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Durante su diálogo interactivo con Estados del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó nuevamente su frustración por la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.
En su retrospectiva de la evolución de la situación de derechos humanos en comparación con el año pasado, el GHREN señaló la evolución negativa de las condiciones de libertad política en Nicaragua, reiterando que varios hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.
Jan Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, habló de “la perpetuación de la persecución cada vez más generalizada contra las voces disidentes en el país”.
El GHREN subrayó el fortalecimiento de un ambiente coercitivo como resultado de una centralización de los poderes del Estado en manos del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario María Murillo. También mencionó claras violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad de la población nicaragüense, alertando de:
El GHREN hizo mención de las violaciones cometidas a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apátridas por parte del Estado.
Sobre las necesidades de los nicaragüenses exiliados, el Grupo de Expertos recomendó que se utilizaran los resultados y conclusiones del informe para asegurar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de personas refugiadas, así como la de aplicar los criterios más amplios de la declaración de Cartagena.
De igual manera, se invitó a que el informe tenga peso en el desarrollo de sus políticas y relaciones internacionales en materia de seguridad, financiera y comerciales.
En respuesta, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, en representación del Estado de Nicaragua, acusó al Grupo de Expertos de falta de objetividad. El régimen nicaragüense recibió el respaldo de países como Venezuela, Cuba, Bolivia, China y Rusia, que intervinieron para acusar al GHREN de injerencia en asuntos internos.
La Unión Europea, Estados Unidos, y el Reino Unido, por el contrario, mostraron su preocupación y condenaron los crecientes ataques contra disidentes, personas defensoras, personas vinculadas con la iglesia y la academia, líderes de grupos indígenas, afrodescendientes y rurales.
Representantes de naciones latinoamericanas como Chile, Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay expresaron su preocupación por el creciente deterioro de la situación social en el país, señalaron el impacto desproporcionado que están sufriendo los sectores más vulnerables – comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, así como las mujeres. También reprobaron hechos como el despojo de la nacionalidad a disidentes, además de condenar los ataques que se realizan contra la libertad académica y del labor de varios miembros de la Iglesia Católica.
El Defensor de Derechos Humanos Guillermo Medrano de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) hizo una declaración conjunta por parte del ISHR confirmando muchas de las preocupaciones del GHREN.
Medrano mencionó la represión de las libertades de expresión y prensa, y el derecho a la información pública. Calificó la situación actual en el país como “una de las mayores crisis de derechos humanos en el mundo” e hizo un llamado de acción a la comunidad internacional para que siga apoyando a las demandas de la sociedad civil nicaragüense.
Por su parte, el Colectivo 46/2 subrayó las intenciones del gobierno nicaragüense de fortalecer su control sobre el poder mediante la represión de toda la sociedad, apeló a seguir pendientes en la situación en el país, y en particular al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el GHREN.
El Grupo de Expertos cerró la sesión insistiendo en la responsabilidad de la comunidad internacional para contribuir al mejoramiento de la condiciones sociales y políticas en Nicaragua, recalcando la necesidad de proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del mecanismo.
En su informe sobre la situación de derechos humanos en varios países, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos mencionó el impacto desproporcionado que han sufrido las mujeres, activistas y personas miembras de la comunidad LGBTQ+ en Nicaragua.
Igualmente, condenó el número creciente de detenciones arbitrarias contra personas disidentes, exigiendo su liberación, y señaló el aumento de desplazamientos como resultado de las acciones del gobierno, reconociendo el derecho de personas exiliadas a regresar a su país de manera segura y digna, al igual que del de quienes quisieran salir del país, como los familiares de los exiliades.
Por último, el Alto Comisionado recomendó a los Estados que fortalecieran los mecanismos internacionales para la rendición de cuentas, que promovieran la protección internacional a personas exiliadas nicaragüenses y que apoyaran un escrutinio detallado de cualquier ayuda o inversión que en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
