Proyecto de ley en Venezuela amenaza la cooperación de las ONG con la ONU

Cuando el Estado de derecho se ha desmoronado y los mecanismos regionales de derechos humanos están prácticamente fuera de los límites, los mecanismos internacionales de derechos humanos son una de las únicas opciones que quedan a las personas defensoras que buscan reparación para las víctimas. Este ha sido el caso de las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas quienes han recurrido a organismos internacionales de derechos humanos desde los años 90 en sus esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.

Toda persona tiene derecho “a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales” y ‘’a comunicarse sin trabas con ellos’’. Sin embargo, al colaborar con estos organismos y mecanismos de la ONU, las personas defensoras venezolanas, como tantas otras, han sufrido represalias. Han sido detenidas arbitrariamente, amenazadas y estigmatizadas por enviar información o asistir a sesiones de los órganos de la ONU, o por reunirse con expertos. El Secretario General de la ONU ha denunciado casos de represalias contra personas defensoras venezolanas cada año durante los últimos 12 años. 

Ahora, un proyecto de ley amenaza toda cooperación de las organizaciones de derechos humanos venezolanas. La “Ley de Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, un proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura en la Asamblea Nacional de Venezuela el 24 de enero, amenaza con añadir tal nivel de cargas a las ONG del país que su propia existencia está en entredicho.

El proyecto de ley prohíbe a las ONG ‘’realizar actividades políticas” o ‘’promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República’’, unos términos vagos que, como bien señala la ONG venezolana Acceso a la Justicia, amenazan con interpretaciones arbitrarias y potencialmente represivas, sobre todo teniendo en cuenta que, al exigir la implementación de una política pública, podría decirse que una ONG está llevando a cabo un acto político. Las ONG también tendrán que solicitar autorización y revelar la recepción de financiación extranjera. Se amenaza a las ONG con multas excesivas, anulaciones de su registro original o cargos penales.

Este proyecto de ley no surge de la nada. Encaja en una ”política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno’’. En 2020 la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela concluyó que había motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes contra la humanidad, incluso contra representantes de la sociedad civil, como parte de esa política. Por su lado, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal International ha abierto la primera investigación formal  en las Américas sobre crímenes contra la humanidad en la situación Venezuela I. Las y los miembros de la ONU han señalado que, de aprobarse, la ley de ONG ‘’otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas’’ y que marca ”un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.

La ley limitaría drásticamente la capacidad de las ONG venezolanas para participar en los mecanismos de la ONU justo cuando dicha participación sería fundamental para informar a los Estados e instarles a tomar medidas. Tendría un efecto disuasorio sobre la participación, haría menos probable una participación segura y podría permitir mayores intimidaciones y represalias si las ONG pudieran o decidieran participar. Ese proyecto de ley es una forma de represalia y es muy probable que dé lugar a otras represalias si llegara a ser adoptada como ley.

El proyecto de ley ha sido presentado por Diosdado Cabello, Diputado de la Asamblea Nacional, quien habría afirmado que ‘existe una deuda con el pueblo venezolano ..porque las ONG han sido utilizadas para desestabilizar el país’.  Mencionó una lista de organizaciones a las que se aplicaría la ley, nombrando específicamente a la ONG Provea y a otras cuatro. En 2015, relatores especiales de la ONU denunciaron las “represalias televisivas” que Cabello llevó a cabo contra representantes de la sociedad civil, entre ellos Provea, a través de su programa de radio “Con el Mazo Dando”, emitido por la principal cadena del Estado.

El momento de la presentación del proyecto de ley –un día antes de la llegada a Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk – fue revelador y su intención es clara. El proyecto de ley está diseñado para disuadir el trabajo de derechos humanos y cerrar las ONG. Privará al mundo de información independiente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y debilitará la capacidad de actuación de la ONU.

Este proyecto de ley debe ser denunciado enérgicamente con vistas a su pronta retirada de la Asamblea Nacional. Hay que defender el derecho a defender los derechos en Venezuela incluyendo en relación a la ONU.