Estados exponen una larga lista de crímenes y la represión de DDHH en China ante la ONU

Ante el análisis de su historial de derechos humanos en las Naciones Unidas, los representantes chinos volvieron a negar años de pruebas examinadas por la ONU que apuntan a una larga lista de abusos contra los derechos humanos, desde la represión general contra personas defensoras en China continental y Hong Kong, a posibles crímenes de lesa humanidad contra la comunidad uigur, y la asimilación cultural de la comunidad tibetana.

Durante la sesión correspondiente a China del Examen Periódico Universal (EPU) – un mecanismo de la ONU donde los Estados examinan mutuamente su historial de DDHH y emiten recomendaciones para avanzar-, una delegación china de casi sesenta personas se jactó de dudosos logros, respondiendo a las críticas con acusaciones de ‘injerencia’ y ‘difamación’. La delegación china dijo que habían ratificado 51 nuevas leyes y mejorado unas 113 más desde su última revisión, en 2018, afirmando que habían garantizado que “nadie [en China] quede fuera o atrás”.

A pesar de los esfuerzos de China por presionar a gobiernos para que repitieran sus propios mensajes y el formato restrictivo de la reunión – que sólo permitía 45 segundos para cada intervención -, al menos 50 Estados hicieron numerosas, específicas y detalladas recomendaciones a Pekín sobre cuestiones urgentes.

Estas incluyeron, entre otras, llamados explícitos a imponer una moratoria o abolir completamente la pena de muerte; otorgar acceso irrestricto al país a personas mandatarios del sistema de la ONU de de derechos humanos, incluso en Xinjiang y el Tíbet; a que China ratifique e implemente efectivamente los tratados de derechos humanos; a poner fin a la censura generalizada y desmantelar las medidas que obstaculizan la libertad de asociación, reunión y expresión de la sociedad civil, periodistas y prefosionales legals; a abolir la amplia ley de “Seguridad Nacional” de Hong Kong; y a poner fin a las prácticas ampliamente documentadas de internamiento y separación de familias en Xinjiang y el Tíbet.

Lhadon Tethong, del Tibet Action Institute y representante de la Tibet Advocacy Coalition, dijo: “China cree que puede salirse con la suya cometiendo crímenes atroces, incluido el internamiento de un millón de niñes tibetanes en un sistema coercitivo de escuelas residenciales diseñado para acabar con su identidad, pero el examen de hoy de la ONU muestra que Los gobiernos están dispuestos a responsabilizar a Pekín. El dramático aumento en el número de Estados miembros de la ONU que hablaron a favor del Tíbet en la revisión de China habla de la amenaza existencial que las políticas asimilacionistas de China representan para el pueblo tibetano.”

Haciéndole eco a un llamado de de ISHR, siete países, entre ellos Francia, Suecia y Australia, también instaron a Pekín a poner fin a la práctica de “vigilancia residencial en un lugar designado”, conocida por su sigla en inglés  como “RSDL” (“Residential Surveillance at a Designated Location”) – que personas expertas de la ONU han calificado como una forma de desaparición forzada.

Sorprendentemente, durante la sesión del EPU se dio un aumento en las recomendaciones relacionadas con la falta de cooperación significativa de China con el sistema de derechos humanos de la ONU: Argentina fue uno de los 20 países que pidieron a China que implementara recomendaciones clave de organismos imparciales de la ONU, incluido el informe Xinjiang de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y las conclusiones de la Comités sobre discriminación racial, derechos de las mujeres y derechos económicos, sociales y culturales.

Fueron 13 gobiernos, incluidas democracias del Sur Global como Perú, Paraguay y las Bahamas, quienes instaron a China a aceptar las solicitudes pendientes de visitas de expertos de Procedimientos Especiales de la ONU. También enfatizaron que Pekín debería ofrecerles acceso sin restricciones y cualquier información necesaria, y México recalcó que éstas deberían llevarse a cabo “de acuerdo con los Términos de Referencia de la ONU [para tales visitas]”.

“Haciéndose eco de las propias recomendaciones de la ONU y pidiendo acceso irrestricto a los expertos de la ONU, los gobiernos de todas las regiones imponen hoy a Pekín la responsabilidad de demostrar si está dispuesto a ser un actor constructivo en el sistema de la ONU y respetar las reglas”, dijo Raphael Viana David, director del programa de China de ISHR. “Las recomendaciones de los países en desarrollo contrarrestan la percepción que existe un apoyo unánime hacia China por parte del Sur Global: a pesar de la narrativa de Pekín, no se trata de una cuestión de ‘Occidente contra China’, sino de respeto a los derechos básicos”, añadió Viana.

En los días previos al EPU, se reportaron intentos de restringir el espacio de la sociedad civil: una nota verbal de la representación china solicitó a los servicios de seguridad de la ONU en Ginebra que no le dieran paso a una lista de activistas calificados de “anti-China”. La participación de actores de la sociedad civil independientes se vio aún más limitada por la abrumadora presencia de ‘GONGO’ chinas – organizaciones nominalmente autónomas pero totalmente alineadas con el gobierno chino.

“Es muy revelador que el embajador de China haya concluido el EPU calificando las recomendaciones para implementar las conclusiones de los organismos de la ONU como ‘basadas en rumores y mentiras’, dijo Viana. “También es revelador que China todavía despliegue grandes esfuerzos para restringir el acceso de las ONG a la sede de la ONU y para intimidar a otros países para que repitan como loros sus puntos de conversación. Éste no es el comportamiento que se espera de un país que quiere ser visto como un líder mundial responsable”.

Por otra parte, los enviados de Pekín recibieron el apoyo de Estados aliados: sus representantes se turnaron para leer intervenciones sugeridas por la diplomacia chinas y utilizaron su tiempo para felicitar a China, alentarla a “continuar” sus políticas de derechos humanos o hacer preguntas amistosas y no controvertidas. 

En este respeto, representantes de ONG presentes expresaron su profunda decepción por la posición de países como Turquía, Bulgaria, Fiji, Panamá y Malawi.

“Fue vergonzoso ver a los países musulmanes aplaudir a China por sus contínuos esfuerzos de desarrollo sin mencionar una sola vez la persecución religiosa y cultural contra la comunidad uigur. El EPU fue una oportunidad para que identificáramos a quienes tienen dignidad moral y a quienes deciden mirar hacia otro lado ante un genocidio. Sabemos quién es quién”, dijo Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur.

A pesar de la presión de Pekín, varios países sí expresaron preocupaciones inequívocas: entre ellos México, Chile, Paraguay, Argentina, Perú, y las Islas Marshall. Por su parte, Costa Rica recomendó además a Pekín que eliminara las restricciones excesivas a las ONG.

“Nos complace realmente que once países hayan planteado preguntas a China sobre los derechos de activistas LGBTQ. En los últimos años, el gobierno chino ha oprimido y acosado sistemáticamente a sus propias organizaciones de la sociedad civil LGBTQ y a sus personas defensoras de derechos humanos. La comunidad internacional necesita mantener una atención sostenida a este tema”, reaccionó KK, activista LGBTQ.

Otros gobiernos más cercanos a Pekín, incluidos Indonesia, Malasia, Mongolia, Gambia, Senegal, Iraq, Qatar y Kazajistán, disfrazaron sus preocupaciones con recomendaciones más amigables para “preservar las identidades culturales”, “promover la diversidad cultural” o “proteger el patrimonio cultural”.

Ecuador y al menos otros cinco gobiernos recomendaron además a China que regule mejor las actividades de sus empresas en el extranjero para evitar abusos, así como que considere un “enfoque basado en los derechos humanos” para sus políticas de desarrollo – en contradicción con la retórica de Pekín.

En total, más de 160 países presentaron solicitudes para pronunciar discursos durante la revisión de China.

“Agradecemos a los países que destacan la difícil situación de las valientes personas defensoras de derechos humanos dentro de China, quienes han sido silenciadas y perseguidas por intentar participar en el EPU. En el EPU de 2013, la activista Cao Shunli pagó el precio máximo con su vida por su persistencia para que se escucharan voces independientes en la sala,” dijo Renee Xia, Directora de la Red de Defensores de Derechos Humanos de China (CHRD).

“Es muy positivo que más países sigan las recomendaciones de las personas expertas en derechos humanos de la ONU para plantear el deterioro de la situación en Hong Kong después de que China impusiera la Ley de Seguridad Nacional. Esto refleja su compromiso a favor de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las autoridades chinas y de Hong Kong deben seguir estas recomendaciones si quieren ganarse un mayor respeto de la comunidad internacional”, dijo Eric Lai, investigador de Hong Kong en el Centro de Derecho Asiático de Georgetown.

Después de esta sesión, el gobierno chino debe revisar las recomendaciones que ha recibido. Puede aceptarlas – y comprometerse a implementarlas – o rechazarlas. Pekín deberá informar al Consejo de Derechos Humanos en su 56a sesión (junio de 2024).

En 2018, China aparentemente aceptó un porcentaje importante de recomendaciones, pero rechazó inequívocamente medidas relacionadas con violaciones graves, incluidos los derechos de los uigures y tibetanos o su negativa a cooperar con los enviados y organismos de derechos humanos de la ONU.

Según las reglas del EPU, se espera que China implemente las recomendaciones que decida aceptar. Tiene hasta su próxima revisión ante el EPU, en 2029, para hacerlo. La ONU alienta a los Estados bajo revisión a informar sobre el estado de implementación de las recomendaciones que recibió mediante la publicación de un informe a medio camino entre su sesión anterior y la siguiente – cosa que China nunca ha hecho en revisiones anteriores.

Esta fue la cuarta comparecencia de China ante este mecanismo. El último fue en noviembre de 2018. En aquel entonces, los países denunciaron la existencia de campos de detención masiva para uigures unos meses después de que fueran revelados por un comité de la ONU.

Desde 2018, los crecientes abusos han sido documentados en gran medida por una serie de órganos de derechos humanos y titulares de mandatos de la ONU. ISHR ha compilado esto en un repositorio público. ISHR también ha preparado un resumen de todos los puntos clave de la revisión anterior de China y detalles de su historial reciente en este resumen, que incluye consejos sugeridos para la cobertura de los medios.

Una cobertura en directo de las recomendaciones del EPU fue proporcionada por ISHR aquí. Todas las recomendaciones pueden descargarse aquí.