Collage: ISHR / Imágenes: UDEFEGUA, Sala de Redacción. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Marvin del Cid y Sonny Figueroa en una de las audiencias donde se les acusa de violencia contra la mujer; marcha en apoyo a Bernardo Caal; defensores Aníbal Argüello y Juan Foppa en audiencia; manifestación de la Comunidad de Chicoyogüito.From left to right and top to bottom: Marvin del Cid and Sonny Figueroa in one of the hearings where they are being accused of gender-based violence; march in support of Bernardo Caal; hearing of Anibal Argüello and Juan Foppa; protest of the Chicoyogüito Community.
Operadores de justicia, periodistas y personas defensoras indígenas han sufrido ataques y represalias por parte de un gobierno cada vez más atrevido, confirmando así la necesidad urgente de adoptar mecanismos legales para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
‘Las personas defensoras son un pilar fundamental para la construcción y protección de la naciente democracia que es Guatemala. Es por ello que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado implementar una política pública integral para su protección‘ indica Carlos Martínez, abogado del Bufete de Derechos Humanos de Guatemala, institución que ha representado a nivel nacional e internacional a personas defensoras de derechos humanos (DDHH).
‘Casi 7 años después, esta política no se ha materializado. El hecho que periodistas y personas defensoras sigan ejerciendo su labor a pesar de las condiciones cada vez más adversas, es un testamento a su valentía.’ añadió Martínez.
Durante los últimos meses, personas defensoras de DDHH de Guatemala han sufrido acoso e intimidación. Si bien esto no es nuevo, la participación directa de agentes del Estado en los ataques ha levantado las alarmas. A continuación se exponen cuatro casos ilustrativos ocurridos durante los meses de mayo y junio:
Estos casos ejemplifican claramente cómo agentes del Estado guatemalteco han ordenado, asistido o permitido ataques y represalias contra personas defensoras.
‘Estos incidentes no se pueden considerar como algo aislado, pues el gobierno actual no ha demostrado interés alguno en proteger a las personas defensoras’ indica Javier Urízar de ISHR. ‘La instancia nacional de protección de personas defensoras fue inexplicablemente eliminada 5 días después de su creación, a pesar de que algunos prisioneros de conciencia, como Bernardo Caal, siguen cumpliendo con sentencias injustas’ concluyó.
La sociedad civil también ha manifestado su preocupación ante la falta de protección de personas defensoras, lamentando la ausencia no sólo de una instancia, sino también de una política general de protección de personas defensoras.
Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) indica que ‘Es necesario que el Estado de Guatemala posibilite un escenario de construcción democrática y de rescate institucional que respete, garantice y proteja los derechos humanos y en particular que posibilite la libertad para ejercer el derecho a defender derechos. Un paso inicial, es retomar la construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de derechos humanos’.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
