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Los Estados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovaron por dos años el mandato de la Misión de determinación de los hechos en Venezuela (FFM por su siglas en inglés), asegurando la continuación de un mecanismo que ha sido central para el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos. Con ese mismo voto, también se ha ampliado el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) para informar al Consejo sobre la situación en el país.
Un grupo de Estados de América Latina y el Caribe y Canadá encabezaron la iniciativa para la renovación del mandato de la Misión. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor, 5 votos en contra y 23 abstenciones. Establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, la FFM tiene mandato para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela que han tenido lugar desde 2014.
Personas defensoras y grupos venezolanos e internacionales de la sociedad civil han acogido con satisfacción este resultado, ya que tanto la Misión como la ACNUDH han demostrado ser eficaces para resaltar las graves violaciones cometidas por el régimen de Maduro. Ambos organismos se han asegurado de que la atención de la comunidad internacional se haya mantenido sobre Venezuela a pesar de las múltiples crisis mundiales actuales. La Misión también ha brindado a las víctimas de violaciones la esperanza de que los perpetradores rindan cuentas.
‘La Misión es un mecanismo clave para la documentación de la criminalización y la persecución de la sociedad civil en el país’, dijo Clara Ramírez, directora interina de la organización FundaRedes. ‘Esperamos que esta renovación ejerza más presión sobre el gobierno de Maduro y deje en claro que no escapará a la rendición de cuentas por sus crímenes’, agregó
El colega de Ramírez y director de FundaRedes, Javier Tarazona, ha sido detenido arbitrariamente desde su arresto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2021. La FFM afirmó que Tarazona había sido víctima de actos de tortura y que hubo interferencia política durante su detención.
Download as PDF’La renovación de la Misión es una señal clara para Caracas: las autoridades no escaparán al escrutinio por la represión violenta e implacable de todas las formas de oposición, real o imaginaria’, dijo Eleanor Openshaw, Directora de Programas para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR). ‘A medida que la Misión continúa recopilando información, los Estados y los grupos de la sociedad civil internacional deben mantener la presión para garantizar que las autoridades rindan cuentas por todas y cada una de las violaciones documentadas por los expertos de la FFM’.
Al acercarse las elecciones programadas para 2024, las organizaciones de derechos humanos esperan que la FFM pueda disuadir a las autoridades de intensificar aún más su campaña contra las oposiciones. ‘La FFM juega un papel preventivo clave para visibilizar graves violaciones de los derechos civiles y políticos’, dijo Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven, un grupo que trabaja para fortalecer los procesos democráticos en Venezuela.
En su último informe, la FFM detalló cómo los servicios de seguridad de Venezuela, incluido el SEBIN, cometieron violaciones equivalentes a crímenes de lesa humanidad actuando bajo órdenes emanadas directamente del presidente Nicolás Maduro. Según la ONG venezolana Centro para los Defensores y la Justicia, solo en julio de 2022 hubo 50 ataques o incidentes de seguridad que involucraron a personas defensoras de los derechos humanos en el país.
El 11 de octubre, los Estados en la Asamblea General de la ONU votarán para renovar 14 de los 47 escaños del Consejo de Derechos Humanos, incluidos 2 de los 8 escaños asignados al grupo de Estados de América Latina y el Caribe. A pesar de los abusos que ha subrayado la FFM y los numerosos testimonios recopilados en sus informes, Venezuela, miembro actual del Consejo, se presenta a la reelección. Instamos a los Estados a que solo elijan países que tengan un historial de respeto y defensa de los derechos humanos y de cooperación voluntaria y sostenida con el Consejo y otros órganos internacionales de derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
