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Más de 125 organizaciones venezolanas e internacionales manifestaron hoy su preocupación por las continuadas violaciones de DDHH en Venezuela y solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela en su próxima sesión de septiembre.
Durante una rueda de prensa y representando a una amplia coalición de organizaciones venezolanas e internacionales incluyendo a ISHR, Provea, Cepaz, Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalaron que en Venezuela continúa el patrón de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, cierre del espacio cívico y de falta de independencia judicial para la investigación de crímenes. Por todo esto, dijeron, es fundamental que continúe el trabajo de la Misión en el marco de los procesos judiciales de responsabilidad y con el fin de otorgar verdad a las víctimas.
Las organizaciones destacaron los hallazgos de la Misión, creada por la resolución 42/25 en el año 2019, y la cual presentó su primer informe en el año 2020. Entre sus principales resultados se encuentran: el seguimiento y avance en las investigaciones de un alto número de casos, hallazgos sobre crímenes que podrían estar relacionados con funcionarios nacionales y determinaciones sobre los obstáculos para el acceso a la justicia y el alto grado de impunidad que se mantiene en el país.
"Con el fin de asegurar las garantías para una investigación eficiente y de acceso a la justicia para las víctimas, la misión debe continuar su trabajo"dijo Elvira Pernalete, madre de una de las víctimas de abusos presente durante la conferencia de prensa.
Las organizaciones también explicaron en un comunicado conjunto que con la renovación del mandato se buscará dar seguimiento e implementación a las recomendaciones que continúan pendientes: entre ellas, la reforma al sistema judicial y la garantía de acceso a una justicia imparcial.
“La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional”, refirió el comunicado de las organizaciones.
Por otro lado, las organizaciones resaltaron la interconexión de la Misión con los demás mecanismos de la ONU y su complementariedad con la oficina de la Alta Comisionada y con otros instrumentos internacionales, como las investigaciones llevadas a cabo por parte de la Corte Penal Internacional.
El comunicado conjunto también insta a los gobiernos, especialmente de América Latina a liderar los esfuerzos de renovación del mandato de la Misión. “Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato”, menciona el comunicado.
Desde el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), nos unimos a esta declaración conjunta y hacemos un llamado a los Estados para que, durante su próxima sesión en septiembre, el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
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