La ONU debe renovar el mecanismo clave de protección para Nicaragua

Instamos a que el Consejo de Derechos Humanos renueve por dos años su resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que establece los mandatos de investigación del Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) y de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

1. La resolución debe renovar por dos años ambos mandatos. Así, entre abril de 2023 y marzo de 2025:

• El GHREN presentaría dos informes escritos al CDH (sesiones de marzo) y dos actualizaciones orales sobre su progreso (sesiones de septiembre)
• La OACNUDH presentaría dos informes escritos al CDH (sesiones de septiembre) y seis actualizaciones orales (sesiones de marzo y junio, y en diciembre fuera de las sesiones del CDH).
• La resolución debe consolidar el enfoque de monitoreo temático de la OACNUDH sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y de las personas migrantes, apátridas y desplazadas forzosamente, la violencia sexual y de género, y la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
• La resolución debe reforzar las capacidad financieras, humanas y logísticas del GHREN, para permitir su operacionalización inmediata.

El Consejo de Derechos Humanos suele renovar sus resoluciones país por períodos de un año, con el fin de poder reevaluar anualmente contextos nacionales volátiles. Sin embargo, la resolución sobre Nicaragua debe renovarse por dos años, por los siguientes motivos:

• El continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, manifestado por la fuga de al menos 4% de la población del país desde abril de 2018, y por todas las acciones adoptadas por el Gobierno que son contrarias a todas las recomendaciones de las resoluciones del CDH sobre Nicaragua, documentadas por el Colectivo 46/2.
• La negativa del Gobierno de adoptar medidas para implementar ninguna de las recomendaciones emitidas desde 2018 por las resoluciones del CDH, la OACNUDH, los órganos de tratado, los Grupos de trabajo y Relatorías Especiales, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • En su informe al CDH, la OACNUDH destaca: “La situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente desde 2018 sin que el Gobierno haya mostrado voluntad política de afrontar la crisis mediante el diálogo y la implementación de recomendaciones formuladas por mecanismos de derechos humanos”.
• El continuo y asumido aislamiento internacional del Gobierno de Nicaragua, manifestado a través de:
  • la expulsión de las presencias de la OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, y del jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en 2022;
  • la negativa de atender a sus obligaciones vinculantes bajo tratados internacionales de derechos humanos y someterse a las revisiones por cinco comités de la ONU (órganos de tratado), de aceptar una visita confidencial del Subcomité para la Prevención de la Tortura, y el envío de una carta recriminatoria al Comité contra la Tortura, conllevando a una condena pública inédita por ambos comités contra la tortura;
  • los actos de represalias en contra de al menos 7 representantes de la sociedad civil por cooperar con la ONU, incluyendo la actual miembra nicaragüense del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (MEDPI), Anexa Alfred Cuningham;
  • el rechazo a cualquier crítica por organismos de la ONU, y los ataques a dichos organismos.
• La necesidad de asegurar una continuidad temporal en el trabajo del GHREN, a la luz de la amplitud del mandato de investigación detallada de las violaciones graves de los derechos humanos, identificación de perpetradores, y recolección de pruebas, con el cual tiene que cumplir. La renovación anual de la resolución tiene implicaciones presupuestales y administrativas que frenan la operacionalización del mandato por varios meses, obstaculizando la implementación del mandato del GHREN.
• Precedente: Venezuela, SR Cambodia.
• La renovación por dos años de ambos mandatos del GHREN y la OACNUDH no impide que el CDH responda a cambios repentinos y estructurales en Nicaragua durante el mismo periodo, mediantes resoluciones, declaraciones, y otros instrumentos a su disposición.
• Existen precedentes de resoluciones país renovadas por dos años, tras una apreciación específica a cada situación nacional bajo escrutinio, como fueron los casos de la Misión de determinación de hechos sobre Venezuela y del Relator Especial sobre Camboya.

Pueblos indígenas y afrodescendientes:

• Los actos sistemáticos de violencia cometidos por grupos armados contra comunidades indígenas Mískitu y Mayangna en las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua y en la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS, por defender su tierra y territorio. (Fuentes: Comité contra la Tortura, párrafos 29-30; Relatorías Especiales).
• La imposición de gobiernos paralelos para suplantar las autoridades de las comunidades legítimamente elegidas por ellos (Fuente: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 11).
• Nicaragua debe garantizar que se realizan consultas amplias y sustantivas con los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre asuntos relacionados con sus derechos, en particular su derecho al consentimiento libre, previo e informado, y también en los casos de concesión de permisos para proyectos de desarrollo que puedan afectar a sus derechos sobre la tierra, y a que asegure en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios, así como mediante la ejecución del saneamiento territorial de los territorios ya demarcados y titulados (Fuente: Comité de Derechos Humanos, párrafos 41-42).

Detenciones arbitrarias y persecución a personas presas políticas:

• Detenciones arbitrarias de familiares de miembros de partidos políticos de oposición y personas presas políticas con el fin de coaccionar a estos últimos a rendirse (Fuente: OACNUDH)
• El destierro de 222 personas presas políticas el 9 de febrero de 2023, y su consiguiente expulsión del territorio de Nicaragua hacia los Estados Unidos de América.
• La modificación de algunas disposiciones del Código Penal que imponen sentencias de cadena perpetua contradiciendo la pena máxima de treinta años establecida por la Constitución Política de Nicaragua, y del Código Procesal Penal que amplía de 48 horas a tres meses la prisión preventiva (Fuente: CIDH-MESENI; prensa)
• La Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (Ley 1115) que permitió el cierre de más 3,000 organizaciones de la sociedad civil (Fuente: Comité de Derechos Humanos, párrafo 25; Alto Comisionado para los Derechos Humanos; Relatorías Especiales).
• Prácticas inconstitucionales como las recientes reformas de sentencias en que se condenan a personas presas políticas a la pena accesoria de inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Migración:

• La reforma expeditiva del artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua permitiendo el despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a por lo menos 317 personas, contraviniendo a las obligaciones del Estado en virtud de las Convenciones de 1954 y 1961 sobre personas apátridas.
• La importancia de consolidar políticas migratorias basadas en la acogida digna de conformidad con los estándares internacionales.

Violencia de género:

• El incremento del número de femicidios y otros actos de violencia sexual y de género en el país, la creciente vulnerabilidad física y psicológica en la que se encuentran las mujeres, quienes han sido desprovistas de mecanismos efectivos de denuncia y del apoyo de organizaciones de la sociedad civil, cuya personalidad jurídica fue cancelada, en la atención a víctimas de violencia, en particular a las mujeres y niñas indígenas víctimas de amenazas y violencia por colonos armados por el ejercicio de sus derechos y defensa de su tierra y territorio. (Fuente: informe de la OACNUDH; Comité de Derechos Humanos, párrafos 17-18; Comité Contra la Tortura, párrafo 16; Relatorías Especiales).
  • Nicaragua debe permitir a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres la continuidad de su labor.

Cooperación con organismos internacionales:

• Nicaragua rehusó participar de su reivisón por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2021, así como por el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2022. Nicaragua se negó a aceptar una visita confidencial del Subcomité para la Prevención de la Tortura, y envió una carta despectiva al Presidente del Comité contra la Tortura el 30 de junio de 2022.
  • Nicaragua debe cooperar constructivamente en su futura revisión por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en mayo de 2023.
  • Nicaragua debe cooperar con la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo a través la implementación de medidas provisionales y cautelares emitidas por ambos órganos.

Represalias:

• El Secretario-General de la ONU ha reportado al menos 7 casos de represalias en contra de activistas de Nicaragua por cooperar con la ONU desde mayo de 2020. En septiembre de 2022, a Anexa Alfred Cunningham, experta independiente de la ONU y miembra del MEDPI, se le negó la entrada a Nicaragua, desterrándola de su país en un exilio forzoso, en represalia por su colaboración con la ONU y su trabajo previo como líder indígena y mujer defensora de los derechos humanos dentro del país.
  • Nicaragua debe garantizar el retorno seguro a Anexa Alfred Cunningham y todas las personas y ciudadanos a los que les hayan negado este derecho, incluyendo las 222 personas presas políticas expulsadas de Nicaragua el 9 de febrero de 2023, sin temor a nuevas represalias, intimidaciones o ataques.

El GHREN es un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas de la ONU
establecido para un período inicial de un año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
mediante su resolución 49/3 en mrazo de 2022.

El GHREN tiene como mandato:

• Investigar de forma exhaustiva todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, incluidas sus posibles dimensiones de género, y sus causas estructurales profundas;
• Reunir, consolidar, preservar y analizar las pruebas de dichas violaciones;
• De ser posible, identificar a las personas responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas;
• Colaborar con el Gobierno de Nicaragua, la OACNUDH, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con objeto de intercambiar información, y prestar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de derechos humanos en Nicaragua.

El GHREN no es un órgano judicial y sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, sino que informan de forma imparcial a la comunidad internacional, y constituyen elementos de prueba para futuros procesos de justicia y rendición de cuentas.

El GHREN está compuesto por tres personas expertas independientes nombradas por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos: Jan-Michael Simon (Presidente del GHREN), Ángela Buitrago, y Alexander Álvarez (dejó sus funciones).

En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2 instando al Gobierno de Nicaragua a adoptar una serie de medidas de emergencia para resolver la crisis multidimensional de derechos humanos en el país.

En 2022, junto con el Colectivo 46/2, ISHR hizo campaña a favor de una respuesta más asertiva del Consejo a través del establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia y la rendición de cuentas para Nicaragua.

En marzo de 2022, el Consejo  adoptó la resolución 49/3 que creó el ‘Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua‘ y en la que instó al Gobierno de Nicaragua a cooperar con varios organismos de la ONU, incluido el recién creado Grupo de Expertos. Este grupo tiene el mandato de investigar presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 y hacer recomendaciones a las partes interesadas pertinentes.

El 15 de diciembre de 2022, junto con la coalición Colectivo 46/2, ISHR emitió un llamado global para el fortalecimiento y la renovación por dos años de la resolución 49/3 en la 52ª sesión del Consejo en marzo de 2023.