ISHR y coalición presentan informe sobre el impacto en derechos humanos de proyectos chinos en Latinoamérica

El ‘medio plazo’ del EPU es una oportunidad importante para evaluar el avance de los Estados en las recomendaciones aceptadas, de cara a su siguiente EPU, programado para 2023 en el caso de China. 

Patrones de abusos de los derechos humanos en 26 casos en Latinoamérica

Aunque no constituyen un marco normativo vinculante, en los últimos dos años, entidades chinas han promulgado regulaciones y directrices internas para guiar el comportamiento de sus empresas en el extranjero. Sin embargo, los 26 casos presentados en el informe demuestran el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el EPU y apuntan hacia una serie de patrones de abusos de los derechos humanos cometidos por empresas chinas en Latinoamérica. 

El Estado chino también falla sus obligaciones bajo el derecho internacional de ‘respetar’ los derechos humanos, es decir, asegurarse de que actores bajo su jurisdicción o control efectivo – por ejemplo empresas e inversionistas chinos – no vulneren los derechos humanos de individuos. Esta obligación se extiende fuera del territorio chino, como lo recordó en marzo de 2021 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la primera etapa de su examen de China.

Éstos elementos fueron presentados en el evento de lanzamiento del informe: 

Julia Cuadros, de la organización peruana ‘Cooperacción’ celebró que, en parte gracias a la sociedad civil, en el EPU se están reconociendo las responsabilidades extraterritoriales de los Estados por actuaciones de empresas financiadas o regidas por estos. Sin embargo, también lamentó que las empresas chinas se han rehusado a dialogar con la sociedad civil y comunidades afectadas en los casos de abusos de los derechos humanos y daños al medio ambiente. 

Vivian Idrovo Mora, de la Alianza por los derechos humanos Ecuador, indicó que el patrón de abusos documentado desde el 2018 sigue perpetúandose:

• Los 26 proyectos impactaron el medio ambiente de las comunidades locales, en algunos casos también contribuyendo significativamente al cambio climático. Se constataron estudios de impacto ambiental inexistentes o secretos.
• 13 de los proyectos violaron derechos a la tierra, territorio y vivienda adecuada; afectando desmedidamente a pobladores indígenas. Siete proyectos se relacionaron con desplazamientos forzados y otras prácticas como restricciones a la libertad de circulación.
• Al menos 12 de los proyectos violaron el derecho a una consulta (y, en su caso, consentimiento) libre, previa e informada de las poblaciones afectadas. En algunos casos, las consultas eran significativamente deficientes, pues se entregó información falsa, poco clara o modificada; en otros se promovieron conflictos entre comunidades afectadas.
• Al menos 10 de los proyectos violaron derechos a la vida, libertad e integridad personal, particularmente a través de la criminalización y asesinato de líderes indígenas, la brutalidad policial contra manifestantes, y acciones de vigilancia e intimidación. Además, trabajadores de las empresas fueron víctimas de accidentes laborales fatales y la alta conflictividad social ha generado conflictos mortales.
• Nueve proyectos vulneraron derechos laborales y de asociación, incluyendo la prohibición y hasta criminalización de la actividad sindical y el incumplimiento de condiciones de trabajo. 

Franco Albarracín, del Centro de Documentación e Información Bolivia, destacó las principales recomendaciones a los actores chinos, entre las cuales:

• Desarrollar y supervisar el cumplimiento de un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que guíe sobre las obligaciones extraterritoriales del Estado chino. Este plan deberá servir para entidades públicas que formulan políticas de cooperación internacional y ejercen procesos de aprobación.
• Exigir que los bancos y las empresas chinas lleven a cabo exámenes de debida diligencia y políticas de transparencia y accesibilidad en la totalidad de sus proyectos.
• Adoptar mecanismos judiciales y extrajudiciales capaces de ordenar reparaciones por los impactos negativos de actividades empresariales chinas, permitiendo a las víctimas denunciar tanto en China como en sus países.
• Establecer un ‘Mecanismo de Quejas’ ubicado en las embajadas chinas, que pueda difundir directrices sociales y ambientales y promover la resolución de conflictos entre las empresas chinas y las víctimas de abusos de derechos humanos.

Fernanda Hopenhaym, del Grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos indicó que, entre el 2018 y 2022 el Grupo de Trabajo ha enviado 16 cartas de alegaciones de abusos de derechos humanos al gobierno chino, de las cuales 13 recibieron respuesta. Dos de estas cartas atendían a casos en Latinoamérica, incluyendo los proyectos mineros Las Bambas en Perú (sin respuesta), y Río Blanco en Ecuador (respuesta en agosto de 2018). 

Jimena Reyes, de la FIDH, destacó el grave impacto ecológico de las actividades empresariales chinas, pues 24 de los proyectos atraviesan áreas delicadas ecológicas. En tal sentido, recomendó la posibilidad de adoptar un tratado vinculante en materia de debida diligencia de las empresas, como el que está discutiendo la Unión Europea; o, como mínimo, incorporar disposiciones de derechos humanos y medio ambiente en los tratados bilaterales de Inversión. 

Josephine Chiname, de la ’Zimbabwe Environmental Law Association’, indicó que los problemas afrontados por Latinoamérica son similares a los problemas enfrentados en Zimbabue. También señaló que en su país, las delegaciones chinas están haciendo un fuerte esfuerzo por pintar con una luz positiva las inversiones chinas, mientras atacan reportajes que muestran el impacto negativo de tales inversiones.

Preocupaciones crecientes llegan a la ONU desde 2018

En 2018, las organizaciones que conforman el CICDHA habían presentado un primer informe en el marco del tercer EPU de China. 

El 22 de marzo de 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC) publicó su ‘Lista de Preguntas’ al gobierno chino, incluyendo preocupaciones sobre mecanismos y medidas para incorporar la debida diligencia en derechos humanos, supervisar el cumplimiento de empresas, y brindar recursos efectivos a víctimas.

Ésta representa la primer etapa del proceso de evaluación periódica por el Comité del cumplimiento por el gobierno de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los nueve tratados fundamentales de derechos humanos, ratificado por China en 2001 en el contexto de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

^[1] El CICDHA es un espacio de articulación de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que busca incidir en la incorporación de mecanismos efectivos de garantía de derechos humanos, transparencia, participación, junto con la sostenibilidad ambiental de las inversiones y el financiamiento de proyectos con actores chinos. Los actuales miembros son Amazon Watch (regional), Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (Ecuador), Brics Policy Center (Brasil), Centro de Documentación e Información Bolivia, Cedib (Bolivia), CooperAcción (Perú), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN (Argentina), Latinoamérica Sustentable, LAS (regional), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA (Chile), Perú Equidad (Perú), Red Muqui (Perú), Sistema de Alerta Temprana (regional) y Sustentarse (Chile). Al informe también aportaron: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, Gedmma (Brasil), Fundación Pachamama (Ecuador), Iniciativa Cuencas Sagradas (Ecuador), Kanan Derechos Humanos (México), Movimiento Ríos Vivos (Colombia), Observatorio de Ecología Política de Venezuela (Venezuela), Yasunidos Cuenca (Ecuador), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el International Service for Human Rights.