Photo: Leon Hernandez / Wikimedia Commons
Organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta al nuevo gobierno de Colombia con tres recomendaciones para prevenir los crímenes y mejorar la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos.
El nuevo gobierno asumió la presidencia el pasado 7 de Agosto y con ello se abre una oportunidad histórica y sin precedentes para frenar las dinámicas de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Para las organizaciones nacionales esta transformación será posible en tanto exista un compromiso para la implementación de los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Paz y un cambio hacia una política de seguridad eficaz, con presencia integral en los territorios.
La alarmante cifra que deja la administración saliente corresponde a más de 900 personas defensoras de derechos humanos asesinadas durante los últimos cuatro años y 107 tan solo para el año en curso, según los datos de la organización INDEPAZ. Desde ISHR, junto con organizaciones internacionales y nacionales, animamos los diálogos participativos y el acompañamiento en las reformulaciones necesarias para garantizar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas de los crímenes contra ellos.
Lea aquí el comunicado.
Download as PDF
La ONU ha examinado el historial de derechos humanos de El Salvador, y la sociedad civil, los organismos de la ONU y muchos Estados han pedido que se levante el estado de excepción que, según grupos de la sociedad civil, ha llevado a la detención arbitraria de miles de personas.
Ante la próxima investidura presidencial, ISHR se une a otras organizaciones internacionales que piden el cese de la represión y el respeto de la soberanía popular en Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
