Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Guatemala celebrado esta semana, los Estados pidieron reiteradamente a Guatemala que tomara medidas para hacer frente a tres crisis actuales: los ataques contra personas defensoras, la corrupción endémica y la falta de independencia judicial.
Los Estados de la ONU se centraron esta semana en la situación a la que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) del país. En cada ciclo del EPU se han hecho recomendaciones a Guatemala relacionadas con su obligación de defender el derecho a defender los derechos humanos. Esta semana, durante el cuarto examen de la situación de los derechos humanos en Guatemala y el examen de la aplicación de las recomendaciones anteriores, 22 Estados, incluyendo a Brazil, Chile y Costa Rica, volvieron a expresar su preocupación.
‘En exámenes anteriores, Guatemala aceptó varias recomendaciones clave, incluida la adopción de una política pública de protección de las personas defensoras. No ha habido ningún progreso al respecto’, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR.
De hecho, durante el examen Guatemala no hizo ninguna referencia a las personas defensoras o a las y los periodistas durante su presentación.
Las ONG han dejado clara la gravedad de la situación a la que se enfrentan. La Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) afirma que Guatemala cuenta con que ‘la institucionalidad esta dispuesta a intimidar, asediar, perseguir, vigilar y presentar denuncias en contra de quien defiende derechos.’
Las propias personas defensoras no tienen la oportunidad de hacer declaraciones durante esta parte del examen -éstas se producen cuando se adopta el informe en marzo-, pero muchos, entre ellos REDNOVI, presentaron informes para el examen.
Colombia, México y Panamá pidieron a Guatemala que ratificara el Acuerdo de Escazú, clave para la protección de los defensores del medio ambiente. Los Estados también expresaron su preocupación por la corrupción -incluida Indonesia- y la falta de independencia del poder judicial.
‘La impunidad de los ataques contra las personas defensoras, la corrupción constante y la falta de independencia judicial o de protección de las periodistas confluyen para crear un contexto de extrema precariedad’, afirmó Openshaw. ‘Guatemala se enfrenta a enormes retos, pero también a oportunidades de buscar apoyo a través del EPU para hacer frente a estas crisis’.
La adopción del informe del EPU sobre Guatemala está prevista más adelante en el año. El 7 de marzo también se presentará un informe sobre las actividades de la OACNUDH en Guatemala.
‘En estos primeros meses de 2023, la atención se centra en Guatemala. Este es el momento para que los Estados apoyen a las personas defensores en el país, siendo claros sobre sus recomendaciones a Guatemala y de su compromiso de presionar para su aplicación’, dijo Openshaw.
La sociedad civil habló de la actual crisis de derechos humanos en Venezuela esta semana en el Consejo haciendo evidente que, a pesar de los mejores esfuerzos de Venezuela para denunciar la Misión de Investigación, el trabajo de la Misión y el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son absolutamente esenciales para las víctimas de violaciones.
Dos días antes de la llegada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, la Asamblea Nacional venezolana celebró la primera lectura de un proyecto de ley que, de aprobarse, criminalizaría la labor de las personas defensoras, reduciendo aún más el espacio que tienen para actuar. Las personas defensoras se pronunciaron energéticamente en su contra.
ISHR apoya sin reservas esta declaración de la sociedad civil que recuerda al gobierno peruano su deber de defender el derecho a la protesta y no utilizar el estado de emergencia para enmascarar violaciones de los derechos humanos.
