©Provea
Dos días antes de la llegada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, la Asamblea Nacional venezolana celebró la primera lectura de un proyecto de ley que, de aprobarse, criminalizaría la labor de las personas defensoras, reduciendo aún más el espacio que tienen para actuar. Las personas defensoras se pronunciaron energéticamente en su contra.
La ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines’ si se aprueba, obligará a las ONG a declarar sus bienes y su “relación con las donaciones recibidas, con identificación completa de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”. También establece que se prohibirá el funcionamiento de las ONG que “realicen actividades políticas, promuevan o permitan acciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república”.
El proyecto de ley fue presentado por Diosdado Cabello, segundo al mando del presidente Maduro, quien, según se informó en el sitio web de la Asamblea Nacional, dijo, sin ningún fundamento, que ‘existe una deuda con el pueblo venezolano en este sentido, porque las ONG han sido utilizadas para desestabilizar el país’.”
Diosdado Cabello tiene el hábito de atacar las personas defensoras. En 2015, relatores especiales de la ONU denunciaron las “represalias televisadas” que llevó a cabo contra representantes de la sociedad civil a través de su programa de radio “Con el Mazo Dando” en la principal cadena estatal.
Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con 125 representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones.
”Coincidiendo con la visita de Turk, este proyecto de ley parece una clara represalia contra las personas defensoras, dirigida a restringir e intimidarlas, incluso en su compromiso con la ONU”, ha declarado Eleanor Openshaw, del ISHR.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha indicado que actuará con rapidez para que el proyecto tenga su segunda lectura, a partir de la cual se convertiría en ley.
En una rueda de prensa celebrada el viernes, las y los representantes de las ONG venezolanas hicieron un análisis detallado de la intención y el contenido del proyecto, afirmando que este proyecto, de convertirse en ley, no les impediría luchar por los derechos en el país.
La presidenta de la Misión de investigación de la ONU, Marta Valiñas, en un comunicado sacado el lunes, dijo, “De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela.” El proyecto ha sido rápidamente denunciado por organizaciones internacionales.
Al abandonar el país, el Alto Comisionado reiteró la importancia de facilitar el trabajo de la sociedad civil y pidió un “amplio proceso de consulta” en relación con la ley propuesta, aunque existen dudas sobre el alcance real de cualquier consulta.
”El tiempo apremia. Los Estados deben alzar la voz por las personas defensoras en Venezuela y pronunciarse urgentemente en contra de cualquier iniciativa que restrinja y obstruya su capacidad de trabajo”, afirmó Openshaw.
Download as PDF
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Durante su diálogo interactivo con Estados del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó nuevamente su frustración por la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.
En el contexto de un recrudecimiento de la represión en Venezuela, funcionarias y expertas de la ONU y estados hacen llamados a favor del respeto de las personas defensoras, la liberación de las detenidas arbitrariamente, elecciones justas y el retorno de la OACNUDH sin concesiones.
