Órganos de Tratados | Comité de Trabajadores Migrantes advierte del riesgo a Personas Defensoras

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En el día de hoy, el Comité sobre Protección de Trabajadores Migrantes de la ONU (CMW) – el organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisar los esfuerzos de los trabajadores migrantes y de sus familias – presentó una serie de recomendaciones a Ecuador, Indonesia y México. Dichas recomendaciones, fueron el resultado de las revisiones exhaustivas del historial de cada país para con el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

El ISHR presentó tres informes paralelos, en colaboración con los asociados nacionales mexicanos y los socios asiáticos,  como parte del proceso de revisión para llamar la atención sobre los desafíos que deben confrontar las personas defensoras de los derechos de los migrantes.

Sarah M Brooks, Directora del Programa del ISHR responsable de los trabajos relacionados con la migración, declaró:

‘Estamos orgullosos de ver que el Comité ha reconocido el papel crucial que tienen las personas defensoras de los migrantes en la Convención, particularmente en México, pero a su vez decepcionados ya que la desafiante situación a la que se enfrentan las personas defensoras en Indonesia y Ecuador, no fueron destacadas.’

El informe presentado semanas antes, mostraba la participación de una amplia gama de organizaciones.

Representantes de la sociedad civil en Ecuador, destacaron los desafíos a los que se han tenido que enfrentar para poder presentar informes al órgano del tratado; afirmando que el acceso a la información oficial puede ser difícil. Sin embargo, hicieron hincapié en que el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios ello mismo ha tenido un gran impacto, alentando al gobierno a proporcionar públicamente alguno de los datos antes de la revisión.

Lamentablemente, hablaron también de la presencia de un ambiente tenso tanto en el diálogo como en el debate de las políticas migratorias, incluida la aplicación de la recién aprobada Ley de Movilidad Humana. Además, citaron el caso de una periodista extranjera que, debido a sus esfuerzos por cubrir cuestiones relacionadas con los derechos de los migrantes,  le fue denegado el visado de reingreso a pesar de tener lazos significativos en el país

‘Nos alegramos de que el Comité haya pedido una investigación sobre el caso de la periodista, el cual apunta a un entorno restrictivo más amplio para los defensores de los derechos humanos que trabajan con los derechos de los migrantes,’ declara Brooks. ‘Es importante que el Comité se comprometa con los Estados y fomente actitudes que faciliten el trabajo de los defensores.’

En Indonesia, el Foro Asiático de Migraciones y el ISHR realizaron un informe conjunta con el fin de recalcar la importancia que tiene el papel de las personas defensoras de los derechos humanos en cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores migratorios. Las siguientes recomendaciones, de particular importancia, solicitan  al Gobierno de Indonesia que:

• Reconozca públicamente el trabajo de las personas defensoras de los derechos de los migrantes en Indonesia y que cree un ambiente apropiado para su trabajo
• Se comprometa a garantizar la protección de la libertad de  asociación, reunión y de expresión de sus ciudadanos en el extranjero
• Garantice políticas inclusivas, transparentes y coherentes que permitan a las OSC contribuir a la formulación de políticas en áreas relacionadas con los derechos de los migrantes

‘La falta de coherencia y consistencia, y el alcance arbitrario o tokenístico demuestran que hay claras lagunas en el enfoque del Gobierno para involucrarse con las partes interesadas,’ afirma Brooks  durante su intervención en la Reunión Informativa del Comité.

Dando la bienvenida a la recomendación del Comité sobre este tema, Brooks añadió ‘mientras que el gobierno indonesio debería ser conocido por lo que los socios generalmente aceptan como requisitos de registro mínimos para las OSC, las barreras burocráticas deberían ser eliminadas para facilitar el acceso a la financiación, especialmente procedente de fuentes internacionales – el tipo de limitaciones que el Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Asociación y Asamblea, reconoce como restricciones de facto sobre el derecho de libre asociación.’

Por último, una amplia gama de grupos mexicanos llamó la atención sobre las graves deficiencias en la legislación y la práctica que protegen a los migrantes y aquellos que buscan proteger y defender sus derechos humanos, así como una situación de violencia generalizada. El SIDH, en un informe conjunta con asociados nacionales, regionales e internacionales, había planteado los riesgos a los que se enfrentaban estos defensores.

‘Las personas que defienden los derechos de las personas migrantes en México son objeto de violencia y amenazas por parte de grupos criminales y actores dentro de las redes de tráfico humano, además de ser víctimas de acoso por parte de los funcionarios migratorios estatales y la policía nacional,’ afirmaba Helen Nolan del SIDH.

Andrea Bolaños, miembro de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, portavoz de la coalición durante la revisión, destacó la necesidad de investigar estos ataques y violaciones de derechos humanos cometidos contra las personas defensoras. 

‘Los ataque no puede ser llevados a cabo sin impunidad, ya sea por parte de los Estados o de actores no estatales y compañías privadas. Los responsables deben ser llevados ante la justicia,’ declaró Bolaños.

Bolaños, expresando su satisfacción por las recomendaciones del Comité, subrayaba que el Gobierno debe reconocer públicamente la labor de las personas defensoras. Señaló que ‘es muy importante que los expertos se basen en recomendaciones hechas con respecto a países en circunstancias similares – como Honduras – y le recordaban a México su obligación para garantizar el derecho a defender los derechos humanos.’

‘Al enfocar luz sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, el Comité no sólo promueve los derechos de los trabajadores migrantes en los Estados objeto de examen,’ dijo Brooks. ‘Ayuda a asegurar que las OSC puedan continuar trabajando para apoyar a los trabajadores migrantes y que sus representantes puedan participar activamente en los mecanismos de derechos humanos de la ONU sin temor a represalias.’

_{Photo credit: UN}