El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) adoptó hoy durante su sesión 49 y por 20 votos a favor una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con un mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua.
20 países se abstuvieron, mientras 7 votaron en contra de la resolución (lamentablemente Honduras hacía parte de este grupo) presentada por un grupo de países de la región: Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, y Canadá.
“Desde el Colectivo 46/2, celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Saludamos el liderazgo de los países de la región que presentaron esta resolución. También saludamos el apoyo de México y Argentina.” dijo Natalia Yaya de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH).
El Colectivo 46/2 es una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que han monitoreado la implementación por parte del Estado nicaragüense de las 14 recomendaciones contenidas en la resolución 46/2, adoptada por el CDH en marzo de 2021.
“Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos. Cuatro resoluciones fueron adoptadas y las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de derechos humanos,” afirmó Vilma Nuñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH-Nicaragua.
“Este mecanismo era el lógico, necesario y esperado próximo paso a tomar para hacer frente a la impunidad que sigue alimentando las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Ante un gobierno que ha cerrado todas los canales de cooperación con la ONU, profundizando la crisis dentro del país, la comunidad internacional allana el camino hacia futuros procesos de justicia con la creación de este mecanismo.” añadió Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas.
Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más “este mecanismo es el resultado de la resistencia cívica de diversos actores, incluyendo a las víctimas las cuales se han negado a guardar silencio frente a los crímenes cometidos por el Estado, el mismo es una herramienta para la defensa de derechos y la lucha contra la impunidad, así como un respaldo a las víctimas, sin duda esta buena noticia nos llena de esperanza”.
El Consejo ha decidido establecer un “Grupo de Expertos en Derechos Humanos” compuesto por tres personas expertas en derechos humanos con el mandato de “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente y establecer los hechos y las circunstancias, recopilar, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas, y, cuando sea posible, identificar a los responsables, de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, así como sus patrones y causas estructurales, incluyendo las dimensiones de género y el impacto de formas interseccionales de discriminación”.
“Es fundamental garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidos los asesinatos, las torturas, las agresiones y otros actos de violencia sexual y de género, así como otros abusos, incluyendo aquellos en contra de pueblos indígenas y afrodescendientes no queden impunes”, declaró Tania Agosti del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) .
“El mecanismo adoptado hoy por el Consejo es uno de los más fuertes que existe: permitirá identificar responsables de las violaciones cometidas en Nicaragua, y preservar evidencias para futuros procesos de justicia. Envía un mensaje claro a todos los Estados de que no se tolerará la no cooperación con el sistema universal, y el desentendimiento ante las violaciones graves de los derechos humanos”, completó Raphael Viana David del International Service for Human Rights (ISHR).
“Esperamos que para dar cumplimiento a este importante mandato se elijan integrantes que cumplan con criterios de idoneidad e independencia, con expertise y trayectoria comprobada materia de derechos humanos, integración de perspectiva de género y conocimiento del país” concluyó Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El establecimiento de este grupo de personas expertas se suma a la labor de la Oficina de la Alta Comisionada, cuyo mandato también se ve reforzado con esta resolución, y que seguirá monitoreando y reportando al Consejo de Derechos Humanos mediante actualizaciones orales y un informe sobre el estado de implementación de sus recomendaciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
