Los derechos a reunirnos, compartir nuestras opiniones, plantear nuestras quejas, expresar nuestra disconformidad, proponer soluciones y protestar para generar cambios son vitales para el progreso y para la realización de todos los demás derechos humanos.
El ejercicio, la promoción y la protección de estos derechos -los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de reunión pacífica- son parte integral del trabajo de quienes defienden los derechos humanos y de la promoción y protección de todos los demás derechos. Cada uno de los derechos está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y muchas constituciones y leyes nacionales.
Desafortunadamente, algunos gobiernos, empresas y otros agentes no estatales no ven con buenos ojos el escrutinio, la rendición de cuentas, las críticas, la libertad de expresión o las peticiones de cambio. En algunos países, las personas que defienden los derechos humanos se enfrentan a amenazas y ataques, ven cerradas sus organizaciones y son criminalizadas, detenidas o incluso asesinadas por el mero hecho de alzar la voz o protestar. También pueden sufrir intimidaciones o represalias por aportar pruebas o testimonios a la ONU.
ISHR apoya a las personas defensoras de los derechos humanos en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y asociación a nivel internacional y regional, incluso acreditando y dándoles apoyo para que asistan y se expresen en la ONU y en foros regionales como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. También defendemos a las personas defensoras cuando se violan o deniegan sus derechos, movilizando a funcionarios de alto nivel de la ONU y de los gobiernos aliados para que exijan rendición de cuentas cuando las personas defensoras son objeto de ataques, amenazas o restricciones.
A nivel nacional, nuestro trabajo con los socios locales para promover la promulgación de leyes de protección de quienes defienden de los derechos humanos contribuye a garantizar que los derechos de las personas defensoras a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la protesta pacífica, a la libertad de asociación y a la participación pública, entre otros, estén garantizados por la legislación nacional.