Los mecanismos de las Naciones Unidas deben permanecer en el foco de la política exterior sobre Venezuela

A lo largo de los últimos tres años, la Misión ha trabajado energéticamente con “vistas a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.  Ha encontrado pruebas de probables crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de los más altos niveles y ha elaborado recomendaciones claras sobre cómo abordar las bases estructurales y sistémicas de una serie de graves violaciones.  Todos estos logros se han conseguido a pesar de que Venezuela no ha permitido la entrada de la Misión en el país.

Durante este período, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos también ha sido activa sobre el terreno en el país, hemos sido testigos de algunos cambios en la situación de los derechos humanos, incluso en lo que respecta al patrón de comportamiento de los autores. La ONG venezolana Provea documentó que el número de ejecuciones extrajudiciales se ha reducido en más del 50% entre 2020 y 2021.  

Sin embargo, este cambio no es ni mucho menos suficiente. El número de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela sigue siendo escandalosamente alto.  A pesar de la reducción de las cifras anteriores, en 2021 hubo 1.414 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, según Provea.  El cambio sistémico y estructural que reclama la Misión está claramente ausente.  Incluso, se ha producido un claro retroceso en algunas áreas.  Una de ellas es la confirmación de nuevos períodos para los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de los límites de los términos garantizados por la Constitución. Otro, el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional (la Ley de Cooperación Internacional) que, entre otras cosas, limitará aún más el acceso de las ONG venezolanas a su financiamiento. Las personas defensoras de los derechos humanos continúan desalentándose en las cárceles, a pesar de la reiterada condena de la arbitrariedad de su detención y la necesidad de su liberación inmediata.

Mientras los Estados de la región se plantean qué pasos dar en relación con Venezuela, está claro que el mundo en 2022 no es el mismo que el de 2019, cuando se estableció la misión de investigación. En la región se han producido importantes acontecimientos, como los recientes avances de los gobiernos de izquierda, que han contribuido a algunos cambios de lealtades políticas y a la aparición de nuevas prioridades.

También está claro que la situación de los derechos humanos en Venezuela amerita sin duda la continuación de la misión de investigación.  Los Estados no deben actuar con premura para desarticular un sistema de derechos humanos que está rindiendo frutos, el cual mantiene la atención del mundo sobre una profunda crisis de derechos humanos y al que los actores de la sociedad civil nacional y las víctimas de las violaciones apuntan como el centro de sus esperanzas para un cambio positivo. 

De hecho, los Estados deberían considerar el trabajo de la ONU sobre Venezuela como una pieza clave de sus estrategias de política exterior con respecto al país.  Deben respaldar el trabajo de los mecanismos de la ONU y de la Corte Penal Internacional (que confirmó el inicio de los procedimientos sobre crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2021) como órganos interconectados que, a través del asesoramiento técnico, las recomendaciones y las decisiones, proporcionan hojas de ruta para abordar la impunidad y promover la rendición de cuentas.

La misión de investigación sigue siendo el único organismo internacional de supervisión independiente con el mandato de investigar las violaciones y los abusos sistemáticos y garantizar la responsabilidad de los autores. Como tal, desempeña un papel crucial en el fomento de la no repetición de los crímenes atroces. Este papel en la disuasión de las violaciones podría ser clave durante la incertidumbre de un periodo de elecciones presidenciales en 2024.  Más aún, con la posibilidad de que se reanuden las negociaciones entre el gobierno y la oposición y a medida que Venezuela se convierte en un foco de interés renovado tras la guerra en Ucrania, el trabajo continuado de los mecanismos de rendición de cuentas puede proporcionar una base fundamentada en las normas de derechos humanos desde la que desarrollar políticas y emprender soluciones políticas.  Esto debería contribuir a una menor polarización y a una mayor estabilidad en la región a largo plazo. 

El gobierno venezolano hace buenas señales de cooperación con la ONU, pero los Estados deben ser cuidadosos al evaluar la realidad sobre el terreno, incluyendo escuchar a las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas y a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Ahora no es el momento de reducir la Misión ni de hacer concesiones en materia de derechos humanos. Es el momento de respaldar a la Misión y reforzar su mandato. Es el momento de promoverla como un actor clave en exponer las estructuras que permiten las violaciones, además de proporcionar una hoja de ruta para la prevención de nuevos abusos.