Nicaragua: Marcos de Evaluación de la Resolución 46/2
El 'Colectivo 46/2', y ISHR, han lanzado una serie de Marcos de Evaluación sobre la implementación de la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
El pasado 23 de marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2, en la que hace una serie de recomendaciones al Gobierno nicaragüense sobre la crisis de derechos humanos que sufre el país en sus múltiples vertientes. Estas van desde la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la reducción del espacio de la sociedad civil, hasta la violencia sexual y de género, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sociales y económicos, las elecciones libres y justas, así como la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
El Colectivo 46/2 -una coalición de ONG internacionales, regionales y nicaragüenses de la que forman parte el ISHR y el Instituto Internacionla para Raza, Igualdad y Derechos Humanos- ha lanzado una serie de Marcos de Evaluación para valorar el grado de implementación de la resolución 46/2.
El primer Marco se publicaró en agosto de 2021, y el segundo en noviembre de 2021. El tercer (y último) se publicará en enero de 2022. Los Marcos de Evaluación están disponibles en inglés y español.
Evaluando la acción -o inacción- del gobierno frente a una serie de objetivos claros, y basándose en información pública de los sistemas de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como en informes independientes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, las organizaciones han establecido que:
- El gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales ni iniciales para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2;
- El gobierno ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones, lo que ha dado resultado en un espacio cerrado de la sociedad civil y a un aumento de los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, candidatas presidenciales y disidentes, en los últimos meses.