CDH55: Una mirada a la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe

Esta 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), es recordado como una de las más largas que se hubiera registrado por la cantidad de temas que se discutieron.

En los debates que se dieron, quedó en claro el sin fin de frentes abiertos y complejos que han requerido de la atención y acción del CDH. Las problemáticas que aquejan a América Latina y el Caribe no fueron la excepción ante sus ojos. 

Durante la sesión hubo informes y diálogos con el Alto Comisionado sobre Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela; informes y diálogos con los mecanismos de investigación sobre Nicaragua y Venezuela; informes de expertes internacionales sobre Colombia y Haití, e informes de resultados en el marco del EPU sobre Colombia y Cuba. También hubo ocasión de llamar la atención sobre la realidad de los derechos humanos en la región a través de debates temáticos.

ISHR tuvo la oportunidad de apoyar a personas defensoras de Guatemala, Haití, Nicaragua y México en estos debates. A pesar de que la situación de derechos humanos en cada país está sujeta a sus particularidades políticas y sociales, una serie de temas fueron recurrentes en cada uno de estos debates.

La cooptación de instituciones, sobre todo de justicia; la necesidad de diseñar, promover e implementar reformas estructurales, y el fortalecimiento de un ambiente hostil y coercitivo en contra de personas defensoras, son temas que permanecen como preocupaciones importantes en la agenda regional. 

Logros significativos, pero con un largo camino por recorrer. 

Personas defensoras de Guatemala, compartieron que a pesar de la esperanza que existe entre varios sectores de la sociedad sobre las acciones del nuevo gobierno electo, aún hay temas pendientes relacionados a  la criminalización de personas defensoras y operadores de justicia; la fabricación de casos, y el desmantelamiento y cooptación de instituciones del Estado. Lo anterior ha contribuido a un clima de corrupción, miedo e incertidumbre. 

Las personas defensoras guatemaltecas, fueron claras al señalar que en Guatemala las comunidades indígenas continúan enfrentando una serie de agresiones por diferentes actores, tanto estatales, como no estatales, por su trabajo en la defensa de la tierra y territorio.  

Colombia es otro caso de distinguido entusiasmo, pero marcado por los llamados a la prudencia ante el trabajo pendiente del gobierno. En el diálogo interactivo con el grupo de expertos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, se discutieron los avances conseguidos en la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. 

La experta de Naciones Unidas, Antonia Urrejola reconoció los logros que se han conseguido en materia de justicia transicional y aplaudió los avances en la promulgación de una reforma rural integral. Además, calificó el todavía fuerte compromiso de los firmantes de los acuerdos de paz como una señal positiva de que existen las bases para proseguir con el desarrollo de políticas enfocadas en abordar los obstáculos estructurales que obstruyen la consolidación de un ambiente de paz en el país.   

En Colombia se vuelven a hacer presente las consecuencias negativas que ha traído la cooptación de las instituciones judiciales y la debilidad institucional del Estado. En el informe presentado por el grupo de expertos, se explicó cómo la corrupción institucional, ligado con el narcotráfico, ha obstruido los esfuerzos de coordinación institucional por: 

• Garantizar la presencia del Estado en los territorios abandonados por las FARC-EP. 
• Asegurar la seguridad de las personas firmantes de los acuerdos. 
• Negociar con grupos armados no estatales.
• Implementar el capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo. 

En especial, a través del caso de Jesús Santrich, se ejemplifico como el secuestro de instituciones, como la fiscalía general, ha promovido la creación de un ambiente abusivo y coercitivo en contra de las personas firmantes del acuerdo. 

La sesión terminó con el grupo de expertos recomendando a que Colombia observará la implementación de los acuerdos de paz como una política de Estado, priorizando la desmantelación de organizaciones criminales y reforzando la lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero particularmente, hicieron un llamado al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo adoptar el plan integral de protección de personas defensoras ordenado recientemente por la Corte Constitucional 

Recrudecimiento de la represión contra disidentes y personas defensoras. 

Nicaragua y Venezuela nos introdujeron a un contexto en el cual las personas defensoras han experimentado un recrudecimiento de las acciones represivas del gobierno. 

El cierre de la oficina en Venezuela de la OACNUDH fue central en los debates con la Alta Comisionada Adjunta el 19 marzo, y con les miembros de la Misión de Determinación de los Hechos (FFM por su siglas en inglés) el 20 de marzo, en donde fue calificado como parte de una fase de reactivación más violenta de represión por parte de las autoridades. Personas defensoras instaron a los Estados a dar prioridad a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en Venezuela por encima de otros intereses. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), calificaron la evolución de DDHH como negativa, llegando a documentar un aumento de casos de intimidación, estigmatización y detención arbitraria. 

El grado de impunidad, y la marcada falta de cooperación de los gobiernos de Venezuela y nicaragua, pone una responsabilidad importante en la comunidad internacional, ya que ante los niveles de impunidad y miedo que han experimentado las personas defensoras, los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como las acciones de los Estados, se convierte en herramientas de rendición de cuentas que permiten la supervivencia de la sociedad civil, quienes han fungido como baluartes de resistencia y libertad política.  

Discriminación racial en América Latina. 

Durante este período de sesiones, el Consejo celebró el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. En esta ocasión, ISHR y la Articulación Latinoamericana por el Decenio Afrodescendientes (ALDA) se unieron en un llamado contra el racismo para exigir reconocimiento, justicia, y desarrollo para los afrodescendientes. 

Discutiendo sobre la variedad de experiencias negativas que han tenido que experimentar las comunidades afrodescendientes en varios países de la región, como Brasil o México, quedó a la luz el nivel de exclusión social y precariedad económica de la población afrodescendiente. 

En conjunto con Racismo MX, se pudo discutir sobre el racismo sistémico y la invisibilidad que los afrodescendientes y los pueblos indígenas enfrentan en la región, particularmente México. En una declaración conjunta se denunció el perfil racial sistémico, la estratificación económica de los afrodescendientes en el país y se instó a los Estados latinoamericanos a implementar las medidas de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. 

Entre las recomendaciones que presentó Racismo MX, se pidió a los Estados de la región erradicar el perfilamiento racial; promover acciones que combatan la estratificación económica, y por último, combatir la discriminación y tomar medidas efectivas y concretas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban.

Haití, una espiral de crisis de derechos humanos.

Durante la presentación de su reporte sobre la situación de Haití, el Alto Comisionado expresó sin tapujos que ´el país está subyugado a una situación de caos total´. El control de grupos criminales, y el derrumbe de las instituciones ante la falta de un gobierno de transición, han hecho que el país sufra una de las crisis humanitarias más alarmantes en su historia. 

El Alto Comisionado hizo llamados tajantes a la comunidad internacional a no ignorar sus obligaciones y a actuar de manera concertada con Haití para atender las causas estructurales que han afectado a Haití. 

El debate sobre el despliegue de una misión de apoyo multinacional (aprobada por el Consejo de Seguridad en octubre de 2023) puso de manifiesto la preocupación de algunos Estados de la región a una iniciativa de ‘invasión disimulada’, mientras que otros comentaron que el principio de la no indiferencia debía prevalecer.

El experto de las Naciones Unidas, William O ‘Neil, hizo un reconocimiento a la sociedad civil en Haití por su trabajo que ha sido fundamental para evitar un colapso absoluto en el país. Al final de la sesión, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que renueva el mandato del Experto Designado por un año adicional.

Las reacciones de América Latina: el silencio, la omisión y la solidaridad de los países latinoamericanos. 

Enfrentándose a diferentes niveles de peligro en forma intimidaciones, estigmatización, y/o detención, varias de las personas defensoras, que ISHR pudo apoyar, buscaron aprovechar este periodo de sesiones para traer visibilidad a sus luchas de resistencia ante los ojos de la comunidad internacional. 

Aunque fue visible el trato precavido de países como Brasil, resaltaron las intervenciones de Chile, Paraguay, Perú y Argentina, quienes fueron reticentes a ceder ante la narrativa de algunos Estados que calificaron a los esfuerzos de las personas defensoras de manera negativa. Las intervenciones de Honduras, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua se caracterizaron por sus descalificaciones y obstrucciones al trabajo del Consejo y de demás mandatos especiales de países. 

Las personas defensoras alzaron su voz para exigir que los Estados tomarán medidas más efectivas y concretas ante el empeoramiento de sus condiciones en varios países de la región. Igualmente, llamaron a un reconocimiento del rol importante que han tenido en la lucha por la justicia y no dejaron de acusar la corresponsabilidad de la comunidad internacional en promover un desarrollo positivo en América Latina.  

Ver aquí una lista completa de resoluciones, decisiones e informes relacionados a la sesión 55 del Consejo de Derechos Humanos.