Las organizaciones también explicaron en un comunicado conjunto que con la renovación del mandato se buscará dar seguimiento e implementación a las recomendaciones que continúan pendientes: entre ellas, la reforma al sistema judicial y la garantía de acceso a una justicia imparcial.
“La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional”, refirió el comunicado de las organizaciones.
Por otro lado, las organizaciones resaltaron la interconexión de la Misión con los demás mecanismos de la ONU y su complementariedad con la oficina de la Alta Comisionada y con otros instrumentos internacionales, como las investigaciones llevadas a cabo por parte de la Corte Penal Internacional.
El comunicado conjunto también insta a los gobiernos, especialmente de América Latina a liderar los esfuerzos de renovación del mandato de la Misión. “Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato”, menciona el comunicado.
Desde el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), nos unimos a esta declaración conjunta y hacemos un llamado a los Estados para que, durante su próxima sesión en septiembre, el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión.