Photo: Leon Hernandez / Wikimedia Commons
Organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta al nuevo gobierno de Colombia con tres recomendaciones para prevenir los crímenes y mejorar la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos.
El nuevo gobierno asumió la presidencia el pasado 7 de Agosto y con ello se abre una oportunidad histórica y sin precedentes para frenar las dinámicas de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Para las organizaciones nacionales esta transformación será posible en tanto exista un compromiso para la implementación de los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Paz y un cambio hacia una política de seguridad eficaz, con presencia integral en los territorios.
La alarmante cifra que deja la administración saliente corresponde a más de 900 personas defensoras de derechos humanos asesinadas durante los últimos cuatro años y 107 tan solo para el año en curso, según los datos de la organización INDEPAZ. Desde ISHR, junto con organizaciones internacionales y nacionales, animamos los diálogos participativos y el acompañamiento en las reformulaciones necesarias para garantizar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas de los crímenes contra ellos.
Lea aquí el comunicado.
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Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Durante su diálogo interactivo con Estados del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó nuevamente su frustración por la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.
En el contexto de un recrudecimiento de la represión en Venezuela, funcionarias y expertas de la ONU y estados hacen llamados a favor del respeto de las personas defensoras, la liberación de las detenidas arbitrariamente, elecciones justas y el retorno de la OACNUDH sin concesiones.
