que consideraban las sanciones administrativas contra ellos como un acto de represalia.

 

El 2 de febrero de 2021, tres de los cuatro abogados, Armel Niyongere, Vital Nshimirimana y Dieudonné Bashirahishize, figuraban entre un grupo de doce defensores condenados in absentia a la cadena perpetua por “insurrección y organización de un golpe de estado”. También se les condenó a pagar compensaciones económicas, incluida la incautación de los bienes de sus familias.

 

Hasta la fecha, los abogados no han obtenido una copia de la sentencia, por lo que es imposible apelarla. Los abogados siguen inhabilitados y en el exilio.

 

¿Qué queremos?

 

Queremos que los casos de Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize, Vital Nshimirimana y Lambert Nigarura sean ampliamente reconocidos como actos de represalia. Queremos que puedan regresar a Burundi sin temor a amenazas o encarcelamiento y que recuperen su derecho a ejercer sus profesiones de abogados en seguridad. Hacemos un llamado a los Estados a plantear públicamente sus casos durante el Diálogo Interactivo con el Secretario General Adjunto en la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

 

Llamada a la acción:

 

¡Únase a nosotros para pedir a los Estados que pongan fin a las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos! Aquí puede tomar acciones rápidas e impactantes:

 

Haga clic para tuitear

un mensaje de solidaridad con Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize, Vital Nshimirimana y Lambert Nigarura y exhorte a los Estados a que se hagan cargo de su caso, que exijan que se restablezca su derecho a ejercer su profesión de abogados, que puedan llevar a cabo su trabajo en los derechos humanos de manera segura y efectiva en Burundi y para que puedan continuar su labor para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus abusos contra los DDHH.

 

Escriba a los representantes de los Estados en la ONU

e instándolos a que asuman los casos de Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize, Vital Nshimirimana y Lambert Nigarura y los de las personas y las organizaciones y defensoras de derechos humanos de Belarús, China, Egipto y Venezuela.

Jiang Tianyong

China

China

Jiang Tianyong

China

 

Contexto:

 

Jiang Tianyong es un reconocido abogado de derechos humanos y activista de derechos legales de China. Ha estado trabajando en las comunidades populares para defender los derechos a la tierra, a la vivienda, y para promover los derechos de los grupos sociales vulnerables y para evidenciar las causas profundas de los abusos sistemáticos de los derechos.

 

Jiang defendió casos de gran relevancia en China, como los de personas con VIH, de practicantes de Falun Gong, de manifestantes tibetanos y de víctimas del escándalo de la leche de 2008.

 

A pesar de haber sido inhabilitado arbitrariamente por el gobierno en 2009, Jiang ha continuado incansablemente su valiosa labor en defensa de los derechos humanos para mejorar la situación en China. Él ha persistido en denunciar las violaciones de los derechos humanos en su país y ha apoyado a numerosas y conocidas personas defensoras de los derechos humanos detenidas ilegalmente. 

 

¿Qué ocurrió?

 

El 21 de noviembre de 2016, Jiang desapareció bajo custodia policial cuando se dirigía a su casa. Su desaparición se produjo después de que se reuniera con el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos durante su visita a China un mes antes. 

 

En diciembre de 2016, cuatro Titulares de Mandatos de Procedimientos Especiales emitieron un llamamiento urgente en relación con las medidas adoptadas contra Jiang, entre ellas el hecho de que su desaparición podría haberse producido, al menos en parte, como represalia por su cooperación con el Relator Especial.

 

Posteriormente, Jiang fue condenado en noviembre de 2017 a dos años de prisión por “incitar a la subversión contra el poder del Estado”. Además de la pena de prisión, se le privó de sus derechos políticos durante tres años. 

 

Jiang cumplió formalmente su condena de tres años de “privación de derechos políticos” en febrero de 2022. Sin embargo, sigue viviendo bajo arresto domiciliario efectivo en Luoshan. 

 

Sus movimientos en la localidad son cuidadosamente vigilados por agentes de la seguridad pública local y de la seguridad del Estado de todo el condado de Luoshan, y no se le permite salir del país, ni siquiera para reunirse con su esposa en Estados Unidos.

 

Además, se han planteado serias dudas sobre su falta de acceso a la asistencia sanitaria, derivada de su arresto domiciliario. 

 

¿Qué queremos?

 

Queremos que el caso de Jiang Tianyong se reconozca ampliamente como un caso de represalia relacionado con su implicación ante la ONU y que recupere su plena libertad. Queremos que los Estados planteen públicamente su caso durante el Diálogo Interactivo con el Asistente del Secretario General en la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

 

Llamada a la acción

 

¡Únase a nosotros para pedir a los Estados que pongan fin a las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos! Aquí puede tomar acciones rápidas e impactantes:

 

Haga clic para tuitear

un mensaje de solidaridad con Jiang Tianyong, pidiendo a los Estados que se hagan cargo de este caso y que exijan el fin de su detención arbitraria para que pueda continuar con su indispensable labor como abogado y defensor de los derechos humanos.

 

Escriba a los representantes de los Estados en la ONU

e instándolos e ínstelos a que se interesen por el caso de Jiang Tianyong, así como por los de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de Belarús, Burundi, Egipto y Venezuela.

Ibrahim Metwally Hegazy

Egipto

Ibrahim Metwally Hegazy es un defensor de los derechos humanos y abogado que trabaja en el tema de las desapariciones forzadas. Es cofundador y coordinador de la Asociación de Familias de Desaparecidos en Egipto.

Ibrahim Metwally Hegazy

Egipto

 

Contexto:

 

Ibrahim Metwally Hegazy es un defensor de los derechos humanos y abogado que trabaja en el tema de las desapariciones forzadas. Es cofundador y coordinador de la Asociación de Familias de Desaparecidos en Egipto.

 

La red se centra en ayudar a las familias a localizar e investigar el paradero de sus seres queridos sometidos a desaparición Forzosa o Involuntaria. Metwally Hegazy fundó esta organización tras la desaparición de su propio hijo en julio de 2013, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

 

En septiembre de 2017, mientras se dirigía a Ginebra invitado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, fue desaparecido durante dos días, y posteriormente fue detenido arbitrariamente. Cinco años después, sigue detenido. 

 

¿Qué ocurrió?

 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias invitó a Ibrahim Metwally Hegazy a participar en la 113ª sesión con motivo del examen de Egipto en septiembre de 2017, en Ginebra. Mientras viajaba, el abogado fue desaparecido y posteriormente detenido de forma arbitraria. 

 

Debido a su valioso trabajo como defensor de los derechos humanos, fue acusado por el gobierno egipcio de “fundar y dirigir una organización terrorista ilegal, conspirar con entidades u organizaciones extranjeras para perjudicar la seguridad del Estado y difundir información falsa”.En realidad, el trabajo y la dedicación de Ibrahim Metwally Hegazy han servido para apoyar a decenas de familias que sufren la ira y el dolor ante la desaparición forzada de sus seres queridos. Metwally fue detenido en la sección de máxima seguridad de la prisión de Aqrab (Tora) y sometido a maltratos y torturas durante su detención.

 

Los abusos contra Metwally se intensificaron y sus condiciones de detención son extremadamente precarias. A pesar de sufrir problemas médicos agudos, se le ha negado la posibilidad de ser examinado por especialistas médicos.

 

El 14 de agosto de 2019, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias adoptó una opinión en la que determinaba que la detención de Metwally era arbitraria y señalaba que su detención equivalía a un acto de represalia por su cooperación con las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo consideró que Metwally debía ser liberado inmediatamente y recibir una indemnización y otras reparaciones. 

 

El 13 de noviembre de 2019, en una comunicación, los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales expresaron su preocupación por la persistencia de la detención de Metwally, subrayando que “ha sido detenido en condiciones que constituyen un acto de tortura”.

 

¿Qué queremos?

 

Queremos que el caso de Ibrahim Metwally Hegazy sea ampliamente reconocido como un acto de represalia debido a su compromiso con la ONU. Queremos que sea liberado y pedimos a los Estados que planteen públicamente su caso durante el Diálogo Interactivo con el Subsecretario General en la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

 

Llamada a la acción

 

¡Únase a nosotros para pedir a los Estados que pongan fin a las represalias contra las personas que defieden los derechos humanos! Aquí puede tomar acciones rápidas e impactantes:

 

Haga clic para tuitear

un mensaje de solidaridad con Ibrahim Metwally Hegazy, pidiendo a los Estados que se hagan cargo de este caso y que exijan el fin de su detención arbitraria para que pueda continuar con su indispensable labor como abogado y defensor de los derechos humanos.

 

Escriba a los representantes de los Estados en la ONU

e ínstelos a que se interesen por el caso de Ibrahim Metwally Hegazy, así como por los de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de Belarús, Burundi, China y Venezuela.

Cinco organizaciones de la sociedad civil

Venezuela

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el Control Ciudadano y Espacio Público son cinco organizaciones no gubernamentales que trabajan para la promoción de los derechos humanos en Venezuela.

Cinco organizaciones de la sociedad civil

Venezuela

 

Contexto:

 

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el Control Ciudadano y Espacio Público son cinco organizaciones no gubernamentales que trabajan para la promoción de los derechos humanos en Venezuela.

 

Estas cinco organizaciones tienen un historial de vinculación con órganos y mecanismos de derechos humanos de la Naciones Unidas (ONU), un esfuerzo crucial ante la crisis multidimensional que vive Venezuela, con quienes han denunciado abusos en el país, incluso con la Misión de Determinación de los Hechos (FFM, en inglés), establecida por la Consejo de Derechos Humanos en 2019. El mandato de la FFM incluye la investigación de graves violaciones de derechos humanos en el país desde 2014 y se basa en gran medida en información valiosa comunicada por grupos de la sociedad civil los cinco mencionados anteriormente.

 

Las cinco ONG han sido estigmatizadas y desprestigiadas públicamente y en las redes sociales por altos funcionarios del Estado por su colaboración con la ONU, actos en los cuales fueron denunciados específicamente la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y el director de Espacio Público, Carlos Correa.

 

¿Qué ha ocurrido?

 

El 24 de septiembre de 2020, el sitio web Misión Verdad publicó un artículo titulado ‘Desmontando el informe de la Misión “Independiente” contra Venezuela: las fuentes’. El artículo nombraba como fuentes a las cinco ONG y a sus directores, desacreditando su trabajo al afirmar que las acusaciones contra el Estado no se basaban en hechos y acusando a las organizaciones de recibir financiamiento extranjero ‘para desestabilizar el país’.

 

Parte de la información contenida en el artículo de Misión Verdad fue compartida en las redes sociales por el Ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente, funcionarios del gobierno hicieron comentarios públicos contra miembros de la sociedad civil, incluso a través de canales de medios institucionales y sitios web oficiales.

 

El 9 de noviembre de 2020, los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales expresaron su preocupación por esta estigmatización pública de las ONG, quienes dijeron que estos parecían ser actos de represalia por su cooperación con los mecanismos de la ONU, incluida la FFM.

 

El 6 de mayo de 2021, el gobierno venezolano respondió a los titulares de mandatos, argumentando que las referencias hechas por actores en la vida pública no pueden considerarse ‘acoso’ y, señalando que las ONG, como actores clave en el debate democrático, están sujetas a un mayor nivel de escrutinio y que deben tener mayor tolerancia a las críticas.

 

La estigmatización pública de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de los DDHH tras su cooperación con la ONU es una forma de represalia e intimidación. En este caso, autoridades con antecedentes de presuntos abusos y violaciones están incitando al acoso de grupos legítimos de la sociedad civil.

 

¿Qué queremos?

 

Queremos que los casos de COFAVIC, OVCS, CEPAZ, de Control Ciudadano y su directora, Rocío San Miguel, y de Espacio Público y su director, Carlos Correa, sean ampliamente reconocidos como actos de represalia. Queremos que termine su estigmatización pública. Hacemos un llamado a los Estados a plantear públicamente sus casos durante el Diálogo Interactivo con el Secretario General Adjunto durante la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

 

Llamada a la acción

 

¡Únase a nosotros para pedir a los Estados que pongan fin a las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos! Aquí puede tomar acciones rápidas e impactantes:

 

Haga clic para tuitear

un mensaje de solidaridad con la sociedad civil venezolana y haga un llamado a los Estados para que se hagan cargo de este caso y que exijan el fin de la estigmatización de voces cruciales de la sociedad civil en Venezuela.

 

Escriba a los representantes de los Estados en la ONU

e ínstelos a que se interesen por este caso y los casos de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Belarús, Burundi, China y Egipto.

Todo lo que debe saber sobre la intimidación y las represalias en la ONU

Las personas que defienden los derechos humanos son protagonistas del cambio. Promueven la dignidad, la equidad, la paz y la justicia en sus hogares, lugares de trabajo, comunidades y países. Desafían a los gobiernos que no respetan ni protegen a su pueblo, a las empresas que degradan y destruyen el medio ambiente y a las instituciones que perpetúan los privilegios y el patriarcado.

Para muchas personas, las Naciones Unidas (ONU) son el último escenario en el que pueden enfrentarse a los abusos. Sin embargo, allí también los gobiernos les silencian y les hostiga. Algunos Estados intimidan a las personas que trabajan en defensa de los derechos humanos y a las víctimas que intentan comprometerse con los órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU para denunciar las violaciones, o incluso llevan a cabo represalias contra quines logran relacionarse con estos. Esos gobiernos ven a quienes defienden los derechos humanos como enemigos y su compromiso con la ONU como una amenaza para su imagen y su poder.

En los últimos años, ha aumentado el número y la gravedad de los casos de intimidación y represalias denunciados.

Los actos de intimidación y las represalias tienen como objetivo crear miedo o impedirle el acceso a las Naciones Unidas a las personas que defienden los derechos humanos. Las represalias y la intimidación adoptan diferentes formas, desde la prohibición de viajar, las amenazas o el acoso, incluso por parte de funcionarios, las campañas de desprestigio, la vigilancia, la introducción de legislaciones restrictivas, hasta las agresiones físicas, arrestos, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos,  violencia sexual, denegación de acceso a atención médica e incluso los asesinatos.  

El derecho a un acceso seguro y sin obstáculos a los mecanismos de justicia internacionales y regionales, y a estar libre de cualquier forma de intimidación o represalia por buscar justicia, es tanto un derecho humano fundamental como esencial para la relevancia y eficacia de estos mecanismos. 

La participación de quienes defienden los derechos humanos en la labor de los mecanismos internacionales y regionales permite obtener mejores resultados. Las personas que trabajan en defensa de los derechos humanos aportan información y perspectivas cruciales sobre la situación de los derechos humanos en el terreno. Los mecanismos internacionales y regionales dependen de esos conocimientos y aportes para tomar decisiones fundamentadas.

La ONU ha desarrollado una serie de mecanismos para hacer frente a la intimidación y a las represalias en los últimos 30 años. En la actualidad, el principal mecanismo es un informe publicado anualmente por el Secretario General de la ONU que recopila y publica los casos de intimidación y represalias documentados por los diferentes mecanismos de derechos humanos de la ONU o presentados de otro modo por las víctimas.

Además, desde 2016, el Subsecretario General de Derechos Humanos ha sido designado como alto funcionario para dirigir los esfuerzos dentro del sistema de la ONU para hacer frente a la intimidación y a las represalias. Usted puede encontrar más información en la página de las Naciones Unidas. 

Aunque este nombramiento ha supuesto un aumento de los recursos y una mejora de la información y seguimiento, aún es posible fortalecer la respuesta de la ONU. Por ejemplo:

  • No existe un sistema claro de rastreo y seguimiento de los casos y no se ha realizado un análisis a largo plazo en los 30 años de trabajo de la ONU en materia de represalias sobre lo que está funcionando y lo que no;
  • Muchos incidentes no se denuncian y otros se excluyen;
  • Son pocos los Estados que han adoptado una postura clara, manifiesta y pública contra las represalias y aún menos los que han pedido a sus pares que pongan fin a estas violaciones;
  • Casi el 50% de los actuales miembros del Consejo de Derechos Humanos. el principal órgano internacional encargado de los derechos humanos, ha sido citados en los últimos cinco informes anuales del Secretario General por llevar a cabo represalias;
  • Aun son pocas las personas que defienden de los derechos humanos que conocen los mecanismos de la ONU para hacer frente a las represalias y/o no saben cómo utilizarlos eficazmente.

El Servicio internacional por los derechos humanos (ISHR) busca garantizar que los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos cuenten con los mecanismos necesarios para prevenir las represalias y garantizar la rendición de cuentas cuando éstas se produzcan. ISHR proporciona publicidad protectora a la personas que trabajan en defensa de los derechos humanos y que se encuentran en situación de riesgo. ISHR también trabaja para llamar la atención de los funcionarios pertinentes sobre los casos de intimidación y represalias, en un esfuerzo por ejercer presion para que se tomen medidas preventivas y se den respuestas eficaces.

Durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, entre el 17 de septiembre y el 4 de octubre de 2021, los Estados negociaron una resolución que pretende reforzar la respuesta de la ONU y de los Estados a las intimidaciones y represalias. El Servicio internacional por los derechos humanos (ISHR) y sus aliados hicieron un llamamiento a los Estados a través de reuniones, cartas y redes sociales para que respalden la resolución y se opusieran a cualquier intento de debilitarla. La resolución finalmente fue adoptada por consenso el 8 de octubre de 2021.

La resolución invita al Secretario General a llevar a la Asamblea General la temática de las intimidaciones y represalias contra quienes de alguna manera colaboran con la ONU. El Secretario General puede ahora decidir presentar su informe anual sobre los casos de represalias e intimidación ante la Asamblea General de la ONU. Esto es importante porque la Asamblea General es el principal foro de elaboración de políticas de la ONU y los 193 Estados están representados en él. Las represalias e intimidaciones relacionadas con la cooperación con la ONU son un problema grave que afecta a todo el sistema y que se discuta en la Asamblea General entre todos los Estados miembros es crucial para prevenirlo y abordarlo de forma eficaz.

La base de datos de ISHR sobre las represalias

Con el fin de ayudar a las partes interesadas en la investigación, el análisis y la acción sobre los casos de represalias e intimidación, ISHR lanzó una base de datos en línea que recopila los casos o situaciones de intimidación y represalias documentados por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) desde 2010.

  • 709

    Casos de intimidación y represalias contra defensores y defensoras de derechos humanos que interactúan con la ONU denunciados por el Secretario General de la ONU desde 2010

  • 76

    Países en los que el Secretario General de la ONU ha documentado casos de represalias desde 2010

  • 11

    Informes publicados por el Secretario General de la ONU sobre intimidaciones y represalias