Foto: Jorge Mejía Peralta LCC
En Nicaragua se han cometido violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, según ha declarado un grupo de personas expertas independientes de la ONU al Consejo de Derechos Humanos. Para investigar a fondo estos crímenes, la coalición Colectivo 46/2 pide que se renueve por dos años la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado hace un año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las graves violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde 2018, ha denunciado evidencias de crímenes de lesa humanidad llevados a cabo contra personas opositoras reales o percibidas como tal, de los cuales participaron “funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles” y al más alto nivel, incluidos el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El Grupo concluyó en la comisión de los crímenes de:
Estas conclusiones se hacen eco del análisis y reflejan la experiencia de las y los actores de la sociedad civil nicaragüense, como señaló Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), en una declaración conjunta en nombre de la coalición Colectivo 46/2 durante un diálogo del Consejo con el GHREN el 6 de marzo.
Los hallazgos demuestran nuestra realidad vivida: la de un Estado policial y dictatorial, arraigado en el miedo y en la privación absoluta de los derechos humanos. La instrumentalización de las instituciones estatales al servicio de la voluntad política represora ha conllevado al colapso de la institucionalidad.Alexandra Salazar, Unidad de Defensa Jurídica, en nombre de la coalición Colectivo 46/2
La Subsecretaria General de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, que brindó al Consejo una actualización oral sobre Nicaragua el 3 de marzo, dio ejemplos de esta realidad vivida: 222 personas presas políticas fueron liberadas y deportadas a Estados Unidos – un acto calificado de deportación forzosa por el GHREN – para ser luego privadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense. Pocos días después, otras 94 personas también fueron despojadas de la nacionalidad, de las cuales la emblemática defensora de derechos humanos Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es la única que aún permanece dentro del país en un limbo legal.
La defensora nicaragüense, Olga Valle, miembro del observatorio electoral ciudadano Urnas Abiertas, en una declaración conjunta con el International Service for Human Rights (ISHR), habló de la profundidad de la crisis que enfrenta la población nicaragüense.
La instalación de este gobierno de facto ha desembocado en la erosión de la calidad de vida de las y los nicaragüenses en todas sus dimensiones, con altos niveles de impunidad de la violencia contra las mujeres y una corrupción generalizada que atropella y condiciona el acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.Olga Valle, Urnas Abiertas, en nombre de la coalición Colectivo 46/2
La Unidad de Defensa Jurídica, Urnas Abiertas e ISHR forman parte del Colectivo 46/2, una coalición de grupos de la sociedad civil que, junto con otros, piden la renovación por dos años de la resolución del Consejo de Derechos Humanos que establece el mandato de rendición de cuentas del GHREN y el mandato de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El Colectivo 46/2, junto con Human Rights Watch, CIVICUS e IBAHRI, organizaron un evento público sobre la situación de las personas presas políticas, incluidas las deportadas forzosamente, y de las personas defensoras de los derechos humanos dentro y fuera del país.
En su declaración al Consejo de Derechos Humanos, el propio Presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, pidió la renovación del mandato del Grupo señalando la necesidad de centrar más la atención en tres áreas clave:
Para ello, señaló Simon, el GHREN necesita un mandato que permita contar con analistas adicionales y el uso de herramientas tecnológicas específicas, todo ello respaldado por un presupuesto adecuado para apoyar el trabajo del Grupo. Concluyendo el diálogo con el Consejo, también recordó a los Estados que las conclusiones del primer informe del GHREN les obligan a actuar -incluso recurriendo a la jurisdicción universal-, señalando que los Estados deben garantizar que los crímenes no queden impunes y que promuevan el acceso de las víctimas a la justicia.
Los crímenes de lesa humanidad son crímenes contra el orden internacional. Facultan la jurisdicción de Estados distintos del Estado de la escena del crimen.Jan-Michael Simon, Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua
Las negociaciones sobre un proyecto de texto para renovar la resolución, lideradas por Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil, están en curso, y es probable que la resolución se examine el 3rd o el 4th de abril.
Como parte de la coalición Colectivo 46/2, ISHR insta:
Al final del Foro hubo un mensaje claro: los compromisos voluntarios no son suficientes para garantizar la responsabilidad de las empresas, los Estados necesitan regular las empresas con normas vinculantes para abordar de manera integral los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas.
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
La sociedad civil de las Américas ha hecho un llamamiento urgente para acelerar la aplicación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Acuerdo de Escazú, adoptado hace cinco meses.
