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CDH47 l Comunidad internacional insta a Nicaragua a invertir el rumbo sobre crisis de derechos humanos

Casi sesenta países expresaron conjuntamente su preocupación por la "persistente impunidad de las violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018" en Nicaragua, e instaron a las autoridades a dar pasos significativos hacia una "solución pacífica de la crisis sociopolítica del país".

Las autoridades nicaragüenses han intensificado en las últimas semanas la represión contra la sociedad civil y la disidencia pacífica, antes de las elecciones presidenciales de noviembre, y sólo unos meses después de la renovación de la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado conjuntamente la detención arbitraria de cinco precandidatos presidenciales, así como de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y líderes del movimiento campesino y estudiantil. Destacadas organizaciones de la sociedad civil – como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Madres de Abril (AMA) – siguen siendo objeto de acoso policial.

Estos ataques han sido propiciados, y en ocasiones legalmente justificados, por el nuevo conjunto de leyes restrictivas que criminalizan el ejercicio de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión, y a participar en los asuntos públicos. Un grupo de personas expertas en derechos humanos de Naciones Unidas han detallado la incompatibilidad de estas leyes con las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional, incluyendo la Ley nº 977 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros.

El constante deterioro de la crisis de derechos humanos en Nicaragua llevó a Costa Rica a realizar una inédita declaración en nombre de un grupo interregional de 59 países en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, instando a Nicaragua a:

    • Dejar de acosar a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, permitiendo que las organizaciones de la sociedad civil actúen en un entorno seguro y propicio sin temor a represalias
    • Liberar inmediatamente a las personas disidentes y precandidatas a la presidencia detenidas arbitrariamente
    • Cooperar con la comunidad internacional y aceptar ofertas de asistencia técnica, permitir la presencia de observadores electorales internacionales y restablecer el diálogo

En lugar de sumarse a la iniciativa, ciertos países, entre ellos Argentina y Uruguay, abordaron su preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país en sus declaraciones individuales; México hizo una breve mención a Nicaragua en su declaración a la Alta Comisionada.

Aunque las autoridades nicaragüenses apunten hacia “acusaciones politizadas”, esta oportuna declaración de casi sesenta países latinoamericanos, europeos y asiáticos demuestra la creciente preocupación mundial en torno a la crisis en el país. Sin embargo, lamentamos que actores regionales clave como México, Argentina y Uruguay hayan evitado sumarse al llamamiento y hayan preferido pronunciarse bilateralmente.
Raphael Viana David, Oficial de Programas

Estados no fueron los únicos en pronunciarse, ya que organizaciones de la sociedad civil denunciaron repetidamente vulneraciones a los derechos humanos en los diálogos con representantes de la ONU durante la sesión del Consejo. El Servicio Internacional para los Derechos Humanos (sigla en inglés: ISHR, International Service for Human Rights) se unió a CEJIL y 40 otras organizaciones en una declaración sobre el recorte de las libertades de asociación y reunión pacífica, en un intercambio con el Relator Especial Clément Voulé.

María Eugenia Gómez López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), dió una declaración conjunta en nombre de ISHR, la IM-Defensoras, el Instituto Raza e Igualdad, y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), sobre el papel vital que desempeñan las defensoras de derechos humanos en la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nicaragüenses. Ella destaca el impacto negativo que la represión múltiple contra las defensoras ha tenido en la promoción y disfrute de dichos derechos.

El 3 de junio, la experta de la ONU sobre personas defensoras de los derechos humanos Mary Lawlor lamentó “una nueva oleada de detenciones y ataques [contra personas defensoras] en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones” de abril de 2018, entre los cuales alegaciones de malos tratos y agresiones sexuales, en una declaración pública respaldada por cuatro otras personas expertas de la ONU. El grupo de expertas llamó el gobierno a “poner fin a los crecientes ataques y detenciones arbitrarias” por las fuerzas de seguridad del Estado, y a “abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas”.

Con la expulsión de las presencias de la OACNUDH y la CIDH en 2018, las personas defensoras se han convertido en los últimos monitores independientes de derechos humanos que quedan en el país. Nos sumamos a la condena de la experta de la ONU Mary Lawlor sobre la criminalización de personas defensoras: protegerlas debe mantenerse como una prioridad absoluta.
Raphael Viana David, Oficial de Programas

Una resolución reforzada de la ONU

El pasado 23 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2, en la que realiza una serie de recomendaciones al gobierno nicaragüense sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Éstas incluyen desde la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, detenciones arbitrarias y la reducción del espacio de la sociedad civil, hasta la violencia sexual y de género, derechos de los pueblos indígenas, derechos sociales y económicos, elecciones libres y justas, así como la cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos. 

La resolución también refuerza el mandato de monitoreo y presentación de informes de la Alta Comisionada, complementando sus actualizaciones orales y su informe anual, con una actualización adicional en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.

ISHR, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, y un colectivo de 11 organizaciones nacionales y regionales, han lanzado el 10 de agosto el primer marco de evaluación sobre la implementación de la resolución 46/2.

Evaluando la acción del gobierno con base en una serie de objetivos claros, y en información pública de las Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos, así como en informes independientes de la sociedad civil y medios de comunicación, las organizaciones han establecido que:

  • El Gobierno de Nicaragua no ha tomado ninguna medida para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2, a excepción de la liberación de la defensora de los derechos humanos Celia Cruz el 25 de abril. Sin embargo, a pesar de su liberación, la situación legal de Celia permanece incierta, ya que la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena de 13 años de prisión.
  • El Gobierno no ha dado pasos iniciales ni ha respetado ninguno de los plazos de actuación solicitados en la resolución, como la adopción de un plan de acción para la implementación o la puesta en marcha de reformas electorales para mayo de 2021.
  • El Gobierno también ha tomado medidas contrarias a las recomendaciones, lo que se ha traducido en los últimos meses en una drástica reducción del espacio de la sociedad civil y en un aumento de los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos,  periodistas, candidatas presidenciales y disidentes.

Un estrecho margen para invertir el rumbo

En su actualización oral sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada Michelle Bachelet destacó un “preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos [que] aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet lamenta que, desde hace más de tres años de análisis de la situación del país por parte del Consejo, “no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por [su] Oficina”, y que la crisis “no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante“. En su respuesta, la representante de Nicaragua se abstuvo de abordar cualquier preocupación, limitándose a denunciar “posiciones intervencionistas y supremacistas”.

La comunidad internacional debe entender que está tratando con un gobierno no cooperativo, mientras miles de nicaragüenses tratan de huir de la represión y de la crisis económica y sanitaria: los Estados deben intensificar la presión conjunta y la acción multilateral.
Raphael Viana David, Oficial de Programas

El pasado mes de marzo, el Consejo adoptó la resolución 46/2, por la que decide ‘estudiar todas las medidas que puede adoptar el Consejo de Derechos Humanos para reforzar la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua y la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado‘ [énfasis añadido].

ISHR hace un llamamiento a todos los Estados a:

    • Instar a las autoridades nicaragüenses a que implementen sin demora las recomendaciones de la resolución 46/2 y a que tomen medidas para cooperar de forma constructiva con la OACNUDH, la CIDH y la comunidad internacional.
    • Expresar preocupación y señalar la intención de intensificar su acción en caso de que el Gobierno persista en su negativa a cooperar, mediante una declaración conjunta interregional en la próxima 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
  • 13

    organizaciones de derechos humanos monitoreando la implementación por el gobierno de Nicaragua de la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

  • 14

    recomendaciones de la resolución 46/2 de la ONU evaluadas con base en información pública e indicadores claros.

  • 0

    recomendaciones implementadas por el gobierno de Nicaragua.