’La renovación de la Misión es una señal clara para Caracas: las autoridades no escaparán al escrutinio por la represión violenta e implacable de todas las formas de oposición, real o imaginaria’, dijo Eleanor Openshaw, Directora de Programas para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR). ‘A medida que la Misión continúa recopilando información, los Estados y los grupos de la sociedad civil internacional deben mantener la presión para garantizar que las autoridades rindan cuentas por todas y cada una de las violaciones documentadas por los expertos de la FFM’.
Al acercarse las elecciones programadas para 2024, las organizaciones de derechos humanos esperan que la FFM pueda disuadir a las autoridades de intensificar aún más su campaña contra las oposiciones. ‘La FFM juega un papel preventivo clave para visibilizar graves violaciones de los derechos civiles y políticos’, dijo Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven, un grupo que trabaja para fortalecer los procesos democráticos en Venezuela.
En su último informe, la FFM detalló cómo los servicios de seguridad de Venezuela, incluido el SEBIN, cometieron violaciones equivalentes a crímenes de lesa humanidad actuando bajo órdenes emanadas directamente del presidente Nicolás Maduro. Según la ONG venezolana Centro para los Defensores y la Justicia, solo en julio de 2022 hubo 50 ataques o incidentes de seguridad que involucraron a personas defensoras de los derechos humanos en el país.
El 11 de octubre, los Estados en la Asamblea General de la ONU votarán para renovar 14 de los 47 escaños del Consejo de Derechos Humanos, incluidos 2 de los 8 escaños asignados al grupo de Estados de América Latina y el Caribe. A pesar de los abusos que ha subrayado la FFM y los numerosos testimonios recopilados en sus informes, Venezuela, miembro actual del Consejo, se presenta a la reelección. Instamos a los Estados a que solo elijan países que tengan un historial de respeto y defensa de los derechos humanos y de cooperación voluntaria y sostenida con el Consejo y otros órganos internacionales de derechos humanos.