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El enfoque múltiple de la ONU sobre Venezuela debe continuar, instaron las organizaciones de la sociedad civil y Estados, durante una semana en la que se examinó la implementación de recomendaciones hechas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a Venezuela y se adoptara el informe del tercer ciclo del EPU.
La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue crítica y la situación para personas defensoras cada vez más difícil. Este no es el momento de bajar el nivel de atención sobre el país de parte de la ONU. Este fue el mensaje que organizaciones de sociedad civil entregaron al Consejo de Derechos Humanos durante una semana en la que Venezuela estuvo en el punto de mira.
En el marco del Consejo de Derechos Humanos número 50, organizaciones venezolanas hicieron presencia en Ginebra con el objetivo de visibilizar las continuadas afectaciones que sufren personas defensoras, quienes se enfrentan a un entramado de persecuciones, represión judicial y estigmatización, además de los obstáculos legales para impedir y restringir su labor. Así también lo describieron varias representantes de sociedad civil durante estos eventos paralelos.
Durante la presentación de la declaración de parte de ISHR durante el diálogo interactivo con la Alta Comisionada, sobre Venezuela, Andrea Santacruz resaltó que,
‘’Las autoridades venezolanas continúan realizando detenciones arbitrarias, y desapariciones forzadas de corto tiempo. La privación preventiva de libertad se ha convertido en la regla.’
Uno de los casos de detención arbitraria resaltada por representantes de la sociedad civil y algunos Estados es el de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos y profesor universitario, detenido arbitrariamente por un ano y cuatro días.
1 año y 3 días preso.
Hoy #5Jul Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y profesor universitario, cumple 368 días de injusta detención.
Javier requiere atención médica y su libertad, defender derechos humanos NO es un delito #LiberenATarazona pic.twitter.com/ujQESH7J9n
— PROVEA (@_Provea) 5 de julio de 2022
La sociedad civil y Estados como Ecuador, Paraguay y Perú resaltaron la falta de acción de parte del Estado venezolano en abordar las estructuras y los sistemas que facilitan las violaciones, incluidas las denuncias de crímenes de lesa humanidad hechas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH), ni hacer frente a la impunidad fue el centro de las preocupaciones de Estados y de la sociedad civil.
Durante la presentación de su informe la Alta Comisionada resalto su preocupación por la continuación de impunidad en relación a casos claves, animando a que se lleve a cabo ‘investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores’. También resaltó su preocupación por la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes en Venezuela. Sin embargo, alentó el progreso del Estado por el avance en materia de sus recomendaciones y saludo los compromisos voluntarios asumidos por el gobierno venezolano.
25 organizaciones de sociedad civil venezolana cuestionarios sus hallazgos tras un análisis del nivel de implementación de las 43 recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada entre 2019-2022. Las organizaciones concluyeron que el Estado venezolano no ha cumplido plenamente sus obligaciones:
“En 33 recomendaciones ha habido un aparente retroceso, especialmente las referidas a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación del arco minero del Orinoco y los derechos económicos, sociales y culturales” comento Sara Fernández, de Cepaz.
En el informe las organizaciones critican la Alta Comisionada por no ser lo suficientemente firme a la hora de exigir avances:
‘’El margen de tolerancia al incumplimiento del Estado dado por la ACNUDH ha debilitado sus recomendaciones y la ha llevado a replantearlas en términos menos contundentes.’’ El Estado venezolano ha marcado con comodidad el ritmo en la implementación de las recomendaciones’’.
Ante todo esto, muchas alzaron su voz para instar la continuación de la presencia de OACNUDH en Venezuela y de la renovación del mandato de la MDH en septiembre. Durante la sesión del EPU, países como Brasil, Guatemala, Portugal, Suecia, Irlanda y Suiza hicieron un llamado de la renovación Misión de Determinación de los Hechos y las demás iniciativas del Consejo para garantizar a las víctimas justicia imparcial.
Marianna Romero del Centro para los defensores y la justicia comentó: “El alcance de la justicia y la reparación para las víctimas estará marcado por el apoyo de los mecanismos internacionales de prevención e investigación con experticias para seguir documentando los casos’’.
ISHR apoya plenamente los esfuerzos en favor de la continuación del trabajo de OACNUDH, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos incluyendo a la MDH y CPI en el país.
“La complementariedad de los mecanismos internacionales es imprescindible para continuar el trabajo de cooperación con las autoridades venezolanas y será el camino para sentar las bases de cualquier Estado democrático y de una posible transición con una rendición de cuentas que proteja el derechos de las víctimas” menciono Eleanor Openshaw del ISHR.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
