En agosto de 2018, un grupo de 10 expertes en derechos humanos designados por la ONU escribió una larga carta al gobierno chino preguntando por las disposiciones legales que permitían la RSDL. Habían recibido información de que el órgano legislativo chino, la Asamblea Popular Nacional, iba a revisar de nuevo la Ley de Procedimientos Penales, y de que grupos de la sociedad civil y abogades chines estaban muy preocupades por el artículo 73, que permite la RSDL. Les expertes estudiaron la ley en su conjunto -en particular el artículo 73- y explicaron las formas en que no cumplía las normas internacionales, incluidos los tratados de derechos humanos que la propia China había ratificado.
Basándose en la información que habían recibido, en su conocimiento de la situación en China y en su experiencia en las normas internacionales de derechos humanos, les expertes de la ONU llegaron a una serie de conclusiones claras sobre la RSDL, tanto en su definición legal, como en su uso real. Afirman que la RSDL:
- Niega [a las personas detenidas bajo RSDL] el derecho fundamental a un juicio justo, socava potencialmente el derecho a la integridad física y mental, y niega a las personas detenidas en estas condiciones sus derechos a la asistencia letrada y a las visitas familiares
- Da a la policía y a la seguridad pública demasiado poder, del que se abusa para permitir detenciones arbitrarias
- Se utiliza para amordazar los derechos pacíficos y legítimos a la libertad de expresión, reunión, asociación y el derecho a defender los derechos
En pocas palabras: al promulgar y hacer uso de la RSDL, China incumple sus obligaciones vinculantes de derecho internacional.
En una declaración pública de marzo de 2020, un grupo de expertes, incluido el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), expresó su «alarma por el uso continuado de la RSDL en China, a pesar de haber reiterado durante muchos años la postura de que la RSDL no es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos». Afirmaron que «como forma de desaparición forzada, la RSDL permite a las autoridades eludir los procesos ordinarios previstos por el derecho penal y detener a personas en un lugar no revelado durante un máximo de seis meses, sin juicio ni acceso a un abogado. Esto expone a las personas a un mayor riesgo de tortura, tratos o penas inhumanos o degradantes».
En un dictamen jurídico de septiembre de 2021 sobre los casos de Zhang Zhan, Chen Mei y Cai Wei, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA) «pide al gobierno que derogue las disposiciones que rigen la RSDL». Subraya la postura conjunta adoptada con otros expertos de la ONU, según la cual la RSDL:
- equivale a una detención secreta y es una forma de desaparición forzada
- contraviene el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su libertad, a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal sin demora, así como el derecho de las personas acusadas a defenderse mediante un abogado de su elección».
- puede constituir per se un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura, y además puede exponer [a los detenidos en virtud de la RSDL] a un mayor riesgo de sufrir más abusos, incluidos actos de tortura».
- se utiliza para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación por parte de los defensores de los derechos humanos y sus abogados».
El GTAD recordó esta postura en sus dictámenes jurídicos sobre los casos de Yu Wensheng; Li Kai; Xu Zhiyong; Ding Jiaxi, Zhang Zhongshun y Dai Zhenya; y Wang Jianbing.
Los expertos en derechos humanos de la ONU han reiterado además su preocupación por la RSDL en cartas dirigidas al gobierno chino sobre los casos de Guo Feixiong y Tang Jitian (febrerode 2022), Chang Weiping (septiembre de 2022), Huang Xueqin, Wang Jianbing y He Fangmei (diciembre de 2022), y Xu Zhiyong (mayo de 2023).
En su informe anual de 2022, el GTDFI señaló que el gobierno chino sigue -después de más de nueve años- sin responder positivamente a su solicitud de visitar el país; al mismo tiempo, el número de casos pendientes de desapariciones forzadas de los que se ha ocupado el Grupo de Trabajo en los últimos cinco años aumentó un 124%, de 68 a 152.
Tras su visita oficial a China en abril de 2022, la entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró que los organismos de derechos humanos de la ONU han calificado la RSDL como una forma de detención arbitraria y pidió su derogación.