ISHR se ha sumado a decenas de ONG nacionales, regionales e internacionales que expresan su preocupación por los intentos del gobierno de restringir el derecho a la protesta de las personas defensoras de derechos humanos guatemaltecas.
El 24 de Octubre, ISHR se sumó a un pronunciamiento firmado por más de 40 organizaciones nacionales e internacionales expresando su preocupación por los intentos del gobierno guatemalteco de estigmatizar y criminalizar a las miles de personas defensoras de derechos humanos (PDDH) que han salido a la calle para defender su democracia.
Guatemala está atravesando lo que se ha llamado un “golpe de estado técnico”, iniciado por la inesperada victoria del partido político progresista “Movimiento Semilla” en las elecciones nacionales. Desde el 12 de julio (, diferentes actores (principalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial) han emprendido acciones encaminadas a impedir que el presidente electo asuma el poder, incluso intentando anular las elecciones.
Esto motivó a las personas guatemaltecas a protestar dentro y fuera del país, no por un candidato, sino por la democracia misma. Los pueblos indígenas han estado en primera línea, como manifestantes y como líderes. Varias autoridades ancestrales (incluidos los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá) organizaron protestas y paros nacionales a los que luego se le sumaron otros sectores de la sociedad civil. El pueblo guatemalteco ha respondido al llamado: además de protestar, han proporcionado servicios médicos, entretenimiento y necesidades básicas a les manifestantes.
Si bien las protestas iniciaron en julio, tuvieron su punto álgido en octubre, después de que varias autoridades indígenas decidieran convocar a un paro nacional indefinido. Con cientos de miles de personas guatemaltecas manifestando en todo el territorio, estas se han convertido en las movilizaciones más grandes en la historia del país. A pesar del enorme alcance del movimiento, los casos reportados de violencia han sido mínimos, y se han documentado aún menos (en más de una ocasión, iniciados por contra-manifestantes o por lo que se cree fueron infiltrados del gobierno).
A pesar de ello, la Corte de Constitucional ha calificado algunas protestas como un “abuso de los derechos de reunión y manifestación” y ha autorizado a la polícia, e incluso al ejército, a dispersarlas si lo considera necesario. El 18 de octubre, la Corte afirmó que algunos manifestantes podrían haber cometido “delitos de lesa humanidad por provocar el ‘exterminio de civiles’ de acuerdo con el contenido del Estatuto de Roma”, mientras que otros podrían estar cometiendo el delito de obstrucción de justicia al protestar frente a oficinas gubernamentales.
Esto es una grave tergiversación de la ley, no menos porque los crímenes de lesa humanidad solo pueden ser cometidos ‘como parte de un ataque generalizado o sistemático […] de conformidad con la política de un Estado o de una organización’. Una acusación tan grave no se debe hacer a la ligera, especialmente considerando el caracter aislado del incidente dentro de un movimiento histórico para el país.
Como ha recomendado el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule: “Los Estados deben detener la retórica hostil que estigmatiza las manifestaciones pacíficas, por ejemplo, presentándolas como desestabilizadoras y como una amenaza. Los Estados deben crear un entorno propicio, en particular, facilitando el diálogo con los manifestantes y habilitando procesos incluyentes que garanticen una participación significativa de todos los grupos de la sociedad a la hora de buscar soluciones para resolver una crisis“.
‘Les manifestantes pacíficos no son delincuentes, mucho menos criminales de guerra, son personas defensoras de derechos humanos que defienden el derecho propio y de sus conciudadanes a la democracia. Están ejerciendo sus derechos políticos y a la libertad de expresión de reunión y a defender derechos humanos. El gobierno guatemalteco tiene la obligación de protegerles, no de estigmatizarles.’, dijo Javier Urízar, oficial del programa Legal de ISHR en Guatemala.
‘Desde ISHR, expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de DDHH de Guatemala que están en la primera línea defendiendo la democracia. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que haga lo mismo y asegure la rendición de cuentas de aquellos responsables de tratar de subvertir la voluntad del pueblo guatemalteco. Finalmente, hacemos un llamado al gobierno guatemalteco a respetar el derecho a defender derechos humanos y los resultados electorales.’, concluyó.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
El jueves 7 de abril, una mayoría de dos tercios de los Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron a favor de suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
