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Las personas defensoras del medio ambiente inician un proceso para hacer realidad las promesas del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras del medioambiente. Las personas defensoras del medio ambiente de América Latina y el Caribe acaban de concluir la primera reunión oficial para definir cómo hacer realidad esas promesas hechas para promover y proteger su trabajo.

El Acuerdo de Escazú -un documento jurídicamente vinculante que otorga a las personas derechos de
participación en la toma de decisiones y de acceso a la información y a la justicia en relación con el
medio ambiente- es una pieza clave en un régimen mundial cada vez más amplio para fomentar la
“democracia ambiental”.

En el primer Foro Anual sobre Personas Defensoras en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe, celebrado los días 23 y 24 de noviembre, toda la atención se centró en cómo dar cuerpo al
artículo 9 del Acuerdo, que establece las obligaciones relativas a los derechos de las personas
defensoras del medio ambiente.

Las conversaciones se centraron en cómo crear un entorno seguro y propicio para las defensoras; cómo
establecer mecanismos de protección eficaces y facilitar el acceso a la justicia. Hubo un reconocimiento
general de que los sistemas actuales fallan en gran medida a las personas defensoras, crean riesgos para
ellos y frustración. También se señaló repetidamente el hecho de que los mecanismos de protección
independientes rara vez tienen éxito. Deben formar parte de una política gubernamental más amplia
sobre las defensoras que establezca objetivos claros y circuitos de rendición de cuentas.

Las debilidades y fallos de los sistemas actuales quedaron en evidencia con los relatos compartidos por
defensoras sobre asesinatos, ataques y criminalización que ellas, colegas y miembros de la comunidad
han experimentado.

Bernardo Caal, líder del pueblo q’qeqchí, profesor y defensor de los ríos en Guatemala, habló de su
experiencia de ser criminalizado por su trabajo de derechos humanos y de cumplir cuatro años de
prisión. La periodista mexicana Raquel Zapien habló de los riesgos que conlleva ser “mensajera” de
noticias sobre el medio ambiente (en un país con la tasa más alta de asesinatos de periodistas en el
mundo). Elvira Jossa, líder indígena colombiana de la comunidad kamentsá biyá, habló del
desplazamiento de sus tierras por la incursión de grupos armados.

‘’Con la velocidad de la degradación ambiental a la que nos enfrentamos, cada vez más agravada por el
cambio climático, aquellos que trabajan para detener y revertir estos fenómenos -las personas
defensoras del medio ambiente- son esenciales para nuestra propia supervivencia”, dijo Eleanor
Openshaw del ISHR. ‘Los ataques contra ellas son insensibles, criminales y contraproducentes.’

‘Las personas defensoras del medio ambiente deben ser alabados, apoyados y puestos sobre la mesa; su
trabajo debe ser promovido y protegido’, dijo Openshaw. ‘El Acuerdo proporciona el marco para
conseguirlo y su aplicación el impulso’.

La participación:

‘El mar no tiene voz, pero tú sí,’ dijo Anabela Carlón, abogada indígena del pueblo yaqui en México
demostrando la importancia del rol de personas defensoras y de su participación en la toma de
decisiones sobre el medio ambiente, como garantiza el Acuerdo de Escazú.

El Foro forma parte de un sistema diseñado para garantizar la participación pública en la definición de
los medios para aplicar el Acuerdo y en el seguimiento y la presentación de informes sobre dicha
aplicación. Este Foro facilitó la participación en línea y en persona (aunque limitada). Personas
defensoras comentaron la falta de presencia de personas defensoras caribeñas y de comunidades
afrodescendientes.

Los aportes del Foro se incorporarán a la elaboración de un Plan de Acción sobre personas defensoras
del medio ambiente, que se presentará en la COP2 del Acuerdo de Escazú en abril de 2024.

En la actualidad, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 25 Estados (de un total de 33) con 13 Estados
parte. Los grupos de la sociedad civil de toda la región están abogando a que sus Estados firmen,
ratifiquen y apliquen el Acuerdo.

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