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Mientras continúan las protestas en todo Perú y al menos 50 personas yacen muertas, los Estados han pedido a Perú que ponga fin al uso excesivo de la fuerza para sofocar los disturbios y que respete los derechos de quienes ejercen las libertades fundamentales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú y el embajador de la ONU en Ginebra abrieron y concluyeron el examen periódico universal (EPU) de Perú expresando su preocupación por las vidas perdidas durante las recientes protestas, pero también defendiendo la adopción de medidas contra lo que llamaban los “actos violentos”.
Sin embargo, numerosos Estados manifestaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la necesidad de proteger el derecho a la protesta, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Mientras los Estados celebraban el EPU en el interior del Palacio de las Naciones de Ginebra, en el exterior se congregaban miembrxs de la sociedad civil pidiendo justicia para las víctimas y diálogo sobre las demandas de los manifestantes para abordar las injusticias históricas.
Durante el examen, la situación de las personas defensoras fue uno de los temas principales de las recomendaciones de los Estados. Irlanda y México reconocieron los progresos realizados con el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, recientemente establecido. Sin embargo, se expresó preocupación por el funcionamiento del mecanismo y la aplicación del Protocolo para garantizar la protección de las personas defensoras (2019) y por la falta de recursos. La Defensoría del Pueblo de Perú y diversos grupos de la sociedad civil, entre ellos Amnistía Internacional, destacaron la falta de personal, financiación y coordinación en sus informes para el examen.
Perú no proporcionó detalles sobre cómo encaja el Protocolo Sectorial para la Protección de los Defensores del Medio Ambiente de 2021 en el marco más amplio de protección. Sin embargo, varios Estados instaron a Perú a ratificar el Acuerdo de Escazú – el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo relativo a los defensores del medio ambiente- después de que fracasaran dos intentos de avanzar hacia la ratificación. Chile, Colombia, Alemania, México, Noruega Panamá y España hicieron ese llamamiento.
‘Ha sido alentador ver los llamamientos a la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú durante los EPU de Perú y Guatemala esta semana”, dijo Eleanor Openshaw del ISHR.
”Debemos seguir aprovechando el sistema internacional de derechos humanos para apoyar los esfuerzos a nivel nacional y regional relacionados con la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú”, añadió.
Perú invitó a los Procedimientos Especiales a solicitar información y visitas al país en cualquier momento. El ministro de Justicia y Derechos Humanos invitó a los Procedimientos Especiales a solicitar más información si fuera necesario y a fijar fechas para las visitas. El representante señaló que están previstas siete visitas de relatores especiales durante el próximo año. Perú recibió una visita del anterior Alto Comisionado en julio de 2022 y, en el contexto de las protestas, un enviado del nuevo Alto Comisionado visitó el país en enero de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también realizó dos visitas recientes, con un informe completo pendiente, y ha emitido un llamamiento hace dos días para que Perú frene el uso excesivo de la fuerza.
Los resultados del EPU, incluida una lista completa de recomendaciones, se considerarán a finales de año. Se espera que la situación de los derechos humanos en Perú figure en el informe que el Alto Comisionado presentará al Consejo de Derechos Humanos en marzo.
La sociedad civil habló de la actual crisis de derechos humanos en Venezuela esta semana en el Consejo haciendo evidente que, a pesar de los mejores esfuerzos de Venezuela para denunciar la Misión de Investigación, el trabajo de la Misión y el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son absolutamente esenciales para las víctimas de violaciones.
Olnar Ortiz Bolívar y Alexandra Lezama, dos personas defensoras de los derechos humanos de Venezuela, asisten a la 52a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que la Misión de de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM, por su siglas en inglés) presentará oralmente un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En Nicaragua se han cometido violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, según ha declarado un grupo de personas expertas independientes de la ONU al Consejo de Derechos Humanos. Para investigar a fondo estos crímenes, la coalición Colectivo 46/2 pide que se renueve por dos años la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
