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Tras los informes del Alto Comisionado sobre Colombia, Guatemala y Honduras, el nuevo embajador colombiano instó a otros países a adoptar los mecanismos internacionales de derechos humanos como parte de un "tratamiento terapéutico" destinado a curar a un país y no a sancionarlo.
Durante la visita de Volker Türk a Colombia en enero de este año, firmó la prórroga de la presencia de su Oficina en el país por otros nueve años. En su informe al Consejo celebró este hecho, la apertura del gobierno a colaborar, así como otros compromisos importantes del gobierno, entre ellos el de implementar el Acuerdo de Paz. También destacó, sin embargo, la profundidad de los problemas estructurales y sistémicos del país que conducen, entre otras cosas, a una impunidad profundamente arraigada.
El Embajador colombiano señaló que el informe era ”equilibrado” y que el objetivo de su gobierno era trabajar por una Colombia en la que ”hubiera respeto por la vida y por las diferencias” y en la que ”hubiera justicia para las violaciones de los derechos humanos”.
El embajador también se refirió a los cambios en el gobierno colombiano, así como en su vida personal (antes había sido un líder de la sociedad civil muy conocido y experto de la ONU). Señaló que cuando se pronunció a favor de la OACNUDH antes de que estableciera su presencia en el país, le habían llamado “traidor a la patria”. Ahora, en el gobierno, podía celebrar el trabajo y la presencia de la Oficina en el país.
Sobre Guatemala, la Alta Comisionada señaló un aumento de más del 70% en el número de operadores de justicia que sufren hostigamiento, y un aumento del 54% en la intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos, y periodistas entre otros.
El representante guatemalteco reconoció la labor del Alto Comisionado y de su representante en Guatemala, pero dejó claro que la asistencia técnica debía estar “en línea con las prioridades del gobierno”, señalando la importancia de la soberanía del Estado en todas las gestiones.
En cuanto a Honduras, el Alto Comisionado tomó nota de la voluntad expresada por el gobierno de tomar medidas en materia de derechos humanos, pero también señaló la magnitud del desafío, incluidos problemas estructurales profundamente arraigados como la pobreza, la impunidad y el riesgo para los defensores de los derechos humanos.
La representante de Honduras fue clara en su apoyo a la Alta Comisionada. Destacó tanto los retos a los que se enfrentaba el gobierno como los esfuerzos para cambiar la situación, incluida la firma del Memorando de Entendimiento con el Secretario General para establecer una comisión anticorrupción en el país.
El proyecto de ley de ONG presentado en la Asamblea Nacional de Venezuela es una grave amenaza para el espacio cívico en el país, y limitará gravemente la capacidad de las personas defensoras para participar en los mecanismos internacionales de derechos humanos. Hay que apoyar a las personas defensoras y retirar este proyecto de ley, escriben Calixto Ávila (Provea) y Eleanor Openshaw (ISHR).
El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que extiende el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) por dos años más, fortaleciendo su enfoque en los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las represalias y las personas presas políticas, luego de la abogacía sostenida de Organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales forman parte de la coalición Colectivo 46/2.
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaron una prórroga de dos años de un mecanismo de supervisión y presentación de informes encargado de investigar las graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Nicaragua desde el año 2018.
