Durante el evento también se mostraron testimonios en video de cuatro víctimas de RTN: Claudia Vargas de Nicaragua, Carmen Lau de Hong Kong, Armel Niyongere de Burundi y Sitanun Satsaksit de Tailandia.
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Un nuevo informe de la ONU urge una mayor acción global contra la represión transnacional
Un nuevo informe de la ONU allana el camino para que los Estados y sus organismos desarrollen normas y recomendaciones para responder mejor a la represión transnacional y proteger a sus víctimas.
El 30 de junio de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su primer informe sobre la represión transnacional (RTN) en un evento paralelo durante el 59º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH). El evento reunió a expertos de la ONU, incluidos titulares de mandatos de Procedimientos Especiales y del Comité de Derechos Humanos, junto con personas defensoras de derechos humanos y víctimas, para debatir el alcance y el impacto de la RTN, así como la necesidad de una acción coordinada y rápida por parte de los Estados.
La RTN se refiere a las medidas adoptadas por un Estado o entidades asociadas a éste, dentro de su territorio o extraterritorialmente, para disuadir, prevenir, silenciar o castigar a personas que participen en la disidencia o la defensa de los derechos humanos en relación con ese Estado desde el extranjero. Estas medidas pueden dirigirse contra ellas directa o indirectamente a través de sus familiares, representantes u otras personas asociadas a ellas, y a menudo buscan infundir un efecto disuasorio más amplio sobre la defensa de los derechos y la disidencia.
En su informe, el ACNUDH enumera las formas más frecuentes que toma la RTN, incluyendo actos violentos e intimidación fuera del país — que en algunos casos incluyen secuestros y asesinatos —, además de acoso mediante solicitudes de extradición, arrestos y deportaciones ilegales, abusos de las leyes de seguridad con disposiciones extraterritoriales, restricciones a la libertad de movimiento, amenazas y ataques digitales, y ataques contra familiares u otras personas asociadas con las víctimas dentro de sus propios países.
El ACNUDH insta a todos los Estados a abstenerse de cometer, permitir o tolerar actos de RTN, y exhorta a todos las partes relevantes a tomar medidas inmediatas en cuatro áreas:
- Sensibilización y capacitación: Reconocer y documentar amenazas, sensibilizar a la población y capacitar a las autoridades nacionales, incluyendo a las fuerzas del orden, al poder judicial, a los servicios de inteligencia, agentes de la diplomacia y otras personas funcionarias que trabajan con personas refugiadas o que soliciten asilo.
- Protección integral de personas en riesgo: Establecer un punto focal intergubernamental sobre la protección de las víctimas, revisar las políticas y programas de protección y garantizar que estén centrados en las víctimas, tengan perspectiva de género, sean interseccionales, inclusivos y no discriminatorios, incluyendo la asistencia jurídica y psicosocial, visas humanitarias y reasentamiento.
- Rendición de cuentas y recursos legales: Realizar investigaciones sistemáticas, establecer mecanismos de reparación eficaces para las víctimas, garantizar que los procedimientos de extradición se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos y los marcos específicos a las situaciones de personas refugiadas, aplicar una verificación adicional de las notificaciones rojas de Interpol y considerar el historial de los países en materia de protección de las víctimas al considerar acuerdos judiciales y de seguridad bilaterales.
- Medidas relativas a la seguridad digital y la tecnología: Aplicar una moratoria a la exportación de programas informáticos espías o de vigilancia, proteger el cifrado de extremo a extremo, garantizar que las empresas realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y alentarlas a abordar la protección de las víctimas digitales mediante la mejora de la transparencia, la privacidad y la protección de datos.
El evento contó con el contundente testimonio de Basma Mostafa, defensora de derechos humanos y periodista egipcia, quien enfrentó la RTN durante su exilio en Kenia, Líbano y Suiza. Su caso se planteó en una carta enviada por titulares de mandatos expertos de la ONU a Egipto en diciembre de 2024 y en una declaración reciente del gobierno alemán. Hace dos semanas, ISHR se unió a 25 organizaciones de derechos humanos para exigir a las autoridades egipcias que pusieran fin a la RTN en su contra.
Formo parte de una comunidad global de periodistas, personas escritoras, activistas y comunidades enteras exiliadas — incluyendo tibetanes, uigures y otres — que sufren acoso y amenazas, a menudo simplemente por ser quienes son o por lo que representan. Muches se quedan soles, sufriendo en silencio porque los Estados Miembros no actúan, no defienden el Estado de derecho ni respetan sus obligaciones internacionales.Basma Mostafa, defensora de derechos humanos y periodista egipcia exiliada
Representantes de Chile, Australia, Francia, Lituania, Alemania y los Países Bajos intervinieron durante el evento para plantear sus preocupaciones y condenar la RTN, compartir los desafíos y las mejores prácticas a nivel nacional, y expresar su apoyo a la labor del ACNUDH. Unas semanas antes, los líderes de la Cumbre del G7 emitieron una importante declaración conjunta en la que enfatizaban su compromiso compartido de «fomentar una comprensión común de la RTN, crear conciencia y promover la rendición de cuentas para reducir los costos para quienes participan en actos de RTN».
RTN contra quienes exigen responsabilidades al gobierno chino
El gobierno chino es un perpetrador de RTN cuyos actos han sido ampliamente documentados a nivel mundial. Esto incluye actos que van desde la violencia física contra personas manifestantes uigures, tibetanas, chinas y hongkonesas durante la visita de Xi Jinping a San Francisco en 2023, la represión digital transnacional, hasta el procesamiento de familiares de activistas en el extranjero, como le ocurrió a la defensora de la democracia en Hong Kong, Anna Kwok.
El 2 de junio de 2025, ISHR se asoció con la Campaña por los Uigures para convocar un evento paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Este evento reunió a personas activistas uigures, de Hong Kong y tibetanas para debatir el alcance de los actos de RTN de China y las medidas que los Estados deberían adoptar para responder y proteger a las víctimas. El defensor uigur Rushan Abbas, la activista de Hong Kong Amy Siu y el activista tibetano Topjor Tsultrim compartieron sus propias experiencias e instaron a los Estados a intensificar la coordinación, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, capacitar a las fuerzas del orden y adaptar la legislación nacional para permitir el enjuiciamiento de los actos de RTN.
Los actos de TNR también pueden constituir represalias cuando se dirigen contra personas o grupos que cooperan o buscan cooperar con la ONU, sus órganos y representantes. A finales de abril, el ISHR publicó un informe histórico que expuso las tácticas para restringir el acceso de la sociedad civil independiente a la ONU, profundizando en los patrones de represalias cometidos por el gobierno chino, el cuarto mayor responsable de represalias según el informe anual del Secretario General de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos toma medidas para condenar la RTN contra personas defensoras y periodistas
Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la RTN a nivel mundial han comenzado a dar frutos, ya que los Estados la han condenado en diversas resoluciones adoptadas por el Consejo desde marzo, a pesar de la oposición de China, Rusia, Egipto, India, Argelia e Indonesia.
Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso dos resoluciones sobre el espacio de la sociedad civil y sobre la seguridad de los periodistas. Ambas expresan su profunda preocupación por las actividades represivas llevadas a cabo por los Estados o entidades bajo control estatal efectivo para dañar, silenciar e intimidar a integrantes u organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas trabajando con los medios de comunicación en el extranjero mediante medios digitales, físicos y de otro tipo, incluido el uso indebido de programas espía y de vigilancia intrusiva, y los ataques contra sus familiares, representantes u otras personas con quienes están asociadas. Esta última resolución condena además inequívocamente los ataques extraterritoriales contra periodistas o personas empleadas por los medios de comunicación.
Estos avances normativos clave se basan en un lenguaje similar de una resolución sobre personas defensoras de los derechos humanos y las tecnologías emergentes, adoptada por consenso en el Consejo a principios de marzo.
Los Estados también expresaron su preocupación por los actos de RTN en resoluciones aprobadas por votación del CDH sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Corea del Norte en marzo, y en Eritrea esta semana.
Estos esfuerzos contaron con el firme apoyo de diversos gobiernos occidentales y latinoamericanos, como Chile, Colombia y Costa Rica, Estados anfitriones de comunidades exiliadas que se enfrentan a la RTN.
La situación está cambiando: tanto titulares de mandatos expertos de la ONU y como los Estados se están dando cuenta rápidamente de la amenaza de la represión transnacional. Ahora necesitamos esfuerzos y coordinación más contundentes para revisar adecuadamente las leyes, mejorar la capacitación y la concienciación, proteger a las víctimas y enjuiciar a quienes perpetran estos actos. La mano dura y las tácticas de los Estados para exportar la represión a todo el mundo ya no pueden pasar desapercibidas.ISHR