Perú | Poner fin a las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

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En el próximo mes, Perú será nuevamente examinado por el Examen Periódico Universal (EPU); mecanismo cuyo objetivo es el de evaluar las medidas tomadas por los estados para proteger los derechos humanos. Perú tendrá una nueva oportunidad para demostrar su nivel de compromiso con las recomendaciones emitidas por otros miembros.

A pesar de haber aceptado en gran parte las recomendaciones recibidas durante el EPU de 2012, la situación de las personas defensoras continúa siendo crítica, como bien explica Eleanor Openshaw directora y jefa de la incidencia regional en la oficina de ISHR en Nueva York.

‘La principal causa de esta realidad es la continua negativa por parte del Gobierno de implementar las recomendaciones; especialmente la recomendación relacionada con la derogación de las leyes de difamación – la cual Perú negó aceptar en 2012,’ declara Openshaw.

Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- CNDDHH), una plataforma de 82 organizaciones peruanas de la sociedad civil, indica que la situación no solo muestra la falta de compromiso por parte de las autoridades para proteger al colectivo protector de los derechos humanos; sino también es un ejemplo más de la imperante impunidad que existe en el país. 

‘Los ataques y actos de criminalización son parte del día a día de estas personas al ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de prensa,’ afirma Vidal. ‘A todo ello se suman, las agresiones, difamaciones y el hostigamiento constante. Siendo, las personas defensoras de los derechos del medio ambiente y del territorio, en particular las más afectadas.’

Lamentablemente, la inexistente acción del Estado para proteger estas personas defensoras y prevenir la perpetuación de las agresiones, generalmente causadas por fuerzas estatales, ha marcado gravemente la dinámica del país.

El Decreto Legislativo 1186 de 2015 y la Resolución Viceministerial N° 7-2016-JUS aprobada en 2016 son solo intentos fallidos de implementar un marco legal con respecto al uso de la fuerza y la garantía de protección a las personas defensoras. Sin embargo, la impunidad se mantiene presente siendo los activistas, en su mayoría, las víctimas de las represalias.

Helen Nolan, gerente de capacitación y punto focal en ISHR, explica que debido a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades peruanas, y de la falta de compromiso con los últimos resultados del EPU; el ISHR presenta este informe conjunto con la CNDDHH.

A través de este documento ambas entidades tienen por objetivo dar visibilidad la situación de las personas defensoras y presentar una serie de recomendaciones al Estado.

‘Animamos a los Estados examinados a escuchar las preocupaciones de la sociedad civil peruana,’ dice Nolan, explicando que dentro de las principales recomendaciones que se deben realizar a Perú en el EPU se incluyen:

• Luchar contra la impunidad y garantizar la integridad y seguridad de las personas defensoras
• Abstenerse de criminalizar las acciones de las personas defensoras, así como derogar o enmendar toda ley que restrinja sus actividades
• Reconocer la legitimidad de las personas defensoras favoreciendo la creación de un espacio seguro donde tanto activistas como periodistas puedan ejercer sus funciones libremente.
• Desarrollar e implementar una política pública integral de protección de personas defensoras, que incluya un mecanismo de protección ante actores estatales y non-estatales
• Proporcionar espacios seguros para la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo e implementación de medidas públicas
• Implementar un sistema de prevención y vigilancia del uso de la fuerza junto con la participación de la sociedad civil

El texto completo del informe está disponible aquí.

_{Fotografía: CNDDHH}