China | Comité de la ONU interroga al gobierno sobre el impacto en derechos humanos de proyectos chinos en el extranjero

Comité de personas expertas de la ONU incluye preguntas sobre debida diligencia y vulneraciones de derechos humanos en el marco de proyectos chinos en el exterior en una lista de preguntas al gobierno chino. Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil presentó un informe al Comité sobre abusos cometidos por empresas chinas en Latinoamérica.

El lunes 22 de marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó su ‘Lista de Preguntas’ al gobierno chino. Ésta representa la primer etapa del proceso de evaluación periódica del cumplimiento por el gobierno de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los nueve tratados fundamentales de derechos humanos.

Con relación a las instituciones financieras y empresas domiciliadas en China, incluidas las empresas estatales, y que operan en el extranjero, el Comité solicitó a China que proporcionara información detallada sobre:

  • ‘los esfuerzos realizados para incorporar la debida diligencia en materia de derechos humanos en sus sistemas y en los diversos reglamentos y directrices (…) para las inversiones extranjeras’;
  • ‘los mecanismos establecidos para supervisar e informar sobre el cumplimiento de dichos reglamentos y directrices por parte de las entidades empresariales, incluidas las empresas estatales’, así como ‘los informes publicados por dichos mecanismos’;
  • ‘las medidas adoptadas para proporcionar a las víctimas de abusos de los derechos humanos recursos efectivos’, incluyendo ejemplos de casos específicos;
  • ‘las medidas adoptadas garantizar que las actividades extractivas en el extranjero (…) no obstaculicen los esfuerzos de los países de acogida para mitigar el impacto adverso del cambio climático.

‘La obligación del gobierno de proteger los derechos humanos también se aplica fuera del territorio chino, incluyendo en Latinoamérica,’ dijo Raphaël Viana David, Oficial de Programas para el International Service for Human Rights (ISHR). ‘Esto implica tomar medidas para regular el comportamiento de inversionistas y empresas chinas, en particular las estatales, y asegurar que posibles abusos sean identificados, prevenidos y mitigados mediante la debida diligencia, y, cuando ocurran, que todas las víctimas tengan acceso a reparación.’

El Comité está compuesto por 18 personas expertas independientes encargadas de supervisar la aplicación del Pacto por los países que lo ratificaron. Por ello, son considerados como los ‘guardianes’ de derechos fundamentales como el derecho a la educación o la salud, derechos laborales y derechos culturales, pero también de derechos ambientales como el derecho al agua y a un medio ambiente sano. ISHR preparó un documento explicativo sobre el trabajo del Comité, qué derechos que protege, y cómo pueden organizaciones de la sociedad civil interactuar con él. La versión suplementada del documento también presenta qué ha dicho el Comité sobre China en evaluaciones pasadas.

‘Las organizaciones de la sociedad civil locales y regionales juegan un rol fundamental a la hora de documentar abusos de los derechos humanos y brindar apoyo a las víctimas,’ resaltó Raphaël Viana David. ‘Por ello, el gobierno chino debe abrir mecanismos y canales de diálogo claros y transparentes con la sociedad civil, en vez de mantener la opacidad y, en ciertos casos, intimidar a sus representantes.’

ISHR, junto con el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA), y Kanan Derechos Humanos, presentó un informe sobre las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de China con relación a actividades empresariales en Latinoamérica. A raíz del análisis de ocho proyectos de consorcios o empresas chinas en Perú, Bolivia, México, Argentina, Ecuador, Brasil y Nicaragua, el informe apunta hacia patrones de abusos de los derechos de pueblos indígenas, los impactos sobre el goce del derecho al agua y a un medio ambiente sano, así como la ausencia de políticas de debida diligencia por el gobierno chino o las empresas, en su mayoría estatales.

Representando a ISHR e CICDHA en un encuentro con el Comité, Julia Cuadros resaltó la necesidad de solicitarle al gobierno chino esclarecer cuáles son las políticas, marcos normativos y mecanismos que aseguren el ejercicio de la debida diligencia, así como la investigación y sanción de abusos, y reparación a víctimas. En los últimos años, organizacionales nacionales y regionales han documentado y expresado una creciente preocupación por abusos cometidos por empresas o consorcios chinos, así como por la falta de transparencia, debida diligencia y vías de comunicación con víctimas y comunidades.

En 2018, las organizaciones que conforman el CICDHA habían presentado un primer informe en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de China, un proceso de revisión intergubernamental, con el fin de alentar gobiernos a recomendarle medidas concretas a China en el ámbito de empresas, derechos humanos y el medio ambiente. Durante el examen, cuatro recomendaciones fueron emitidas por Perú, Ecuador y otros países, las cuales fueron aceptadas por el gobierno chino para implementación.

‘El EPU de 2018 marcó un primer paso importante hacia una mayor atención internacional sobre los abusos por las empresas chinas en Latinoamérica,’ señaló Raphaël Viana David. ‘Si bien las recomendaciones del EPU son esencialmente políticas, formuladas por gobiernos, el análisis realizado por un cuerpo de personas expertas como lo es Comité viene ahora reforzar dichas recomendaciones a raíz del derecho internacional.’

La ‘Lista de Preguntas’ del Comité también solicita información detallada sobre trabajo forzado de la minoría uigur y las restricciones a sus derechos sociales y culturales; intimidaciones a personas abogadas y defensoras de los derechos humanos; medidas sobre el COVID, acceso a la información e intimidación a periodistas; legislación antidiscriminación, incluyendo para personas LGBTI y minorías étnicas; restricciones a la formación de sindicatos independientes; derechos laborales e igualdad de género.

Foto: CICDHA, Represas Río Santa Cruz