Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Guatemala celebrado esta semana, los Estados pidieron reiteradamente a Guatemala que tomara medidas para hacer frente a tres crisis actuales: los ataques contra personas defensoras, la corrupción endémica y la falta de independencia judicial.
Los Estados de la ONU se centraron esta semana en la situación a la que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) del país. En cada ciclo del EPU se han hecho recomendaciones a Guatemala relacionadas con su obligación de defender el derecho a defender los derechos humanos. Esta semana, durante el cuarto examen de la situación de los derechos humanos en Guatemala y el examen de la aplicación de las recomendaciones anteriores, 22 Estados, incluyendo a Brazil, Chile y Costa Rica, volvieron a expresar su preocupación.
‘En exámenes anteriores, Guatemala aceptó varias recomendaciones clave, incluida la adopción de una política pública de protección de las personas defensoras. No ha habido ningún progreso al respecto’, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR.
De hecho, durante el examen Guatemala no hizo ninguna referencia a las personas defensoras o a las y los periodistas durante su presentación.
Las ONG han dejado clara la gravedad de la situación a la que se enfrentan. La Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) afirma que Guatemala cuenta con que ‘la institucionalidad esta dispuesta a intimidar, asediar, perseguir, vigilar y presentar denuncias en contra de quien defiende derechos.’
Las propias personas defensoras no tienen la oportunidad de hacer declaraciones durante esta parte del examen -éstas se producen cuando se adopta el informe en marzo-, pero muchos, entre ellos REDNOVI, presentaron informes para el examen.
Colombia, México y Panamá pidieron a Guatemala que ratificara el Acuerdo de Escazú, clave para la protección de los defensores del medio ambiente. Los Estados también expresaron su preocupación por la corrupción -incluida Indonesia- y la falta de independencia del poder judicial.
‘La impunidad de los ataques contra las personas defensoras, la corrupción constante y la falta de independencia judicial o de protección de las periodistas confluyen para crear un contexto de extrema precariedad’, afirmó Openshaw. ‘Guatemala se enfrenta a enormes retos, pero también a oportunidades de buscar apoyo a través del EPU para hacer frente a estas crisis’.
La adopción del informe del EPU sobre Guatemala está prevista más adelante en el año. El 7 de marzo también se presentará un informe sobre las actividades de la OACNUDH en Guatemala.
‘En estos primeros meses de 2023, la atención se centra en Guatemala. Este es el momento para que los Estados apoyen a las personas defensores en el país, siendo claros sobre sus recomendaciones a Guatemala y de su compromiso de presionar para su aplicación’, dijo Openshaw.
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
