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ISHR ofrece solidaridad y apoyo a quienes trabajan para promover la transparencia, combatir la corrupción y salvaguardar y fortalecer las leyes e instituciones que protegen a las personas defensoras y promueven la democracia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
Las personas y las comunidades prosperan en sociedades que respetan los derechos humanos y el Estado de derecho. Esto requiere un entorno caracterizado por una sociedad civil vibrante e independiente, leyes que protejan el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, instituciones y procesos que permitan la participación pública, gobiernos representativos y responsables, y mecanismos que proporcionen remedio y reparación de las injusticias. Las personas que defienden los derechos humanos desempeñan un papel vital en el establecimiento y mantenimiento de este entorno, y a menudo son las primeras en ser silenciadas o atacadas por gobiernos autoritarios o antiliberales o empresas que actúan en detrimento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
A través de este programa, ISHR proporciona solidaridad y apoyo a las personas defensoras que trabajan en entornos deteriorados en los que es necesario salvaguardar las instituciones democráticas y los mecanismos de rendición de cuentas, así como a los que trabajan en entornos en los que existe la oportunidad de reforzar las leyes y los mecanismos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos.
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Durante la 63a sesión del Consejo de Derechos Humanos, 47 Estados denunciaron el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua. Expertes de la ONU presentaron nuevas pruebas de represión sistemática, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
El Consejo de Derechos Humanos renovó los mandatos de su Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para monitorear la situación de los derechos humanos en el país, en un momento en que el escrutinio internacional es más necesario que nunca para garantizar que las reformas respeten y protejan los derechos humanos.
Venezuela atraviesa una nueva y compleja coyuntura política. En este contexto, dieciséis organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, suscriben el presente Decálogo de exigencias prioritarias.
ISHR y 37 otras organizaciones de derechos humanos en América Latina denuncian en comunicado conjunto el ataque militar de los Estados Unidos contra Venezuela y expresan preocupación por la grave situación de derechos humanos en el país. Cualquier solución a la crisis que atraviesa el país debe ser democrática, pacífica y negociada, centrada en el respeto por los derechos humanos, y priorizando la participación y el poder de decisión de la sociedad venezolana sobre su futuro.
Los familiares de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil deben recibir protección inmediata por parte del Estado chileno, concluyó el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en respuesta a una solicitud respaldada por ISHR. Es la primera vez que el tratado regional insta a un Estado signatario a tomar medidas de protección.
En una declaración conjunta, ISHR y 50 organizaciones de derechos humanos instaron al Estado ecuatoriano a que dejara de utilizar fuerza excesiva contra personas manifestantes y respetara, protegiera y facilitara el derecho a manifestarse pacíficamente.
