Las personas defensoras de los derechos humanos están en la primera línea de la protección de sus comunidades, del medio ambiente y de los recursos naturales clave que mantienen el equilibrio en nuestro planeta. Un equilibrio que está cada vez más amenazado. Los datos son claros: existe una tendencia al aumento de los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente en todas las regiones. A nivel mundial, en 2020 se registraron 604 agresiones contra activistas que trabajan en cuestiones de derechos humanos relacionadas con las empresas (enlace en inglés), a pesar de la labor vital que realizan para que sus comunidades puedan vivir en sus tierras de forma saludable y sostenible, o debido a ella.
Muchas agresiones contra quienes defienden los derechos humanos están relacionadas con las actividades empresariales, ya que los agentes privados perpetran directamente los abusos o no actúan contra los daños inminentes y previsibles relacionados con las actividades empresariales. La situación es especialmente preocupante en los sectores extractivo y agroindustrial.
La demanda de recursos naturales está en su punto más alto y sigue creciendo, mientras avanza la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad. A este ritmo, si la población mundial sigue creciendo como se prevé, en 2050 necesitaremos tres planetas para obtener los recursos naturales que actualmente sostienen nuestro modo de vida. Los sectores económicos vinculados a la explotación de los recursos naturales suelen estar a la cabeza de los abusos de los derechos humanos a nivel mundial, como las empresas extractivas, de petróleo y gas o las vinculadas a los sectores que impulsan la llamada cuarta revolución industrial, como las baterías o los paneles solares.
Avanzar hacia una economía con cero emisiones de carbono se hace indispensable. Sin embargo, esta transición no debe fomentarse a expensas de los derechos humanos o de los perjuicios para las comunidades locales. La transición hacia las fuentes de energía renovables es una oportunidad para abordar graves problemas socioeconómicos, pero también se ha convertido en una amenaza para los derechos humanos, ya que cada vez son más frecuentes los abusos relacionados con los proyectos de energías renovables.
